El proceso de selección para elegir al nuevo Fiscal General del Estado, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quedó conformado por 26 aspirantes luego de confirmarse la salida de un participante más en este concurso público.
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La Comisión Ciudadana de Selección tomó conocimiento de un documento enviado el 2 de agosto, mediante el cual se formalizó el retiro del exagente fiscal de Pichincha, Luis Augusto Rosero Méndez. A través de una nota oficial dirigida a las autoridades del CPCCS, el postulante comunicó su decisión de apartarse voluntariamente del proceso, después de haber obtenido 38 puntos sobre 50 en la fase de méritos.
El Pleno de este organismo ratificó de manera oficial la salida del candidato durante su respectiva sesión.
Disminución en el número de aspirantes
La lista de candidatos a Fiscal General del Estado ha pasado por varios recortes desde que arrancaron las postulaciones en marzo de 2026, mes en que se inscribieron 75 personas. Luego de la primera etapa de revisión de admisibilidad, el grupo se redujo a 28 competidores. No obstante, producto de nuevas bajas, tanto administrativas como voluntarias, la cifra se estableció finalmente en 26 participantes vigentes dentro del certamen.
El camino hacia la titularidad de la Fiscalía también dejó fuera al exministro de Gobierno José de la Gasca, quien fue descalificado por la Comisión de Selección a raíz de una denuncia por no haber presentado su declaración de no tener conflictos de interés. El exfuncionario decidió no apelar esta decisión ante el Pleno del CPCCS.
Fase actual: impugnaciones ciudadanas y revisión pública
En este momento, el concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado se encuentra en la etapa de impugnaciones ciudadanas y escrutinio público. Hasta el 1 de agosto de 2026, se registraron 51 apelaciones.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, señaló que los expedientes con las objeciones presentadas ya fueron trasladados a la Comisión de Selección, la cual cuenta con un plazo reglamentario de cinco días para determinar su admisibilidad, sin dejar de lado las instancias de apelación correspondientes ante el Pleno
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