¿Quién manda en las cárceles de Ecuador? Hasta respirar tiene un precio tras las rejas
Informe revelado en exclusiva por Vistazo muestra cuánto cuesta vivir en la cárcel. Una pastilla de Paracetamol cuesta hasta USD 5. Un colchón: USD 200. Un celular: USD 1.500 y un rifle hasta USD 15.000. Es un negocio redondo a vista y paciencia de las autoridades.
Desde el momento en que una persona entra en una cárcel ecuatoriana, debe pagar un precio. El ‘enganche’ para ser trasladado a un pabellón menos violento en la prisión puede bordear los USD 1.500. Ingresar un colchón puede costar unos USD 200. Acceder a la unidad de salud, USD 10. Una simple pastilla de Paracetamol puede bordear entre USD 3 y 5.
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Todo tiene un precio en las cárceles. Es uno de los hallazgos del informe “Captura carcelaria. La gobernanza criminal en el sistema penitenciario del Ecuador”, que el investigador ecuatoriano Renato Rivera Rohn presenta hoy, con el aval de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC por sus siglas en inglés.
La conclusión es demoledora. “La gobernanza criminal y el aumento de la violencia en Ecuador se sostienen por el poder que los grupos criminales han adquirido dentro de las cárceles”.
Más aún, la crisis penitenciaria ha demostrado que “la violencia en las cárceles es ‘un negocio’, facilitado por la autoridad que las pandillas ejercen para regular las transacciones económicas y el orden social en estos entornos”, según cita el documento.
Las cárceles como centro de acumulación económica de las bandas
Uno de los pilares de la gobernanza criminal penitenciaria tiene que ver con el sistema financiero informal, denominado ‘bazares’, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación.
De hecho, cada transacción entre las personas privadas de la libertad y sus familiares es sujeto a una comisión, equivalente al diez por ciento del valor total. Y este monto alimenta la economía del grupo criminal predominante en la cárcel.
Según este hallazgo, la falta de control del Estado ha permitido que “las cárceles se conviertan en espacios de acumulación económica para las organizaciones criminales”. Los centros penitenciarios manejan cantidades importantes de dinero, cita el estudio. Los montos dependen del tamaño del establecimiento y del grado de control interno en cada prisión.
Teléfonos celulares desde USD 500 a 1.500
Uno de los rubros más costosos y que mayores ganancias genera a la red delictiva que controla la cárcel es el uso de celulares.
Los valores varían según el tipo de dispositivo y el nivel de control estatal: entre USD 500 y dólares por teléfono en cárceles comunes y hasta USD 1.500 en prisiones bajo control militar.
Más recientemente, se sustituyeron las ventas con alquileres semanales, “con costos que van desde los USD 7 hasta los 17 , con recargas incluidas”.
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Las llamadas telefónicas están vinculadas a esquemas de extorsión. En muchos casos, los líderes prestan los teléfonos a presos para que se comuniquen con sus familias. A continuación, guardan esos números y luego los para extorsionarlos. “Incluso les envían videos de agresiones con el fin de exigir el pago”, de acuerdo con un agente de inteligencia consultado para la investigación.
De ahí que no es exagerado asegurar que los pagos a cambio de protección son una de las principales fuentes de ingresos para los grupos criminales tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Antes de las masacres en las cárceles, las familias pagaban alrededor de 150 por protección. Sin embargo, las tasas aumentaron a 400. En 2025, alcanzaron un máximo de USD 1.500 en el complejo penitenciario Guayas.
El ingreso de armas y drogas también tiene su precio
La adquisición de armas y municiones es otro pilar de la gobernanza criminal penitenciaria. El pago para ingresar un revólver a la cárcel es aproximadamente USD 4.000. Para llevar un rifle se deben pagar USD 15.000: cada cartucho cuesta alrededor de USD 5.
Pero es fundamental el mercado de drogas ilícitas, ya que constituye una de las economías más rentables dentro de las cárceles, según esta investigación.
“Las principales sustancias comercializadas son la pasta base de cocaína, marihuana y el clorhidrato de cocaína, además de la «H», una mezcla de heroína y otras sustancias tóxicas como la ketamina, que es prevalente en Guayaquil”.
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Los precios varían, de acuerdo con las fuentes que consultó el estudio: una dosis de pasta base cuesta entre USD 5 y 10, una de «H» entre USD 5 y 8; la marihuana entre USD 10 y 20. La cocaína entre USD 40 y 60, “destinada principalmente a líderes y a personas privadas de libertad con mayor poder adquisitivo”.
“Cada transacción se documenta y se informa jerárquicamente a los líderes de la cárcel y, posteriormente, a las estructuras criminales externas que abastecen las drogas. El funcionamiento de estos mercados ilícitos no sería posible sin la complicidad de los agentes estatales”.
Esto no es lo más grave. Las fuentes consultadas estiman que entre el 20 y el 30 por ciento del valor de las transacciones ilícitas “se destina a los guías penitenciarios, policías, personal militar y directores de las cárceles que participan por interés propio, coerción o amenazas, integrándose así en la cadena de valor de las economías criminales basadas en las cárceles”.
El documento menciona que todo este engranaje no funcionaría sin apoyo de funcionarios estatales, sean civiles o uniformados.
Y toda esta presión económica se ejerce contra las mujeres. De hecho, madres, esposas, parejas, hermanas, son quienes asumen los costos financieros de los hombres privados de la libertad.
En definitiva, “la economía criminal atraviesa todos los ámbitos de la vida en la cárcel”.