Reforma al mercado de valores en Ecuador: qué cambia el proyecto de ley y por qué genera alerta en el sector financiero

La Asamblea Nacional analiza el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, una iniciativa que busca modernizar el mercado de valores y fortalecer los mecanismos de supervisión y protección dentro del sistema financiero nacional. Sin embargo, uno de sus artículos ha encendido las alarmas entre los principales actores del mercado bursátil ecuatoriano.

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El artículo 3 de la propuesta incorpora una redefinición de los mercados, particularmente del extrabursátil, mediante la apertura de plataformas de negociación para el sector público, aplicables exclusivamente a la compraventa de títulos valores. La reforma plantea tres modalidades de negociación: operaciones de valores del sector público a través de plataformas especializadas; negociaciones directas entre entidades públicas con valores inscritos; y negociación directa de valores genéricos emitidos por entidades financieras.

Héctor Almeida, director Jurídico y de Autoregulación de la Bolsa de Valores de Quito, explica que la reforma "responde a ciertas necesidades del Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con los compromisos asumidos frente al Fondo Monetario Internacional, particularmente en relación con los informes de brechas".

Según Almeida, el paquete de reformas incluye cambios que afectan las negociaciones de deuda pública interna, concretamente la creación de plataformas extrabursátiles para negociar estos activos.

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Ese arbitraje, explica, implica que una misma operación pueda ejecutarse bajo condiciones regulatorias distintas según el mercado. "Cuando eso ocurre, inevitablemente alguien termina perjudicado", señala, poniendo como ejemplo a un inversionista que compre un bono con descuento en un mercado menos regulado y lo venda luego en un mercado regulado al precio de mercado, obteniendo ganancia solo por la diferencia entre sistemas.

Para Almeida, trasladar a una plataforma del Banco Central las operaciones entre entidades públicas -como las que hoy se hacen con el BIESS- representa un avance en control y trazabilidad. El problema surge, dice, cuando esa lógica se aplica a operaciones entre el Estado y el sector privado, que hoy ya se realizan en el mercado bursátil "con estándares de transparencia mucho más altos".

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Almeida recuerda que la reforma al Código de 2014 buscó precisamente unificar el mercado de capitales para concentrar la negociación de un mismo activo en un solo mercado. "Si ahora comenzamos a crear mercados paralelos, lo que antes estaba unificado vuelve a fragmentarse. Y eso es exactamente lo contrario de lo que buscan los mercados modernos", afirma.

Catalina Pazos, directora ejecutiva de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval), recuerda que el mercado de valores ha mantenido una tendencia creciente en la última década. El 2025 cerró con negociaciones por USD 18.200 millones, de los cuales aproximadamente el 70% correspondió a valores del sector público.

El mercado ecuatoriano se divide en dos segmentos: el bursátil, administrado por las bolsas de valores y supervisado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y el extrabursátil, donde las operaciones se realizan directamente entre comprador y vendedor, con menor regulación.

La reforma amplía este segundo segmento para que se negocien allí los títulos del Estado inscritos, permitiendo que además de las casas de valores participen inversionistas institucionales: cooperativas, administradoras de fondos, aseguradoras, bancos y cualquier inversionista con portafolio superior a USD 20 millones.

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Según Pazos, "fácilmente encontramos alrededor de 500 organizaciones que cumplirían ese requisito, por lo que el universo de participantes crecería considerablemente".

Su preocupación es que el proyecto permite a estos inversionistas negociar directamente todo tipo de títulos tanto en el mercado bursátil como en el extrabursátil, "porque no son agentes especializados en intermediación de valores y eso puede generar riesgos importantes para el mercado de valores e incluso para el sistema financiero".

Por eso, la contrapropuesta del gremio es que estos inversionistas participen directamente solo en el mercado primario -donde el emisor recibe los recursos por primera vez- dentro del segmento extrabursátil, mientras que las operaciones de mercado secundario permanezcan en el mercado bursátil, "allí toda la información permanece concentrada en un mercado regulado, lo que fortalece la formación de precios, aporta liquidez y profundiza el mercado".

Como Asocaval no nos oponemos a que se abra este espacio. Lo que planteamos es que se establezcan límites claros", dice Pazos.

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Pazos también advierte que la propuesta no define con claridad quién controlará el mercado de títulos genéricos -pólizas, certificados de inversión, pagarés y letras de cambio- dejando esos aspectos a la Junta Financiera. "En materia de regulación pública solo puede hacerse aquello que está expresamente establecido en la ley. La normativa secundaria no puede ir más allá de lo que dispone la legislación", explica, citando como antecedente la Ley Fintech de 2022, que dejó sin definir aspectos como la tokenización y el blockchain.

Para Almeida, el objetivo del mercado de valores debe ser atraer mayor inversión, tanto nacional como extranjera", y esto depende de que el inversionista tenga claridad sobre dónde y cómo se forma el precio de un activo.

Si el mismo activo puede negociarse en distintos mercados, bajo distintas reglas y con diferentes niveles de transparencia, la confianza disminuye considerablemente", señala.

También alerta sobre el riesgo de esquemas fraudulentos en mercados con menor trazabilidad, similares a las plataformas de inversión sin supervisión que hoy ofrecen altas rentabilidades. "El Ecuador todavía no dispone de toda la estructura institucional necesaria para controlar adecuadamente un escenario de esa naturaleza", afirma.

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Sobre el argumento de que la reforma reduciría costos de intermediación, Héctor Almeida es claro: "el costo no desaparece. Simplemente cambia de actor", ya que los nuevos intermediarios también cobrarán por su servicio.

Finalmente, advierte sobre el impacto en proveedores y jubilados que reciben bonos del Estado como forma de pago: si esas negociaciones migran a mercados paralelos, podrían verse obligados a aceptar mayores descuentos para obtener liquidez.

Desde la primera Ley de Mercado de Valores de 1993, el volumen negociado ha pasado de entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones a cerca de US$ 18.000 millones. Para ambos expertos, ese fortalecimiento debe pasar por atraer más inversionistas institucionales y ampliar la base de participantes, "no por fragmentar la negociación".