China condena a pena de muerte a Tang Renjian, exministro acusado de corrupción
Tang Renjian, exministro de Agricultura chino, recibió la pena de muerte con suspensión de dos años por un caso de sobornos millonarios. La condena marca uno de los juicios anticorrupción más severos de los últimos años en China.
En un caso que ha generado gran repercusión internacional, el Gobierno de China condenó a muerte al exministro Tang Renjian tras encontrarlo culpable de sobornos millonarios y abuso de poder en distintas funciones públicas.
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Según informaron medios oficiales chinos, el exfuncionario habría recibido más de 38 millones de dólares en efectivo y bienes a cambio de favorecer a empresarios y actores políticos, consolidándose como uno de los procesos anticorrupción más contundentes del país en los últimos años.
¿Quién es Tang Renjian y por qué fue procesado?
Tang Renjian se desempeñó en cargos de alto nivel dentro de la administración pública china, incluidos ministerios estratégicos.
Durante su gestión, según los fiscales, utilizó su posición para otorgar contratos, concesiones y beneficios ilegales a cambio de sobornos.
Las investigaciones oficiales documentaron transferencias millonarias y la entrega de propiedades y regalos de alto valor.
El caso fue llevado ante un tribunal popular intermedio que encontró suficientes pruebas para condenarlo.
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Este proceso se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, que ha derivado en la destitución y procesamiento de cientos de altos cargos.
¿Cuándo se ejecutaría la pena y cómo se aplicaría según la ley china?
Según informació extraída de Reuters, Tang Renjian fue sentenciado a pena de muerte con suspensión de dos años, una figura prevista en la Ley Penal de China.
Esto significa que la ejecución no es inmediata, es decir, el condenado permanece en prisión durante ese plazo y, si no comete delitos graves ni reincide, la pena se conmuta automáticamente a cadena perpetua.
En cambio, si durante el periodo de suspensión incurre en nuevos delitos intencionales, el Tribunal Supremo puede autorizar la ejecución.
Para las penas de muerte sin suspensión, la ley establece que la ejecución debe realizarse en un máximo de siete días tras la aprobación judicial.