Dos años del encierro por la pandemia: ¿quiénes hicieron negocio mientras los ecuatorianos morían?
Este jueves 17 de marzo de 2022 se cumplen dos años del estado de excepción que empezó a regir en todo el territorio ecuatoriano, declarado una noche antes por el presidente Lenín Moreno (2017-2021), como una medida drástica para enfrentar "la guerra" de la pandemia, en la que también ha tocado combatir varios hechos de corrupción derivados de la crisis sanitaria.
Transcurrían los primeros días de mayo del 2020, cuando en redes sociales se hizo público unos de los tantos polémicos procesos de compra: el de 4.000 bolsas de embalaje para cadáveres en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a un elevado costo de 148 dólares por cada una.
En medio del enojo de la ciudadanía, en ese entonces el Hospital General Norte de Guayaquil 'Los Ceibos' del IESS, incluso, intentó justificar la adquisición de los insumos. "Dicho proceso, se realizó bajo la modalidad de contratación en situación de emergencia; es decir, de forma directa y respetó la normativa legal vigente establecida”. Y que, según el respectivo estudio de mercado, cuatro oferentes participaron con proformas en donde el valor unitario de las fundas de embalaje de cadáveres osciló desde 148.50 hasta 160 dólares, y que al final se eligió “la oferta más beneficiosa”.
No obstante, Fiscalía inició la investigación con un parte policial en el que se informaba sobre las denuncias ciudadanas, respecto a la compra por parte de dicha casa de salud, a un costo de $148, cuando en el mercado su valor sería de $12.
Todo esto ocurría en plena crisis por la pandemia de coronavirus en Ecuador, que azotó en mayor magnitud a Guayaquil, escenario de una crisis de cadáveres que no podían ser levantados ni sepultados, al encontrarse autoridades, la industria funeraria y hospitales desbordados por una cifra extremadamente alta de fallecimientos.
Pero, luego de ese incidente se fueron descubriendo otras irregularidades a nivel nacional, en la venta de insumos médicos a precios elevados y con la ayuda de una estructura organizada que involucrarían a autoridades, funcionarios en puestos claves de los hospitales y ofertantes privados, a cambio de beneficios económicos.
DANIEL SALCEDO, PIEZA CLAVE EN LAS IRREGULARIDADES
El nombre de Daniel Salcedo Bonilla fue uno de los más sonados en diferentes procesos judiciales abiertos en el contexto de la pandemia, así como por su intento de fugarse del país junto a su novia, en una avioneta que terminó estrellándose en Perú, y por lo cual fue sentenciado en otro proceso por el delito de fraude procesal. La Fiscalía empezó a investigarlo por considerarlo una pieza clave en los negocios de los hospitales del IESS.
Cuatro procesos fueron abiertos en su contra, todos relacionados a presuntas irregularidades en la comercialización de insumos médicos en hospitales, durante la emergencia sanitaria.
Peculado (caso fundas para cadáveres).
El 4 de mayo de 2020, como parte de un presunto delito de peculado, por la contratación con sobreprecio de insumos médicos para el hospital de Los Ceibos, se ejecutaron varios allanamientos en Quito y Guayaquil. El 10 de junio de ese año, Fiscalía vinculó a Salcedo al proceso y el juez de la causa dictó prisión preventiva.
Funcionarios del hospital abusaron de sus atribuciones, disponiendo arbitrariamente de dinero público, en un proceso contractual con sobreprecio y sin un adecuado estudio de mercado, en el que se asignó una partida presupuestaria por el valor de 872.000 dólares.
En julio de 2021, el Tribunal condenó a ocho personas, entre ellas a Salcedo, con una pena de 13 de años de prisión como coautor de peculado.
Delincuencia organizada
El 31 de julio de 2020, Fiscalía procesó a varias personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita (que luego fue reformulado por delincuencia organizada) para la comercialización y venta de insumos médicos a diferentes hospitales de Guayaquil, a través de actividades aparentemente irregulares, obteniendo ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero nacional.
Estos ciudadanos serían parte de una estructura delictiva que habría favorecido a grupos y empresarios a través de convenios de pago ilícitos en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Varios de estos convenios superaban el millón de dólares.
En mayo de 2021, el Juez Ronald Guerrero llamó a juicio a 12 de los 16 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, que se sanciona hasta con 10 años de cárcel.
Entre los llamados a juicio están los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, Jacobo Bucaram Pulley, Susana M., exgerente del Hospital Los Ceibos; Luis J., exgerente del Hospital Sur; Federico Z. y Jorge S.
El magistrado dictó el sobreseimiento a favor de Abdalá y Michell Bucaram Pulley, Gabriela Pazmiño y Marco Sevillano.
El 19 de octubre de 2021 se instaló la audiencia de juzgamiento contra ocho procesados. Mientras que otros cuatro se encuentran prófugos (Pablo J., Jorge H., Federico Z., Javier J.), por lo que para ellos está suspendida la etapa de juicio.
En enero de este año la Fiscalía denunció que la defensa de Daniel Salcedo pretendía sacarlo de la cárcel con "argucias". Hasta la fecha, Salcedo, quien actualmente cumple prisión en la cárcel 4 de Quito, ya ha sido condenado por peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.
PRUEBAS COVID-19 / AGENTES AMT
Según Fiscalía, un grupo de personas habría planificado y ejecutado actividades delictivas para la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.
Las presuntas irregularidades cometidas por estos ciudadanos se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados "para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre", dice la investigación.
Según Fiscalía, en ese lapso de tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 hasta Guayaquil.
El 12 de agosto de 2020, con el apoyo de la Policía Nacional, Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos en Guayas y Pichincha, entre ellos al domicilio del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz.
El exmandatario y funcionarios de la AMT fueron procesados por Fiscalía por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Luego se incluyó a Jacobo Bucaram, tras ser deportado de Colombia.
El 16 de diciembre de 2021, un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha llamó a juicio a Abdalá y su hijo Jacobo Bucaram, como presuntos autores del delito de delincuencia organizada.
En este caso, los exagentes de la AMT, Kléver A. y Jhonny S., ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados. Al momento se espera la fecha para la realización de la audiencia de juicio en contra de los otros involucrados.
Abdalá y Jacobo Bucaram son llamados a juicio por presunta delincuencia organizada
Según información de la Fiscalía General del Estado, en su último corte de fecha 22 de enero de 2022, con respecto a los procesos iniciados por presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por COVID-19: 17 personas han recibido sentencia condenatoria, 82 se encuentran llamadas a juicio (aún sin que se señalen fechas para las diligencias) y 14 están aún en instrucción fiscal.
Estos casos han sido investigados por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la FGE, que fue creada por la máxima autoridad de la Institución para atender casos de corrupción desencadenados durante la emergencia sanitaria en Ecuador.
