Medidas que incomodan
Diana Romero miércoles, 9 octubre 2019 - 04:09
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Son las 09h50 de la mañana del día siguiente al final del paro y David, de 36 años, junto a más de 50 personas, esperan a que abran el supermercado. “Escuché que será difícil conseguir comida”. La escena se repite al siguiente día. Todos quieren entrar al mismo tiempo, tienen miedo de no encontrar algo, como le sucedió a Gonzalo. “La gente agarraba de cinco en cinco”. Por suerte, dice, se topó con un amigo que le cedió uno de los diez pollos que se llevaba.
Si bien el paro de transportistas duró menos de 48 horas, después de esa tormenta no llegó la calma. Las especulaciones sobre los precios de los productos de primera necesidad, pero sobre todo la sensación de un posible “desabastecimiento”, trasladó la zozobra a los hogares. Algo despejado luego por voceros de las cadenas de supermercados y por el propio Gobierno.
Todo empezó el 1 de octubre con el anuncio de varias medidas económicas, entre esas la más impopular: la eliminación del subsidio al combustible (extra y diésel), que justamente provocó un paro nacional de casi dos días. Con esta medida, señalan desde el Gobierno, se ahorrarán más de 1.500 millones. Y el objetivo es que este ajuste les represente un efecto fiscal positivo (ingresos y ahorros) superior a 2.000 millones de dólares en 2020.
¿Pero cuál es el verdadero impacto de las medidas planteadas por el Gobierno? ¿Afecta al consumidor? ¿Qué retos plantea a los empresarios?
Hacia el consumidor
Al eliminar el subsidio, el galón de ecopaís/extra que costaba 1,85 dólares pasó a 2,39 dólares. Misma situación el diésel: de 1,037 dólares a 2,30 dólares. Según datos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, este precio sigue siendo “privilegiado”: solo es superado por las tarifas que se aplican en Venezuela y Bolivia.
Esto, señala el analista económico Francisco Briones, definitivamente tiene una consecuencia en el costo de vida de la gente, “pero no será como sucedía antes”.
En la estructura de costos del sector transportista, agrega, el combustible representa el 35 por ciento. Y al ser este sector parte de la cadena productiva del país (movilizan la mercadería, por ejemplo), influye en el precio final de los productos. Aunque el impacto directo en el comercio, explica, debería ser del 12 por ciento, un incremento que “los empresarios también deberían asumir porque si aumentan sus precios, su margen se reducirá”.
Y es que el Gasto de Consumo Final de los Hogares lleva cuatro periodos seguidos (interanual) con una desaceleración en el crecimiento. Es decir, existe una contracción en la demanda.
El aumento de precios ya es oficial. Por ejemplo en Guayaquil una libra de arroz, que antes costaba 51 centavos, ahora podrá costar hasta 54 centavos; o un pan, que antes se vendía en 17 centavos ahora a 18 centavos. Mientras la Agencia Nacional de Tránsito fijó un incremento en la tarifa de transporte urbano (dentro de la misma ciudad) máximo de 10 centavos de dólar sin variar el precio de las personas con discapacidades, adultos mayores, niños, entre otros. Y en cuanto a los inter e intraprovinciales se fijó un techo máximo del 32 por ciento.
Para Roberto Houser, catedrático de Entorno Económico, los ciudadanos tendrán que reestructurar el presupuesto del hogar para ver qué es necesario comprar y qué no. “El consumo discrecional será afectado porque mantenemos los mismos impuestos pero el precio de ciertos productos será un poco mayor”. Cree que quizá eso fue lo que faltó: reducción en cierto nivel de los impuestos de los ciudadanos para de esa forma compensar esta medida.
Contrario al anuncio del Gobierno está el economista Byron Villacís, ex director del INEC. Considera que eliminar subsidios es positivo, pero con un plan integral que redireccione ese dinero hacia el consumo y sobre todo a la protección de estratos pobres. “Pero en este caso se lo quitó para satisfacer un plan externo (del FMI) y supuestamente asegurar flujo para pago de deuda externa”.
Mediano y largo plazo.
El verdadero reto, dice Roberto Houser, es saber si las empresas están preparadas para lo que significa este ajuste. “Deberán tener una producción más eficiente para mejorar su competitividad frente al mundo y no solo en la burbuja ecuatoriana”.
Estos cambios afectarán al final su línea de ventas, explica, y esto obliga a las compañías a enfrentar sus ineficiencias. “Si lo hacen, a mediano plazo generará un beneficio para los consumidores”. Es decir, comenta, tendrán que adquirir maquinaria de mayor tecnología para sostener sus ingresos y utilidades.
Esto lo podrán hacer, agrega, con la reducción de impuestos, entre esos a la importación de bienes de capital, materias primas e incluso del Impuesto a la Salida de Divisas. “Hay un cierto nivel de empresarios que sí están al nivel de esos cambios, pero la mayoría han estado acostumbrados a buscar el subsidio del Estado en todo sentido”. Esas empresas, dice, tendrá que reestructurarse, identificar cómo generar mayor eficiencia en la cadena productiva y una mayor colaboración entre empresas de la misma industria.
¿Es cuestión de voluntad aceptar estos ajustes? Francisco Briones cree que no pasa por allí sino en aceptar que es una consecuencia de lo que se hizo antes. “No podemos depender siempre del Estado. Tarde o temprano nos llega la factura y todos la pagamos”.
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Entrevista con Richard Martínez:
“Tenía efectos colaterales perversos”
¿Por qué se inclinaron por el subsidio al combustible y no por el IVA?
La prioridad era sincerar la economía. El país no puede convivir con un subsidio tan ineficiente como ese. Los subsidios son regresivos porque no favorecen a todos, aparte tiene efectos colaterales perversos como la evasión tributaria, el contrabando, las mafias… Mientras el IVA es un impuesto que afecta a todos por igual.
Pero la eliminación del subidio cambia el precio de los víveres
Eso es inevitable, pero la pregunta es a qué nivel de precios lleva este tema. Y las estimaciones que tenemos es que serán marginales porque el costo del combustible se lo asimila en toda la cadena. Por otro lado, en una economía dolarizada, como la nuestra, el factor especulativo tiene menos margen que en una economía no dolarizada. Y esa especulación debe ser controlada por las autoridades competentes.
Su propuesta es que para evitar que sea usado como un instrumento político, se establezca por Ley que no se puede activar nuevamente el subsidio
En el proyecto de Ley se incluyó que si alguien quiere hacerlo, necesita la aprobación de la Asamblea. Es un candado porque creemos que no se pueden tomar decisiones a la ligera. El país está haciendo un esfuerzo muy grande.
