Expediente Villacreses: El juez que liberó narcos y se arrepintió
* Esta investigación es una colaboración investigativa entre Revista Vistazo, Connectas, Código Vidrio y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
Gonzalo Villacreses redujo condenas a cuatro sentenciados por tráfico de drogas para que salieran de prisión. Un año más tarde este juez se arrepintió: cambió su decisión y ordenó su recaptura. Luego denunció que había favorecido a los narcotraficantes porque su vida corría peligro. Ahora enfrenta un juicio por prevaricato.
Cuatro personas condenadas por narcotráfico salieron de la cárcel debido a que el entonces juez guayaquileño Gonzalo Villacreses modificó sus sentencias. Habían sido detenidas en Guayas en 2017. Se movilizaban en dos vehículos; en uno de estos, transportaban más de 300 kilos de cocaína. El conductor, un hombre de 62 años quien se identificó como G. Altamirano, dijo ser empresario y exportador de fruta. Sin embargo, durante el proceso judicial se contradijo en su versión. Primero, aseguró que no sabía lo que transportaba. Luego admitió su responsabilidad y afirmó que actuó bajo amenaza.
El testimonio forma parte del proceso penal por narcotráfico revisado para este trabajo. Desde su adolescencia trabajaba en la exportación de fruta y pescado hacia España, Turquía, Croacia y Rusia, según relató el detenido. “No soy un ladrón, no soy un bandido ni un narcotraficante; estoy viviendo una situación desesperada, con esto apelo a que me escuchen con humanidad, no como Tribunal”, dijo en su defensa, según consta en el expediente judicial.
Altamirano dijo que un exsocio, a quien conoció en 2010, le había prestado dinero y que la deuda superaba el millón de dólares. Cuando ya no pudo pagar, dos de los cobradores lo acecharon para exigirle que pagara los intereses. Con las semanas su situación se complicó. Los enviados de su exsocio le entregaron un teléfono celular, para darle órdenes y encargos.
Este supuesto empresario aseguró que el día que fue capturado con la camioneta llena de droga, recibió la orden telefónica de dirigirse a un punto en el nororiente de Quito, para llevar “un encargo delicado”. En el lugar, un hombre le habría enseñado un mapa de Google con la ubicación de su familia, a manera de amenaza. “Nosotros no jugamos, pero de usted no queremos nada, solo que hasta que nos pague tiene que hacer lo que le ordenemos”, relató en el juicio.
La explicación de Altamirano no convenció a los jueces. “Es sorprendente y para nada creíble que, siendo un hombre del mundo de negocios, un exitoso empresario, se deje chantajear por un individuo que –según dice– ha tenido antecedentes penales”, concluyeron los jueces al argumentar su sentencia.
Tanto Altamirano como el copiloto de la camioneta y los dos ocupantes del otro vehículo que los acompañaba fueron condenados a 13 años de prisión por narcotráfico a gran escala. Sin embargo, Altamirano apeló la sentencia en la instancia judicial superior y consiguió que su condena fuera reducida a 52 meses. Por la intervención del entonces juez Gonzalo Villacreses los sentenciados fueron liberados, a través de trámites que se realizaron por separado y en distintas fechas. Sin embargo, todos recayeron por sorteo en el despacho del mismo funcionario judicial.
Según documentos a los que se tuvo acceso para esta reportería, Villacreses recibió petitorios por separado. En agosto de 2018, modificó de 52 a 20 meses la sentencia de Altamirano. Después, determinó que ya había cumplido el 62 por ciento de la condena y, por tanto, podía acceder al régimen semiabierto. Este equivale a un sistema de libertad controlada y regulada por la autoridad carcelaria.
Los demás sentenciados se beneficiaron poco después con la reducción de la pena. En diciembre de 2018, dos de ellos pidieron el trámite, que por sorteo recayó en el mismo despacho del entonces juez Villacreses. Con similar mecanismo, redujo la condena de 13 años a 25 meses. A mediados de 2019, el cuarto sentenciado se acogió al mismo procedimiento de rebaja de pena.
Documentos obtenidos para esta investigación afirman que los procesos fueron direccionados a través de la manipulación del sistema informático de sorteos, que operó hasta inicios de este año y es investigado por la Fiscalía.
