'La Ley de Áreas Protegidas debe iniciar un debate nacional', dice Sebastián Valdivieso, de WCS

La Ley de Áreas Protegidas enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea genera debate. Propone mecanismos de gestión que incorporan al sector privado. ¿Es esto positivo? Sebastián Valdivieso, director de WCS (Wildlife Conservation Society), explica a Vistazo las razones por las cuales debe discutirse el tema en forma urgente en el país.

La tarde de este sábado 28 de junio de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea sesionará para dar conocimiento y aprobación de este proyecto de ley que luego debe pasar al Pleno Legislativo.

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¿Cómo llega esta propuesta de ley?

Ecuador cuenta con un sistema que gestiona las áreas protegidas, conocido como SNAP, establecido en 1976, que no tenía un ente rector ni un financiamiento. Y hasta ahora, el país no tiene un servicio nacional forestal ni un servicio de áreas protegidas. El Ministerio de Ambiente con sus limitaciones técnicas y financieras maneja el 20 por ciento del territorio que es patrimonio natural, que representan las 78 áreas protegidas, con distintas categorías de conservación. Una oficina técnica del Ministerio realiza la gestión.

El hecho de que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas maneje el 20 por ciento del territorio nacional implica que se necesitan muchos recursos para cumplir con una gestión efectiva de conservación de esas áreas. El presupuesto bordea los 20 millones de dólares. Pero las estimaciones indican que se necesitan entre 70 y 110 millones de dólares para arrancar con un proceso de gestión adecuada de las áreas protegidas en el Ecuador.

En este sentido, parece positivo que se discuta una Ley de Áreas Protegidas. ¿Es así?

El hecho de que se discuta desde una perspectiva política la necesidad de fortalecer el sistema de áreas protegidas para nosotros es una buena noticia. Luego, hay que ver el contenido de la ley. Aborda temas que hay que discutirlos en la mesa, como la seguridad. Pero hay otros que generan incertidumbre en la ciudadanía y el sector ambiental. En los artículos 4 y 5 no están claros cuáles son los mecanismos de administración o cuáles serían los acuerdos y contratos para la gestión de áreas protegidas con la participación del sector privado. Ahí creemos que hay una oportunidad para mejorar la propuesta de ley sustancialmente. Debe empezar un gran debate nacional

¿Esta propuesta de texto fue elaborada a partir de la discusión con actores de la sociedad?

Ha habido conversaciones con el Ministerio de Ambiente, probablemente esto haya sido un insumo para la ley, pero no recoge todas las expectativas del sector ambiental ni de las organizaciones indígenas. Dentro de ese 20 por ciento de territorio que corresponde a las áreas protegidas hay un traslape con comunidades indígenas. Gente que vive alrededor de esas áreas pertenece a pueblos y nacionalidades. Hay la necesidad de que ahora que está en la Asamblea el proyecto de ley se invite a organizaciones, representantes de la sociedad civil a aportar con lo que ha sido una gran conversación que ya lleva un par de décadas frente al tema de las áreas protegidas.

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¿Cuáles son los puntos mínimos que debe incluir la ley?

Un punto mínimo es que se establezca una institucionalidad fuerte y responsable de las áreas protegidas, que nosotros identificamos como el servicio nacional de áreas protegidas. Que sea una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, pero con autonomía administrativa, operativa y financiera. Es decir, que salga de esa oficina actual y sea una institución con recursos humanos y tecnológicos para que haga una gestión eficiente de ese 20 por ciento del territorio nacional que es área protegida. Luego, establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera para esta institución.

Pensamos que se podría activar el Fondo Nacional de Gestión Ambiental que consta ya en el Código Orgánico de Ambiente, en el artículo 21. Conjuntamente deberían estructurarse al menos dos fideicomisos, uno público y otro privado. El primero para gestionar las asignaciones presupuestarias y los ingresos por tasas y patentes. La clave del fideicomiso público es que las asignaciones no vayan a la cuenta única del tesoro, porque de ahí no regresan sino solo en parte. El otro fideicomiso privado puede jugar un rol importante para manejar recursos en la fase de transición, hablamos de fondos extinguibles entregados por varios donantes. Se extinguen a medida que empiezan a funcionar los mecanismos nacionales, por ejemplo, la tasa de ingreso a áreas protegidas. Esta tasa se retiró hace años y esto causó desfinanciamiento, hay que reinstaurarla.

