Durante la audiencia de formulación de cargos del Caso Laberinto, la Fiscalía General del Estado expuso su hipótesis sobre la presunta participación de Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre en el delito de lavado de activos.
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Según la Fiscalía, recursos presuntamente relacionados con la comercialización ilícita de hidrocarburos habrían financiado parte de la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana, Lista 5. La investigación vincula esos fondos con una compañía relacionada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La investigación se centra en presuntas inconsistencias en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en los gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados.
Este viernes 23 de octubre, el juez dictó prisión preventiva para González, Díaz y Onofre. Mientras que, para Molina dispuso presentaciones periódicas tres veces por semana, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Aportes declarados y un mecanismo bajo investigación
Según lo expuesto por la Fiscalía, Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la campaña, reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 64 aportes de personas naturales por un total de USD 201.360.
Sin embargo, la acusación fiscal sostiene que entre mayo y octubre de 2023 habría funcionado paralelamente un mecanismo para transferir, convertir y utilizar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
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En ese esquema habría participado Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., compañía vinculada al entorno empresarial de Aquiles Alvarez.
Al respecto, la institución señaló que tanto Alvarez como la empresa tienen una sentencia condenatoria de primera instancia en el caso Triple A, por hechos relacionados con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Transferencias bancarias y cheques al portador
La causa busca esclarecer el origen de aproximadamente USD 500.000, que se habrían canalizado sin transparentar la procedencia de los fondos ni la identidad de sus aportantes.
Al respecto, la hipótesis fiscal describe las dos vías para movilizar estos recursos:
Transferencias bancarias: se habrían realizado pagos desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral.
Según la investigación, las proformas constarían a nombre de Revolución Ciudadana, mientras que las facturas posteriores figurarían a nombre de la compañía.
La Fiscalía también mencionó una comunicación del 18 de agosto de 2023 en la que, según su exposición, se habría pedido que una factura no incluyera la palabra “campaña”. Para los investigadores, esto podría ser un indicio de un intento de desvincular los pagos de su destino electoral.
Cheques al portador: su cobro habría permitido convertir recursos bancarios en efectivo para pagar a brigadistas, cubrir movilización y financiar logística.
Según la Fiscalía, estas operaciones habrían permitido movilizar el dinero mediante un presunto esquema de lavado de activos.
La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días e inició por el delito de lavado de activos, que prevé una pena de 10 a 13 años de prisión.
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