Contraloría confirma glosas por $7.9 millones en construcción de 'Ruta Viva' en Quito
A través de cinco resoluciones, la Contraloría General del Estado (CGE) determinó responsabilidades civiles por incumplimientos contractuales y multas no cobradas a las compañías a cargo de la construcción y fiscalización del proyecto Ruta Viva, en Quito.
La Contraloría confirmó cinco glosas, que suman $ 7´986.728, tras "los hallazgos de la auditoría a la construcción y fiscalización del proyecto Ruta Viva".
Las responsabilidades civiles se determinaron para la Asociación Ruta Viva (conformada por las constructoras Hidrobo Estrada y Norberto Odebretch), constructora Norberto Odebretch, dos compañías fiscalizadoras y funcionarios públicos que actuaron entre mayo de 2014 y julio de 2017.
Una glosa por $ 5’124.728 corresponde al monto de las obras afectadas por daños prematuros en la capa de rodadura de la vía. La CGE detalló que los desperfectos que se presentaron fueron fisuras longitudinales y transversales de severidad media y alta, sectores con fisuramiento en bloque de severidad baja a media y pérdida de coloración en la carpeta, con cierto desprendimiento superficial.
"El deterioro no es consistente con los parámetros establecidos en los rediseños planteados por la constructora (Asociación Ruta Viva) y aceptados por la fiscalización", afirmó la entidad, al añadir que la propuesta modificó la estructura del pavimento para que soporte por más de 12 años el tráfico estimado, retardando el primer mantenimiento.
Sin embargo, luego de 14 meses de recibida la obra, la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) informó el mal estado de la capa de rodadura.
Otra responsabilidad civil, por $ 2'395.963, corresponde al valor de las multas no cobradas por retrasos en la conclusión de varios frentes de trabajo, como la red de alimentación eléctrica, aceras y drenaje de los puentes, cunetas, señalización vertical, limpieza y pintura en pasos peatonales.
La Ruta Viva de los sobornos de Odebrecht
Tres glosas más, que totalizan $ 466.037, se determinaron debido a que no se sancionaron las omisiones en los informes de las fiscalizadoras y por la utilización de fórmulas que no constaban en el contrato para el reajuste de precios, lo que ocasionó pagos injustificados a la constructora por $ 433.117.
Las resoluciones, emitidas entre el 31 de diciembre de 2021 y el 7 de febrero de 2022, se fundamentaron en los hallazgos que constan en el examen especial a la ejecución y liquidación de los contratos de construcción y fiscalización del proyecto Ruta Viva, aprobado el 6 de septiembre de 2018.