¿Por ahora estos puntos no están incluidos en el texto legal?

No, pero la discusión está presente y hay un consenso entre los actores de que son los puntos mínimos que deberían incluirse en el documento legal. Otro punto debería ser el fortalecimiento del control por parte de Policía y Fuerzas Armadas en las áreas protegidas. Se han transformado en refugios de grupos de delincuencia organizada. El Parque Nacional Machalilla es un caso. Hay denuncias sobre amenazas de muerte, de extorsiones a quienes trabajan en áreas protegidas. Este trabajo de seguridad en áreas protegidas debe ser permanente, no esporádico. Y finalmente, la nueva ley no puede perder de vista el enfoque a las comunidades indígenas. Un caso icónico es el Yasuní. El pueblo waorani recibió 700 mil hectáreas, pero tienen expectativas de recuperación de esos territorios.

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En Yasuní son dos millones de hectáreas, se adjudicó menos de la tercera parte.

Sí, es apenas una parte.

Una política pública de áreas protegidas no puede perder de vista los derechos colectivos. ¿El caso del pueblo waorani es el que más les preocupa?

Sí, para nuestra organización es materia de preocupación ya que llevamos 25 años trabajando en esos territorios. Pero hay otro caso, el de la reserva de producción faunística Cuyabeno. Hay un reclamo por la devolución de la territorialidad a la nacionalidad Siekopai. Cuando hubo el conflicto en 1941 se pidió a la nacionalidad Siekopai retirarse a ambos lados de la frontera. No volvieron. Otros pueblos tomaron control del territorio. Terminó el conflicto y hubo la necesidad de reagrupación. Hay una orden de restitución de los derechos colectivos.

¿Ustedes comparten con quienes alertan que el gobierno lanza esta ley para ahondar el extractivismo?

Nuestro país, desde siempre, tiene una política de extracción de recursos naturales no renovables. Una crítica que a título personal hago es que la Constitución de 2008 fue tramposa. Dice que se prohíbe la extracción en las áreas protegidas, pero en letra más pequeña, más abajo, aclara que a menos que se decida lo contrario, a través de la declaratoria de interés nacional. Entran en conflicto dos intereses, la conservación del patrimonio natural y la necesidad de llevar recursos frescos de una actividad como explotación del petróleo, en donde esté. Y la zona intangible Tagaeri y Taromenani nos protege, de algún modo, hasta ahora. Ecuador tiene un ADN extractivista que no hemos podido controlar.

El boom petrolero ya pasó, ahora vemos la actividad minera que no siempre es legal, por los vacíos de la institucionalidad pública. ¿Es así?

Hay que buscar un modelo económico alternativo. No se ha conversado de esto de manera seria. Nadie quiere ponerse en la mitad del ruedo para conversar, porque tiene miedo de ponerse como foco de crítica de uno y otro lado. Hace falta una conversación seria y madura. Si decidimos no usar el petróleo bajo el Yasuní, el artículo 74 de la Constitución limita el aprovechamiento económico de los servicios ambientales, como mecanismos de mercado. Hay, yo creo, hay un gran error. El tema no es decirle no al aprovechamiento, sino buscar mecanismos éticos, herramientas que reflejen una conservación efectiva del patrimonio y que impliquen la llegada de recursos para quienes cuidan ese patrimonio. Estas son las grandes discusiones que se deben realizar, en este contexto de la ley. Considero que la promesa del turismo no va a resolver todo. En el río Napo hay tres o cuatro iniciativas de este tipo, son pocos beneficiarios. Este puede ser el momento para iniciar la discusión.