Violencia sexual infantil en Ecuador: familiares agresores y negligencias judiciales
El lugar más seguro para un niño debería ser su hogar. Pero no fue así para Emili (nombre protegido), de apenas tres años de vida. Hace tres meses fue víctima de una agresión sexual por quien se supone, debía cuidarla y darle amor, su tío político. Un hombre de 61 años, que debido a la negligencia judicial del Estado, sigue libre, como si nada hubiera pasado.
Hoy esta pequeña es parte de la lamentable estadística de abusos y agresiones sexuales contra menores en Ecuador. La cruda realidad para este país, es que la mayoría de estos delitos son cometidos en el entorno familiar, por parientes o personas "de confianza".
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Era un 5 de abril del 2022. Andrea arreglaba la casa como de costumbre, mientras su hija jugaba en el patio, compartido por tres familias en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. La madre nunca imaginó que, en el sitio que creía más seguro para su familia, su hija sería violentada.
Andrea se dio cuenta de que Emili estaba pálida, lloraba. Su tío político argumentó que la niña se había caído.
“Ese día mi hija presentó actitudes raras, no quería que nadie la toque y por lo general ella es muy cariñosa. También, se hizo en los pantalones, lo que nos llamó mucho la atención”, cuenta Andrea.
En la noche seguía con los mismos síntomas y no podía dormir. Tenía constantes pesadillas. La madre sabía que algo extraño le había pasado, pero no sabía qué. Al siguiente día, cuando estaban a punto de ir al médico, Emili reveló que fue abusada. “Se inclinó y me señaló con el dedo”.
Al revisar la parte posterior de su hija, Andrea se quedó asustada y lloró. Después, buscó al agresor en su casa, pero ya no estaba. Con quienes sí habló fue con los familiares directos del señor.
“Todos dijeron que era mentira, que no, que eso es mal aseo. Me decepcioné tanto de que ellos quieran encubrirlo”.
Las desilusiones continuaron cuando acudió a la Fiscalía, donde primero solicitaron la valoración médica para receptar la denuncia. Además, afirma que en el documento acusatorio pusieron palabras que no dijo. “Sentía que había irregularidades”.
Emili fue revictimiazada por agentes de la Fiscalía. Después del hecho recibió terapia psicológica, pero casi un mes después la obligaron a rendir versión. Es decir que todo el trabajo de contención que habían realizado con ella se fue a la basura, tuvo que a sus tres años revivir una historia de terror.
Según el abogado de la víctima, Julio Farachio, este tipo de delitos de carácter sexual deben tratarse de inmediato. Pero el fiscal titular estaba de vacaciones. Hasta el momento el caso sigue en investigación previa y no hay medidas contra el acusado.
“El informe médico corrobora que el delito ocurrió. Lo que necesito es continuar con las investigaciones, formular cargos y que se lleve a cabo un proceso transparente para que el caso no quede impune y sentar un precedente”, indica el jurista.
Mientras el agresor sigue libre y la familia intenta encubrirlo, Emili vive momentos difíciles. Se asusta cada vez que ve a un hombre mayor, le cuesta relacionarse con otros niños y tiene pesadillas casi todas las noches.
Andrea teme que todo lo ocurrido afecte la interacción de Emilicon otros niños, pues está a punto de ingresar a educación inicial.
“Quiero justicia, que el señor que le hizo daño a mi hija vaya preso y que no esté como si nada. Si él queda libre puede hacerle daño a más niños”.
PUERTAS ADENTRO
Las agresiones sexuales hacia niños ocurren generalmente en el hogar de la víctima o del atacante. Quienes abusan con frecuencia están en su entorno más cercano: domicilio, escuela, clubes deportivos o centros religiosos.
Según datos de Fiscalía, de enero de 2019 a marzo del 2022, se han registrado 23.885 casos de violación y abuso sexual hacia menores. La mayoría han sido cometidos por personas sin identificar, pero el segundo porcentaje más alto de agresores son parientes de la víctima. Le siguen en la estadística personas conocidas por el círculo familiar.
