El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó preocupación por las nuevas normas de migración aprobadas en la Unión Europea que permiten la creación de “centros de retorno” fuera del bloque.
La medida fue aprobada por el Parlamento Europeo con el objetivo de agilizar la expulsión de personas sin derecho a permanecer en territorio europeo. Según el organismo, estos centros podrían operar en terceros países mediante acuerdos bilaterales con los Estados miembros.
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Türk advirtió que los países de la Unión Europea no pueden “externalizar sus obligaciones en materia de derechos humanos” hacia otros Estados. También alertó sobre el riesgo de detenciones y devoluciones de personas vulnerables, incluidos menores de edad, en procesos de expulsión. Estas prácticas, señaló, podrían aumentar la posibilidad de violaciones a derechos fundamentales si no se aplican garantías estrictas.
El endurecimiento de la política migratoria ocurre en un contexto de menor llegada de solicitantes de asilo en 2025, pero con un enfoque europeo centrado en aumentar la eficacia de las deportaciones. Menos del 30% de las personas con orden de salida son retornadas a sus países de origen. Las nuevas normas buscan cambiar con procedimientos más rápidos y mecanismos de control reforzados.
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¿Qué implica la medida y cómo afectaría a migrantes ecuatorianos?
Las nuevas disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo establecen que los ciudadanos de países fuera de la Unión con orden de expulsión deberán abandonar el territorio en plazos definidos y cooperar obligatoriamente con las autoridades.
En casos específicos, podrán ser detenidos para evitar riesgos de fuga o si representan una amenaza a la seguridad. Además, se abre la posibilidad de trasladarlos a “centros de retorno” ubicados en terceros países mediante acuerdos internacionales.
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En el caso de los migrantes ecuatorianos en Europa, la medida aplicaría únicamente a quienes se encuentren en situación irregular y tengan una orden de retorno. El sistema podría acelerar los procesos de expulsión y ampliar el uso de detención preventiva en algunos casos. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha señalado que los acuerdos con terceros países deberán respetar el principio de no devolución y los derechos humanos.
Las autoridades europeas también contemplan medidas alternativas a la detención, como la vigilancia electrónica o la obligación de residencia en un lugar específico. Para los migrantes ecuatorianos con estatus regular o en proceso de asilo activo, las normas no cambian su situación jurídica. El impacto dependerá de la aplicación nacional en cada Estado miembro y de los acuerdos firmados.
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