Diez policías traficaban combustible para minería ilegal, con la empresa china TerraEarth
Ocho personas, entre ellos seis policías en servicio activo, fueron capturados en un operativo la mañana del martes 14 de mayo, en Napo. Sin embargo, la Policía no pudo detener a tres ciudadanos chinos de la empresa minera TerraEarth.
Uno de ellos incluso se parapetó en una habitación que tenía blindaje de seguridad desde donde disparó a los agentes, que debieron retirarse del lugar cuando llegaron unos 200 comuneros, que protegieron a los extranjeros e impidieron su captura. Se estima que eran mineros ilegales que operan con la empresa china en actividades extractivas de oro en Napo, desde hace varios años atrás.
Este operativo se ejecutó como parte de una investigación por un supuesto delito de cohecho, según el parte policial que este medio revisó. Incluía otros delitos “en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles”.
Las pesquisas se iniciaron hace seis meses. Fueron encabezadas por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía.
De acuerdo con la información oficial, se detectó una estructura en la que diez policías, siete civiles y tres chinos eran parte de la red que almacenaba combustible que luego era vendido, en Joya de los Sachas, en Napo, para que se usaran en las actividades mineras de TerraEarth.
Según la Fiscalía, diez policías en total y la empresa serían parte de la red de corrupción. A cambio de beneficios económicos agilitaban trámites para movilizar hidrocarburos para la minería ilegal.
En la investigación participaron la Dirección Nacional de Asuntos Internos y el Departamento de Investigación de la Conducta Policial Zona 9, bajo la dirección de la Fiscalía.
Entre los detenidos están el teniente coronel de la Policía de la Subzona Napo, Manuel Deybis S., y cinco policías más de esa misma provincia: Ana A., Frank Ch., Leonardo O., Elvia R.y Dayana M. Además Angie V. y José C.
En la operación se retuvieron 12 dispositivos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, un CPU y un arma con munciones.
Las operaciones de esta organización criminal incluían no solo transportar y vender el combustible, sino agilitar los trámites para movilizarlo y usarlo en minería ilegal, a cambio de dinero que les pagaban funcionarios de TerraEarth, según la investigación. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.
Lea también: Terraearth en medio de las denuncias por minería ilegal
Polémica licencia ambiental para la minera china
TerraEarth consiguió licencia ambiental para su proyecto minero Tena, de más de 7.000 hectáreas, pese a los cuestionamientos por los perjuicios ambientales que causó en Yutzupino. Ahora, esa compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia.
Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continuaran extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden de las autoridades.
Las críticas van también en contra del Ministerio de Ambiente, que le otorgó licencia ambiental para el proyecto Tena a pesar de que antes la misma cartera de Estado sancionó a TerraEarth por sus incumplimientos y por los daños que han sufrido, por ejemplo, los habitantes del cantón Carlos Julio Arrosemana y las aguas de los ríos Jatunyacu y Cumbiyacu, por descargas directas y otras prácticas. Incluso se ha cuestionado que ciertas concesiones se hayan otorgado por 30 años, cuando lo permitido son 25 años.
En febrero de 2023, en una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, José Dávalos, entonces viceministro de Ambiente, dijo que las suspensiones previas no daban argumentos para cerrar la puerta a TerraEarth para una nueva concesión, porque la legislación ecuatoriana no permitía “discriminar a nadie por ninguna razón”.
La empresa china se ha defendido diciendo que está trabajando en la remediación ambiental en esa zona. Varios grupos defensores del medioambiente y que habitan en Napo y sus alrededores denuncian que la minería ilegal que arrasó cerca de 200 hectáreas de áreas naturales y contaminó el agua, especialmente entre fines de 2021 e inicios de 2022.
Varios colectivos señalan que TerraEarth compra a los ilegales el oro que sacan de sus concesiones.
De hecho, el Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, publicado a mediados de julio de 2023, señaló a TerraEarth entre los 28 proyectos chinos en Latinoamérica y ocho en Ecuador que están afectando los derechos humanos y de la Naturaleza. Ese examen incluye el caso de 15 fallecidos en medio de incidentes, producto de la minería ilegal.
Lea también: China al banquillo de los acusados por violaciones a DD.HH. y ambientales en actividades extractivas
