El presidente Daniel Noboa firmó este 3 de julio de 2026 los decretos ejecutivos 440 y 441, con los que el Gobierno reformó el régimen de vivienda de interés social (VIS).
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Las medidas incrementan los valores máximos permitidos para este tipo de proyectos y establecen un incentivo tributario destinado a promover la participación de empresas y personas naturales en programas habitacionales mediante donaciones.
Los decretos fueron suscritos en Guayaquil, un día después de que el Ministerio de Economía y Finanzas emitiera un dictamen favorable para ambas iniciativas.
La principal modificación corresponde a la actualización de los techos económicos para las viviendas de interés social, cuyos valores permanecían sin cambios desde 2022.
Según el Ejecutivo, el ajuste responde al incremento registrado en los costos de construcción, materiales, transporte, mano de obra y urbanización, además de la incorporación de criterios relacionados con sostenibilidad y eficiencia energética.
¿Cuánto aumentaron los subsidios?
Con el salario básico unificado fijado en USD 482 para 2026, el primer segmento —dirigido a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que reciben un subsidio estatal total— podrá alcanzar un valor máximo de USD 26.028 cuando la vivienda se construya en terreno del beneficiario, frente al límite anterior equivalente a 44 salarios básicos.
En los casos en que la vivienda se edifique sobre terrenos estatales, el monto máximo asciende hasta USD 35.668, valor que ahora incluye obras de urbanización, equipamiento urbano y áreas comunales.
El segundo segmento, destinado a familias que combinan un subsidio estatal con un crédito hipotecario, también experimenta un incremento. El valor máximo de las viviendas pasa a USD 65.070, mientras que el subsidio directo del Estado se fija en 21 salarios básicos (USD 10.122), adicional al financiamiento con tasas preferenciales y plazos de hasta 30 años.
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En contraste, el tercer segmento —orientado a quienes financian la compra exclusivamente mediante crédito hipotecario preferencial, sin subsidio directo— prácticamente mantiene el mismo límite económico.
Donaciones podrán descontarse del Impuesto a la Renta
El segundo decreto desarrolla un mecanismo para incentivar la participación del sector privado en programas de vivienda social.
La normativa permite que empresas y personas naturales que donen viviendas del primer segmento o recursos destinados a financiar subsidios del segundo segmento puedan descontar el 100 % del valor donado de su Impuesto a la Renta causado, siempre que el beneficio no supere el 30 % del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal.
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Para acceder al incentivo, los contribuyentes deberán registrarse en una ventanilla única administrada por la autoridad nacional de vivienda, suscribir un convenio de donación y seleccionar proyectos incluidos en un catálogo oficial de necesidades habitacionales que será actualizado por el Estado.
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