La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) emitió un exhorto oficial dirigido a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, así como a las editoriales y comercializadores de libros del país. El organismo fiscalizador advirtió que sancionará cualquier práctica que limite la libre elección de las familias o que condicione la compra de textos escolares a un proveedor específico.
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El pronunciamiento ocurre previo al inicio del año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía y se alinea con el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Educación (MINEDUC-2025-00030-A), el cual fija precios máximos de referencia y prohíbe de forma expresa el direccionamiento de las listas de útiles hacia puntos de venta determinados.
Prohibiciones directas para editoriales y comercios
La autoridad de control detalló una serie de conductas anticompetitivas habituales en la comercialización de material pedagógico que vulneran los derechos de los consumidores y la normativa de mercado:
Obligaciones para planteles educativos y canal de denuncias
Las autoridades recordaron a los directivos de los colegios privados y fiscomisionales que el incumplimiento del reglamento de pensiones y matrículas, sumado a los acuerdos de exclusividad con editoriales, constituye una infracción susceptible de investigaciones técnicas de mercado.
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Finalmente, la Superintendencia instó a la ciudadanía y a los propios actores del sector a formalizar sus contratos comerciales e informar cualquier irregularidad. Los padres de familia que detecten condicionamientos o direccionamientos podrán presentar sus denuncias a través del portal institucional de la entidad para el inicio de las acciones sancionatorias correspondientes.
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