Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes a Ecuador y Estados Unidos esclarecer la desaparición de ocho pescadores manabitas en altamar y determinar si hubo participación de agentes estadounidenses en un presunto ataque contra la embarcación en la que navegaban en enero pasado.
"Las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos", dijo la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
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Piquer aseguró que las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales, "llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó".
¿Qué se conoce sobre la desaparición?
El caso se remonta al pasado 13 de enero, cuando diez pescadores salieron de la provincia costera de Manabí a faenar a bordo de la embarcación Fiorella. Una semana después, sus familiares perdieron la comunicación con ellos.
Según una investigación de AI, a partir del cuarto día de navegación, la embarcación supuestamente "habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por parte de aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos".
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El 20 de enero, dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco para seguir con labores de pesca, y horas más tarde una de ellas perdió comunicación con la tripulación principal y la otra lancha.
"Divisaron una gran columna de humo en dirección al Fiorella, sin poder determinar con certeza si correspondía a un incendio a bordo del barco nodriza", afirma AI, con base en los testimonios de los dos sobrevivientes.
Las familias sospechan que los pescadores pudieron haber sido detenidos y trasladados a otro país, como pasó con los tripulantes de otras dos embarcaciones, que en marzo salieron desde Manabí y fueron interceptados en altamar por militares estadounidenses, para posteriormente ser entregados a El Salvador y devueltos a Ecuador, según denunció el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización ecuatoriana que ha documentado estos casos.
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Llamado a esclarecer el caso
Amnistía Internacional señaló que la respuesta de las autoridades ecuatorianas frente a estas desapariciones "ha sido considerablemente limitada" y, aunque la Fiscalía tiene abierta una investigación, la organización pudo constatar que "las diligencias realizadas eran mínimas y no parecían orientadas a esclarecer los hechos".
Piquer añadió que el Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses "tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no sólo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar".
Además, llamó a los Estados a suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar con EE.UU. "que pueda estar destinada a este tipo de operativos ilegales".
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Estados Unidos y Ecuador trabajan de cerca en operaciones militares en altamar contra el tráfico de drogas. Además, el país norteamericano ha atacado en los últimos meses a embarcaciones en el Pacífico y en el Caribe, bajo el argumento de que estarían vinculadas al narcotráfico.
Pero también se han registrado ataques a pescadores por parte de grupos criminales, que los extorsionan y les roban los motores o las embarcaciones para utilizarlas para el transporte de droga.
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