Dictan prisión a hermanos Bucaram por asociación ilícita en presunta venta de insumos médicos; Gabriela Pazmiño debe regresar a Ecuador
Carolina Farfán sábado, 1 agosto 2020 - 02:02
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En la audiencia de formulación de cargos, que duró más de trece horas, en la Unidad Judicial Albán Borja, la jueza Gianella Noritz Murillo dictó prisión preventiva para los hermanos Jacobo, Abdalá y Michel Bucaram Pulley, Daniel y Noé Salcedo, Stéfano Adum, Karina Cadena, Jorge Henriques, Federico Zenk, Xavier Jordán y Pablo Mendoza por el delito de asociación ilícita en la presunta venta de medicinas en hospitales de Guayaquil.
Fiscalía procesó a 15 personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la comercialización y venta de insumos médicos a diferentes hospitales de Guayaquil, a través de actividades aparentemente irregulares, obteniendo ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero nacional.
En la diligencia, la fiscal Claudia Romero presentó los elementos de convicción que demostrarían la presunta participación de los investigados en el hecho, su conexión entre sí y el grado de participación en el delito.
Entre estos elementos se incluyen los informes policiales derivados de las investigaciones aplicadas a los procesados, como la extracción de información de las bitácoras de seguridad de los edificios ubicados en el norte de Guayaquil, en las que se registraron el ingreso y egreso de vehículos en que los investigados, presuntamente, mantenían reuniones; los partes policial y pericial de insumos médicos incautados en el allanamiento a un local deportivo ejecutado en esta ciudad (los que se encuentran en cadena de custodia en la Policía Judicial).
También, los registros societarios de cada investigado, así como los de la Unidad de Análisis Financiero y Control (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), al igual que las versiones de los propietarios de inmuebles arrendados.
Además, agregó copias certificadas de un proceso iniciado por la Fiscalía de Santa Elena, el 2 de junio del presente año, por enriquecimiento ilícito privado contra dos ciudadanos extranjeros, a quienes se les encontraron más de 300.000 dólares. Ellos, en sus versiones, indicaron que el dinero fue obtenido en la venta de insumos médicos, que fueron comprados aparentemente por Jacobo Bucaram y cancelados en efectivo, transacción que se habría llevado a cabo en el domicilio del procesado, en el norte de Guayaquil.
La jueza de Garantías Penales, Gianella Noritz, luego de analizar los elementos de convicción presentados, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra las 11 personas antes mencionadas.
Por otra parte, para María Gabriela Pazmiño (esposa de Abdalá Bucaram Pulley), Jorge San Lucas, Marco Sevillano, la magistrada dictó prohibición de salida del país y presentación diaria ante la Fiscalía.
Mientras que a Luis Jairala, por su historial clínico, le dispuso arresto domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia electrónico, con el fin de precautelar su derecho a la salud.
También resolvió la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, transferencia de acciones y liberación de pólizas, y el bloqueo de cuentas que tengan los procesados en el sistema financiero nacional. La instrucción fiscal durará noventa días.
¿Dónde están los procesados?
En el caso de Dalo Bucaram, su abogado, Jorge Acosta, señaló que se encuentra en Miami, Estados Unidos, y que la fecha de su regreso aún es incierta.
Mientras que Michel Bucaram también se encontraría en Miami. Habría salido a inicios de junio en un vuelo humanitario.
Gabriela Pazmiño se encuentra junto a su esposo e hijos fuera del país. Su abogado defendió ante los medios que Pazmiño ha justificado siempre sus ingresos ante el SRI y que no existe algún tipo penal que pueda justificar su detención. Comentó también que es perseguida debido a pertenecer a la familia Bucaram.
Los abogados de la familia aseguraron ayer que Jacobo Bucaram se encuentra en Guayaquil y que no habría huido del país. La semana pasada la Policía Nacional emitió una alerta ante su posible salida del país.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
