Prisión preventiva para policía que habría exigido dinero para no retener una moto en Santo Domingo
El servidor policial habría recibido 14 dólares en efectivo y 24 dólares mediante transferencia bancaria.
Un policía recibió prisión preventiva por el delito de concusión, ya que habría exigido dinero para evitar la retención de una motocicleta en Santo Domingo. Videos de cámaras de seguridad y sus compañeros lo delataron.
El acto de corrupción ocurrió el 10 de julio, cuando una mujer conducía una motocicleta sin la documentación necesaria para su circulación.
Al percatarse de la presencia policial, hizo una maniobra evasiva e ingresó a un centro de tolerancia. El policía, Javier M., la siguió y, al solicitarle los papeles (licencia de conducir y matrícula), ella admitió no portarlos.
Según el reporte de la Fiscalía, el servidor policial le habría exigido una suma de dinero para evitar la retención del vehículo y la mujer accedió a entregar 14 dólares en efectivo más 24 dólares mediante transferencia bancaria a la cuenta de un tercero, referida por el agente.
Los propios compañeros del infractor habrían tenido conocimiento del hecho y procedieron a aprehenderlo en acto flagrante.
Además, el presunto crimen quedó registrado en las cámaras de video de un inmueble cercano, cuyas grabaciones se encuentran en cadena de custodia para las pericias correspondientes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Posteriormente, se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, en la que el fiscal de turno expuso el parte policial, la versión de la perjudicada, copia de la transferencia bancaria, el informe del reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, entre otros.
Con base en los elementos de convicción, el Juez de Flagrancia que conoció la causa dictó orden de prisión preventiva contra Javier M., por su presunta autoría directa en el delito de concusión. Mientras que la instrucción fiscal durará treinta días.
El delito de concusión, tipificado en el artículo 281, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.