Crisis en Petroecuador: los 'cuatro 'pecados capitales' que conducen la empresa hacia el abismo
En los últimos diez años, la producción petrolera del Ecuador ha caído de 533.000 barriles diarios en 2014 a apenas 445.000 barriles diarios en marzo último: 88.000 barriles menos por día que equivalen a una disminución del 17%.
Si se hace un cálculo rápido y se multiplica esos 88.000 barriles por un precio de 61 dólares por barril -promedio de marzo a la baja-, se llega a la conclusión de que el país perdió solo en el tercer mes de este 2025 más de 5 millones de dólares diarios debido a la incapacidad de, al menos, sostener su producción.
Cuatro expertos consultados coinciden en que la gran explicación al crítico estado del sector petrolero es la falta de una planificación estratégica a largo plazo, que sea resultado de una política de Estado y no de las propuestas o ideologías de cada gobierno.
De la ausencia de planificación, añaden, se derivan cuatro ‘pecados capitales’ cometidos por años y que agudizan la crisis de una actividad que genera el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, es decir de toda la riqueza que anualmente produce el país.
La Constitución del 2008 determinó que el petrolero es uno de los sectores estratégicos del país y que, por tanto, el “Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar”. El resultado de esta visión, sostiene el analista Alberto Acosta, “es que todo el peso de la inversión recae en un monopolio estatal y que la inversión privada se transforma en una excepción”.
El resultado es evidente, recalca: “en 2007, la mitad de la producción petrolera era manejada por empresas privadas y la otra mitad por el Estado; en la actualidad, el 80% de la producción es pública, pero producimos 100 mil barriles por día menos que hace una década”.
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Es imposible que un Estado, al que cada año le hacen falta millones de dólares, asuma todas las inversiones necesarias para desarrollar el sector petrolero; “siempre han sido insuficientes”, afirma el consultor Héctor Paz y Miño.
Y pone un ejemplo. “Cuando el bloque 16 y 67 (Tivacuno) se revirtió indebidamente al Estado, en enero del 2023, se acordó que habría una nueva licitación en tres meses; la empresa privada entregó el bloque con una producción diaria de casi 15.000 barriles. A los 30 días de haberse revertido bajó a 7.000 y ahora se encuentra en 10.000 barriles”. El privado hizo una oferta para invertir 300 millones de dólares en dos años y elevar a 25.000 barriles la producción diaria; el Estado la rechazó y, hasta el momento, no hay esa nueva licitación.
“La reforma contractual del 2010, que reemplazó los contratos de participación por contratos de prestación de servicios con tarifas fijas, desincentivó la inversión privada, paralizó la exploración y trasladó la carga financiera de la instalación de nuevos pozos al Estado”, afirma Nelson Baldeón, consultor energético.
El ‘pecado capital’ ha pasado factura: “la participación privada se redujo al 20% y se sobrecargó a Petroecuador”, que carece de los recursos para, por ejemplo, en lo más básico, invertir en tecnología de ‘recuperación mejorada’ en los campos que ya están en producción y así detener el descenso natural de la producción.
“La última ronda o esfuerzo exploratorio se hizo hace 20 años, cuando se desarrolló una parte de lo que es el bloque 43 ITT”, señala el analista Miguel Robalino. Desde el 2012, cuando fue anunciada por primera vez, la Ronda Suroriente -para exploración en esa zona del país- no ha tenido éxito.
Sin nuevas reservas, añade, el país va reduciendo sus reservas probadas sin posibilidad de reponerlas.
“Al ritmo actual, solo hay petróleo para 12 años más”, indica Nelson Baldeón. Para el experto, “el camino correcto es retornar al modelo de participación, que garantiza entre 70% y 80% de renta neta para el país” y genera incentivo para la inversión privada.
La Ley de Empresas Públicas, aprobada en el gobierno de Rafael Correa, creó reglas diferentes para las estatales. “No están obligadas a tener balances auditados, no tienen que pagar Impuesto a la Renta ni participación de trabajadores; son reglas que permiten esconder ineficiencias, malos manejos y corrupción”, explica Alberto Acosta.
Petroecuador, parte del grupo de empresas públicas, “no rinde cuentas a nadie”. La auditoría de los balances de la petrolera desde el 2019 es un objetivo, puesto como exigencia del FMI, que no se concreta; “se llegaron a revisar los balances de 2019, 2020 y 2021 -dice el analista-, pero ningún gerente ha querido firmar la recepción de las auditorías porque supondría que acepta los malos manejos”.
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Para los consultados, el cambio indispensable es la transformación de Petroecuador en sociedad anónima, obligada a cotizar en bolsa de valores para medir su desempeño a través del valor de sus acciones.
En estas condiciones, Petroecuador “es botín de grupos de interés de todo tipo”, dice Acosta; la dificultad de ejecutar cambios dentro de la estatal deriva en la inestabilidad de sus gerentes. Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa asumió la Presidencia, siete funcionarios de este rango han pasado por la petrolera: uno cada 2,5 meses.
Las últimas cifras de Petroecuador solo confirman otro problema: de enero a abril de este año, la producción de derivados o combustibles decreció en 11% comparada con el mismo periodo del año anterior; mientras el consumo nacional de derivados se elevó en casi un 3%.
Para cubrir la falta de combustibles propios, el país importó durante los cuatro primeros meses de este año un total de 23 millones de barriles (diésel, naftas y gas licuado de petróleo), casi 12% más que lo importado en el 2024. Y lo más grave: lo importado supera en un 6% lo que se produjo en el país para abastecer la demanda.
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“Una política petrolera con visión de 30 años, que es lo correcto, debe tener como base la autosuficiencia energética”, sostiene el analista Miguel Robalino. Ecuador ha carecido de ello dejando de lado la importancia de industrializar su propio petróleo.
El costo es enorme: mientras el país recibe 61 dólares en promedio por cada barril de petróleo –sin industrializar-, paga entre 90 y 100 dólares por cada barril de nafta de alto octanaje que importa para abastecer de combustible al mercado.
Desde Petroecuador, dice Alberto Acosta, “se ha bloqueado -mientras tanto- el desarrollo del gas natural: un combustible muchísimo más barato que el diésel y no subsidiado”. El Campo Amistad, a 55 kilómetros de Puerto Bolívar, ”fue estatizado en el gobierno de Correa y su producción ha caído desde entonces en un 63%".