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¿Cómo enfrentamos la pandemia de la inseguridad?

jueves, 24 diciembre 2020 - 06:37
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J ueves de sangre, muerte y dolor. El crimen se ensañó con el Puerto Principal  ese 26 de noviembre. Primer drama.
 
Era trabajador, honrado y amable; así lo  describen sus familiares. Acababa de abrir  un restaurante en Sauces, al norte de Guayaquil. Roberto Oña tenía 35 años como  radiodifusor deportivo. El último partido que narró fue Orense versus Barcelona. A fines de noviembre fue acribillado  por quienes entraron a robar su negocio.
 
Segunda tragedia. Un militar en servicio pasivo que trabajaba como guardia  de seguridad en el Puerto Marítimo recibió disparos cuando salía de su turno de  trabajo.  Cayó sobre la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Ernesto Saavedra fue víctima de sicariato; su muerte  se confirmó en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Una de las balas  le atravesó el rostro. 
 
Tercera historia de ese día: a un odontólogo de origen extranjero le quisieron  robar su celular. Al resistirse recibió disparos en el hombro y el brazo.Ocurrió también en el sur de la ciudad.  Y para completar, también se  produjo un secuestro extorsivo. Cerca de las 11h00, el hermano del exvicepresidente Jorge Glas fue capturado en Lomas de Urdesa. Una  investigación de la agencia especializada en secuestros UNASE llegó hasta los responsables, quienes pedían  400 mil dólares por el rescate. 
 
 
A las  48 horas Heriberto Glas fue liberado,  y aunque la investigación fiscal sigue  su curso en reserva, ya se conoce que  un amigo de su círculo cercano habría participado en los hechos.
 
Guayaquil es el epicentro de esta pandemia. En 2019, según el Ministerio de  Gobierno, se registraron 409 homicidios  intencionales en la provincia del Guayas.  De ellos, 269 en Guayaquil. Hasta octubre  de 2020, se contabilizaban 420 en Guayas:  279 en Guayaquil. Falta el registro de los  meses de más alta conflictividad: precisamente, los dos últimos del año.
 
La cifra de muertes intencionales es uno de los “indicadores duros” para medir  los niveles de seguridad, admite el flamante ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño,  en entrevista a Vistazo.  El estándar internacional mide el número de muertes intencionales por cada  cien mil habitantes. A fines
de 2019, la tasa fue de 6,85  por cada cien mil personas.
 
 
En 2018 la cifra de homicidios era inferior a seis (por  cada cien mil hab.), y ese año  Ecuador fue valorado como el  segundo país con menos homicidios en la región, superado solamente por Chile, según el libro “El giro punitivo y la reducción  del homicidio en Ecuador, 2009-2018”. La  publicación, lanzada la primera semana de  diciembre, tiene la autoría de dos catedráticos, Fredy Rivera Vélez, de la Flacso; y Daniel Pontón, del IAEN.
 
Es un hecho que entre 2009 y 2018 bajaron las muertes intencionales, concluyen  ambos expertos en temas de seguridad.  En 2009, cita el estudio, hubo hasta 2.600  muertes por año, esto es, 19 por cada cien  mil habitantes.
 
Para 2018, la reducción  fue del 75 por ciento. Los autores ofrecen  una explicación multicausal. Rivera hace  un ejercicio de síntesis para Vistazo: una
combinación de inversión hacia la institución policial; una  reforma operativa; y, el predominio de lógica punitiva, especialmente a partir de 2011.
 
Todo esto, sumado a la reducción de los índices de pobreza  y controles políticos.  La historia cambió  La jornada trágica de Guayaquil ocurrió 48 horas después  de que María Paula Romo fuera censurada y destituida del Ministerio de Gobierno, cartera que ocupó desde el segundo semestre de 2018.
 

 
Su salida tuvo diversas explicaciones, según las distintas lecturas de las tiendas  políticas que conforman el desprestigiado ente legislativo. En última instancia,  la cabeza de Romo fue un trofeo político  para quienes aseguran que las violentas  jornadas de octubre de 2019 estuvieron  marcadas por el exceso policial.
 
Curiosamente, varios de quienes lanzaron el voto lapidario aseguraban que, sin esa acción firme, el país se hubiera arrojado al  precipicio de una confrontación civil luego de esos 11 días de protestas.
 
