Bajo el uniforme, el verdugo: el femicidio en Guayaquil que revive una herida nacional
El crimen de una abogada, presuntamente cometido por su esposo, un policía en servicio activo, vuelve a encender las alertas sobre la violencia machista ejercida por uniformados.
El hecho violento, registrado ayer en el Puente de la Unidad Nacional, no solo paralizó el intenso tráfico entre Samborondón y Durán. También reactivó la alarma sobre la violencia perpetrada por uniformados. La víctima, una joven abogada de la Agencia de Tránsito de Durán, fue interceptada mientras conducía su vehículo.
Su agresor, un policía en servicio activo, protagonizó un desenlace que parece sacado de una película trágica. Tras fallar en su intento de suicidio en la escena del crimen, condujo su automóvil hasta la vivienda familiar, en Pascuales. Allí se quitó la vida después de realizar una llamada final. Ambos eran esposos y estaban a solo dos días de cumplir 13 años de matrimonio.
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Detrás de este hecho no hay solo una familia destruida y un hijo que quedan en la orfandad, sino también una preocupante coincidencia con otros casos registrados en Ecuador en lo que va del siglo. La paradoja resulta brutal: los agresores son, en teoría, hombres formados para proteger la seguridad ciudadana.
Quiénes eran la víctima y el policía señalado como agresor
Ecuador Castro y Sol Arellano se encontraron en las aulas de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde ambos cursaron la carrera de Derecho. Entre los primeros detalles que los unieron apareció uno llamativo: los dos nacieron un 20 de septiembre, aunque él era siete años mayor.
Castro era miembro de tropa de la Policía, pero tenía también aspiraciones académicas. Se graduó como bachiller técnico en electrónica en el colegio El Cenáculo, ubicado en Pascuales, en el norte de Guayaquil, en 2004. Poco después vio en la carrera policial una oportunidad que no desaprovechó. En paralelo, tras recibir el título de abogado, alcanzó en 2023 una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Ecotec.
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Ella obtuvo el bachillerato en el colegio fiscal Dolores Sucre, en la vía a Daule, e inicialmente se interesó por el mundo de la belleza, al punto de titularse como maquilladora. Más tarde ingresó a la Universidad Laica, donde se graduó como abogada. El asesinato ocurrió un lunes. También fue lunes cuando se casaron: el 22 de abril de 2013.
En julio de 2015 nació el hijo de ambos, hoy de 10 años, que queda en la orfandad. Aunque este era su primer hijo varón, Castro ya tenía dos hijas. La mayor, de 17 años, es una destacada atleta y vive en Milagro. La siguiente, de 16, nació en Santa Elena y reside actualmente en los alrededores de la hacienda La Clementina, en Los Ríos.
Desde que se graduó de abogado, las funciones de Castro giraron hacia el ámbito administrativo y legal. Aunque gran parte de su carrera transcurrió en Guayaquil, en los últimos meses su trabajo lo había llevado a El Carmen, en Manabí. Desde allá llegó a Guayaquil, donde presuntamente ejecutó el femicidio.
Casos de femicidio en Ecuador con uniformados involucrados
Detrás de este nuevo crimen aparecen patrones de muerte que el uniforme no ha logrado ocultar. El uso del arma de dotación estatal y la utilización de vehículos como parte de la escena se repiten en varios casos.
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Ocurrió, por ejemplo, el 3 de mayo de 2023 en Quito, con Katherine Fernanda. Su pareja, un policía, le disparó dentro de su automóvil. Jonathan Rodolfo, el uniformado procesado por ese crimen, fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión como autor directo del femicidio.
María Belén Bernal, Aidita Ati y otras heridas abiertas
El perfil profesional de la víctima también se repite y remite de forma inevitable al caso emblemático de María Belén Bernal, asesinada en 2022 por el teniente Germán Cáceres dentro de la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí, al norte de Quito. Ambos hechos dejan una evidencia incómoda: ni siquiera el conocimiento de las leyes garantiza protección frente a la violencia extrema cuando falla el control institucional y emocional sobre los agresores.
Pero no se trata de un problema exclusivo de la Policía. También en las Fuerzas Armadas han ocurrido casos de violencia letal contra mujeres. El más mediático fue el de la subteniente Aidita Ati. En junio de 2024 fue hallada muerta en su dormitorio, con signos de estrangulamiento y abuso. El caso terminó cerrándose sin sentenciados, en medio de informes contradictorios.
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También en junio, pero de 2018, en el centro de Guayaquil, un disparo apagó la vida de Judith Garzón mientras estaba junto a su hija de tres años. El presunto autor fue un miembro de la Armada del Ecuador.
La violencia machista dentro de las instituciones armadas
Cada uno de estos casos deja la misma pregunta suspendida en el aire: ¿qué ocurre cuando quienes deberían proteger terminan convirtiéndose en amenaza?
El femicidio ocurrido en Guayaquil vuelve a mostrar que el uniforme no siempre contiene la violencia, y que el poder que otorgan un arma, una placa o una institución puede terminar agravando el riesgo para las víctimas.