‘Comenzamos con los más peligrosos’: Gobierno continúa con traslado de presos a la nueva Cárcel del Encuentro
Reimberg confirmó que han sido trasladados todos quienes se encontraban en la cárcel de máxima seguridad La Roca.
“Comenzamos con los más peligrosos”, señaló el ministro del Interior, Jhon Reimberg, al referirse al operativo de traslado de personas privadas de la libertad (PPL) hacia la nueva Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
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El proceso comenzó ayer, lunes 10 de noviembre, con el envío de los primeros reclusos desde distintos centros penitenciarios del país, y continúa desde la madrugada de este martes 11 bajo estrictas medidas de seguridad.
Reimberg confirmó que han sido trasladados todos quienes se encontraban en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, entre ellos el exvicepresidente de la República, Jorge Glas. En ese centro, explicó, se realizarán trabajos de adecuación e infraestructura.
Durante la madrugada, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) cerraron parcialmente la vía a Daule, a la altura del complejo penitenciario de Guayaquil, para permitir el desplazamiento de los reclusos hacia el nuevo centro.
El ministro indicó que se desplegaron varios anillos de seguridad para custodiar la operación. Además, el espacio aéreo en los alrededores de la cárcel permanece cerrado como medida preventiva. Reimberg informó sobre la incautación de cuatro drones que habrían sobrevolado la zona sin autorización.
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La nueva cárcel tiene capacidad para 800 presos
Según ha detallado el ministro Reimberg, la prisión cuenta con "todas las medidas tecnológicas" para que "no pueda ingresar ningún artefacto ajeno a lo que debe existir dentro de este centro carcelario", además de disponer de "todo lo necesario para la atención médica" y así evitar que los presos tengan que salir hacia hospitales.
Este centro penitenciario, construido con una inversión de 52 millones de dólares, tiene capacidad para albergar a 800 reclusos.
Se prevé, también, que el Gobierno contrate a policías y a militares retirados para que se encarguen de su seguridad, en lugar de los agentes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).