Para analistas que pidieron la reserva,  el error estratégico en la gestión de Romo  fue unir en una sola cartera los delicados  temas de seguridad y política. Esa decisión se adoptó a inicios de 2019. Ese año,  el Ministerio de Gobierno registró 1.188  muertes intencionales a nivel nacional. El  año previo, el registro fue de 995 homicidios.
 
En lo que va de 2020 (con datos a  octubre) se registran 1.049. Nuevamente,  falta el conteo de los meses más críticos.  Según Rivera, el repunte es el resultado de la fórmula improvisación, duda y  pérdida institucional. “Sume el deterioro  de los indicadores de desarrollo y la participación del país en los despliegues estratégicos del crimen organizado”.
 
El ministro Pazmiño admite que hay  un aumento de la violencia. El problema se agravó este año pandémico. “La  crisis sanitaria desembocó en una crisis
económica y social. Determinó que se  expongan elementos que abonan a aumentar índices de delincuencia. Hay que  observar el mapa social del país, para encontrar otros factores, y a ellos tenemos  que apuntar entre los distintos segmentos de la sociedad”.
 
“No se trata de poner  más o menos policías, más  o menos patrulleros, se  trata de entender las causas. No solo son problemas de orden policial. La
pregunta de fondo es por  qué generamos ciudadanos que les gusta vivir en la ilegalidad y  la irregularidad, eso rebasa la capacidad  de la Policía y del Ministerio de Gobierno”.
 
En la antesala de la campaña electoral, aparecen ofertas de endurecimiento de penas -cadena  perpetua incluida.
 
Ofertas de campaña
 
La percepción de inseguridad  avivó las ofertas de campaña.  En el país está permitida la tenencia de armas (regulada y  controlada por la fuerza militar), pero el porte se restringe  a ciertos lugares rurales, campesinos y camaroneros.
 
Guillermo Lasso, candidato de CREO, lanzó el tema  al ruedo. Habló de porte de armas entre campesinos, citando requisitos como  registros y permisos.
 
En 2017 también  mencionó este debate. Lucio Gutiérrez,  postulante por Sociedad Patriótica, no  solo habló de armas. Difundió un spot de  promoción anticipada, con un arma de  largo alcance bajo el brazo.
 
“El porte de armas no es algo que  se deba decidir de la noche a la mañana”, advierte el candidato presidencial por la ID, Xavier Hervas. “Es necesario un gran debate. En América,  Guatemala y EE.UU. tienen porte legal de armas, y los resultados a nivel  de violencia son muy altos”.
 
¿Su conclusión? La inseguridad no se combate con discursos demagógicos, primero hay que mejorar las condiciones de  vida de los ciudadanos.
 
Guillermo Celi, candidato presidencial por Suma, advierte que la “seguridad ciudadana se basa en un trabajo colaborativo de todos los actores de
la sociedad: Estado, policía y vecinos”.
 
“El camino está en el apoyo a la prevención; ojo por ojo no es la solución”.  El plan de Unión Ecuatoriana (cuyo presidencial es Giovanny Andrade)
contempla una consulta popular que  incluye, entre otros temas, cadena perpetua para violadores, pederastas y corruptos; y “tenencia y porte responsable de armas”, sin ahondar en detalles.
 
El académico Arturo Moscoso Moreno, director ejecutivo del Grupo de  Análisis Político 50+1 Ecuador, contribuyó al estudio del Barómetro de las
Américas 2019. En esas cifras, prácticamente uno de cada dos ecuatorianos  es favorable al porte de armas y casi el  60 por ciento es partidario de la pena  de muerte.
 
Los datos se incluyen en  el informe Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2018/19 (Quito: LAPOP, 50+1), de  Moncagatta y varios autores.
 
“Los datos son de 2019 y se puedcolegir que la percepción de inseguridad debe haber aumentado, por lo que  la posición favorable al porte de armas
también. No es casualidad que sea un  tema que ya lo hayan presentado como  propuesta los candidatos a la Presidencia y la Asamblea”. Según Moscoso, incluir éste como un tema de campaña,  conecta con el sentimiento de inseguridad e incertidumbre, ya que ofrece soluciones radicales.
 
El escenario se  complica en medio de la crisis sanitaria, económica y social. “Estamos frente a una sociedad intolerante, por eso,  los candidatos que ofrecen mano dura  encuentran eco”. 

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