Sybel Martínez, miembro de la Alianza de la Niñez y la Adolescencia, señala que las víctimas de abuso sufren un periplo de indefensión. Por lo general, los agresores les dicen que si hablan nadie les creerá y cuando los menores reportan el abuso, surge una posición familiar que niega lo sucedido.
“Eso les hace mucho más poderosos a los acusados. Los niños se vuelven más indefensos y no volverán a hablar nunca más. Entonces, hay una nueva brutal agresión del adulto no ofensor que lo protege”.
Por su parte, Paola Andrade, directora ejecutiva de 'Ecuador dice No Más', explica que algunas familias tienden a negar estos actos porque “se pone el bienestar de la institución por encima de las víctimas”. A esto se suma los tabúes alrededor de la sexualidad: “No nos han educado sabiendo el nombre de las partes íntimas, ni los límites, menos sabiendo que nadie puede tocarnos”.
CASO AZULITO
Pero la cadena de indefensión no queda ahí, la justicia tampoco parecería responder de manera inmediata. Datos proporcionados por Fiscalía revelan que la mayoría de casos de abusos y violación hacia menores desde el 2019 a marzo del 2022 siguen en investigación previa o se archivaron. Tan solo 868 recibieron sentencia condenatoria.
Un ejemplo es el Caso Azulito. Un niño con Asperger (trastorno del espectro autista), fue agredido sexualmente por su padre y ahora es víctima de la justicia inoperante. Han transcurrido tres años de investigación, pero a pesar de todos los elementos de convicción, la Fiscalía sigue poniendo trabas para la formulación de cargos.
Desde mayo del 2019, cuando se interpuso la denuncia, se ha cambiado tres veces de fiscal. El primero ignoró la solicitud de formulación de cargos, por lo que la defensa presentó una queja y fue removido. En enero del 2021, llegó otra funcionaria quien dijo desconocer temas de género. Meses después, asumió el caso una nueva fiscal, quien tampoco ha querido formular cargos.
“Se mantuvo una reunión en la Fiscalía General del Estado, a fin de conocer la razón de la demora en el proceso. La respuesta de las autoridades es indignante, la fiscal a cargo afirmó que sí hay elementos, razón por la cual no va a archivar el caso. Entonces, nosotros nos cuestionamos: ¿Por qué no se formulan cargos?”, mencionó la abogada del caso, Lissette Pardo Jijón.
Agrega que se han presentado más de 40 elementos de convicción que determinan la responsabilidad del delito perpetrado por el padre del niño. El expediente tiene cerca de 900 hojas, en las que constan informes médicos y jurídicos, pero el proceso no avanza.
El agresor sigue su vida como si nada hubiera sucedido. En cambio, el niño a su corta edad ha sido sometido a procesos largos y dolorosos que le han revivido los momentos en los que su padre, quien tenía la obligación de cuidarlo y protegerlo, lo vulneró física y emocionalmente.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, los niños que sufren de algún tipo de discapacidad intelectual son los más vulnerables, pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor a otros niños sin discapacidad.
DEUDAS POR SALDAR
“No basta que Fiscalía tenga un rótulo que diga: Fiscalía especializada en género, si quien dirige ese despacho no conoce o no tiene experticia”, señala Lissette Pardo. Considera necesario que existan operadores de justicia especializados en violencia infantil para que los menores no pasen por procesos altamente revictimizantes.
A nivel social, tanto las instituciones educativas como el hogar parecen no ser lugares tan seguros como se cree, dice Sybel Martínez.
“Debemos repensar el modelo de crianza, la familia tiene que ser un lugar seguro, actualmente muchos niños viven a merced de sus agresores".
Por su parte, Paola Andrade, de la campaña 'Ecuador dice No Más', habla de un estado de indefensión porque a esta realidad se suman otras afectaciones, como la desnutrición, la delincuencia y el acceso a la educación.
Las expertas coinciden que hay muchos derechos vulnerados en la población infantil, por lo que se requieren políticas a mediano y largo plazo en coordinación de todos los actores estatales. Mientras tanto, la situación de los niños en Ecuador seguirá con pronóstico reservado.
