Familias de los cuatro de Las Malvinas tras un año del crimen: 'Queremos saber la verdad y que se haga justicia'
Organizaciones sociales aseguran que el caso expuso la fragilidad extrema con la que viven miles de niños, niñas adolescentes en el Ecuador.
“Queremos saber la verdad, que se haga justicia y que sea lo que Dios quiera”, dicen las familias de los cuatro menores de edad de Las Malvinas, víctimas de desaparición forzada, tras un año del crimen.
Las familias y varias organizaciones sociales que los apoyan dieron una rueda de prensa este lunes, 8 de diciembre, debido al primer aniversario del caso que ha conmocionado a todo el Ecuador.
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Un día como hoy, Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina salieron de su casa para jugar fútbol, pero fueron detenidos por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil.
Esto luego de que los uniformados, según sus versiones, recibieron una alerta de que estaban supuestamente robando. Un dato que se ha diluido en el transcurso del juicio, ya que la Fiscalía no ha encontrado elementos del presunto acto ilícito que habrían cometido los menores.
Agregó que el hecho de que vivan en barrios pobres “no quiere decir que somos delincuentes, en nuestro barrio hay harta gente buena con futuro para seguir adelante, pero lo que no hay es apoyo del Gobierno”.
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A LAS PUERTAS DE UNA SENTENCIA
Las declaraciones se dan en medio de un contexto en el que la Fiscalía pidió 34 años de cárcel para algunos de los 17 militares implicados en el delito de desaparición forzada luego de casi un mes de juicio, en el que se conoció las múltiples agresiones que recibieron las víctimas por parte de los soldados.
Las patrullas abandonaron a los cuatro menores “sanos y salvos” en un camino rural de Taura, en el cantón Naranjal, según dijeron los implicados en su primera versión. Sin embargo, cuatro sospechosos cooperaron con la justicia y revelaron una cadena de violencia que incluyó golpes, insultos, correazos y la obligación de desnudarse. Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados calcinados y sin órganos.
Sobre el proceso judicial, que está a punto de terminar, Katty Bustos, madre de Josué e Ismael Arroyo, pidió justicia, pero puntualizó que “hagan lo que hagan no me van a devolver la vida de mis hijos”.
Mientras tanto, Johana Arboleda, madre de Nehemías Arboleda, pido que haya una sentencia ejemplar para que no se vuelvan a repetir casos similares.
CASO EXPUSO FRAGILIDAD EXTREMA
Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), calificó el caso Malvinas como un “crimen de estado”, que no puede normalizarse ni diluirse en este amplio espectro de la violencia criminal que atraviesa el país.
El Cepam apoyó a las familias de los cuatro chicos con acompañamiento terapéutico, en el que se pudo evidenciar un “trauma social y político”. “Las madres viven con miedo permanente, con la sensación de que el Estado, que debía protegerlas, se convirtió en una amenaza para sus hijos”.
El atroz crimen fracturó los proyectos de vida de las familias y afectó su salud tanto física como mental, así como su estabilidad económica y la confianza con las instituciones.
Agregó que el caso “expuso la fragilidad extrema en la que viven miles de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador”.
“Evidenció también que la violencia estatal se suma a la violencia criminal transformando barrios enteros en territorios donde no existe garantía de derechos y dejó claro que el discurso de mano dura ha legitimado prácticas que ponen en riesgo a los que más necesitan protección”.
Por su parte, Willy Navarrete, director ejecutivo del CDH, dijo que esperan una resolución favorable para las víctimas hasta antes de que se termine el año, pero recalcó que existe una segunda investigación por secuestro con resultados de muerte, en la que se terminará lo que sucedió después de que los menores fueron abandonados en Tuara.
Además, indicó que el caso Malvinas no es un hecho aislado, sino que se han registrado 33 casos de personas desaparecidas por patrullas militares desde el 2024.