Según informes internos del Consejo de la Judicatura (CJ), estos trámites fueron invisibilizados de manera premeditada por funcionarios judiciales; así, permanecieron ocultos e invisibilizados en el sistema, mientras se concretaban las rebajas y excarcelaciones, a pesar de que debían permanecer visibles en la plataforma que es abierta para consultas públicas.
AMENAZAS EN DUDA
En agosto de 2019, Villacreses escribió una carta de denuncia en la cual afirmaba que había actuado bajo amenazas contra su vida y la de su familia. Explicó que todo fue una represalia por haber ordenado la quema masiva de 15 toneladas de cocaína. Sin embargo, la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura ya le seguía la pista, por denuncias de funcionarios judiciales.
Villacreses, un abogado de 44 años con casi 20 de experiencia, prestaba sus servicios en la función judicial desde 2014. Antes, había sido asesor jurídico en la prefectura de Guayas, provincia donde se encuentra la capital comercial y portuaria de Ecuador, Guayaquil. Mantenía un perfil discreto como juez hasta 2018, cuando fue delegado como responsable de la destrucción de la droga en hornos especiales, lo que significó que unos 750 millones de dólares de ingresos del narco se convirtieron en cenizas.
En su denuncia escrita, Villacreses indicó que el detonante de las amenazas fue, precisamente, la destrucción de esa cocaína. “Esto le puede traer consecuencias”, dijo que le advirtieron. También señaló que recibió mensajes escritos y verbales, por parte de desconocidos que, presuntamente, lo abordaban en el parqueadero del juzgado. Los avisos, según él, eran claros: no debía denunciar y debía resolver favorablemente un proceso que pronto llegaría a sus manos.
En su escrito de denuncia afirmó que tenía instrucciones precisas y que debía actuar igual que habían hecho otros jueces en casos similares, bajo una fórmula sencilla: primero debía reducir la pena invocando un principio legal favorable al sentenciado; luego, debía conceder un recurso (beneficio) que asegura la pronta excarcelación, al determinarse que más del 60 por ciento de la pena se había cumplido. Según él, siguió ese plan al pie de la letra, por temor y bajo amenaza.
Sin embargo, Villacreses no aportó pruebas que sustentaran las amenazas y presiones que dijo haber recibido. El elemento central fue esa denuncia escrita.
JUEZ DESTITUIDO Y ENJUICIADO
Esta investigación periodística accedió al expediente que motivó tanto la destitución como el enjuiciamiento de Villacreses y descubrió que meses después se retractó de sus actos y dejó sin efecto el beneficio de excarcelación para tres de los sentenciados, a quienes había favorecido con la reducción de sus penas. Ordenó su recaptura, pero ninguno fue ubicado por la Policía. No revocó el beneficio para el empresario Altamirano. Para justificar su cambio de opinión, determinó que los excarcelados no habían cumplido el requisito de presentarse periódicamente a la autoridad penitenciaria.
En febrero de 2020, Villacreses fue destituido de su cargo, mientras se iniciaba un proceso judicial en su contra por el posible delito de prevaricato, el cual consiste en actuar en contra de una norma expresa. En Ecuador, se castiga con penas de tres a cinco años.
Cuatro meses después, aunque la Corte ordenó su prisión preventiva, Villacreses recibió medidas sustitutivas. Evitó ir a prisión pagando una caución de 15 mil dólares. Le dieron la fianza “porque su vida está en riesgo por haber sentenciado a personas relativas al mundo de la droga. Como juez ha llevado a juicio a un sinnúmero de personas relacionadas al narcotráfico, que podrían atentar contra su vida en un recinto penitenciario”, según argumentó su abogado defensor.
El abogado de Villacreses también se quejó ante las autoridades judiciales de que su defendido no recibió protección, a pesar de haber denunciado una grave amenaza contra su vida y la de su familia.
La audiencia del juicio para dictar la sentencia ha sido convocada, infructuosamente, en cinco ocasiones, según información del CJ. La primera citación, para marzo de 2021, fue diferida por error de trámite. Las siguientes tres llamadas, en julio y octubre de 2021 y en febrero de 2022, fueron postergadas por solicitud del exjuez. La quinta debió realizarse a inicios de julio, pero no ejecutó porque la parte acusadora adujo estar contagiada por Covid-19.
El exjuez Gonzalo Villacreses fue contactado para este trabajo periodístico. Declinó pronunciarse bajo el argumento de que peligraban tanto su vida como la de su familia.
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