Las mujeres no queremos discursos ni condolencias, exigimos derechos
Artículo de opinión de Joselyn Pispira, Gestora de Conocimiento de CEPAM-Guayaquil*
Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer para reflexionar, como sociedad, sobre la lucha histórica de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos. A través de décadas de esfuerzo colectivo, hemos logrado avances significativos que han transformado nuestras vidas.
Nuestras abuelas no solo deseaban estos derechos, sino que se enfrentaban a un entorno social y gubernamental que se lo impedía. Sin embargo, aún persisten desafíos que enfrentamos, recordándonos que la lucha por la igualdad y equidad aún continúa, y aún nos falta por exigir, con el Estado teniendo mucho por cumplir como garante de nuestros derechos.
En Ecuador, conmemoramos este día en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en la historia del país. El presidente Daniel Noboa ha reconocido mediante decreto la existencia de un “conflicto armado interno”, sin reconocer ni abordar las causas estructurales profundas que subyacen en esta crisis de seguridad y violencia.
La militarización, aunque pueda ofrecer cierto nivel de seguridad momentánea, desprovista de un plan integral e intersectorial que aborde problemas estructurales como la pobreza, la seguridad alimentaria, el acceso a la educación y la salud, así como la discriminación y exclusión social de grupos vulnerables, y la Violencia Basada en Género (VBG) contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, se convierte en una medida paliativa que no contribuye a la construcción de una sociedad pacífica y segura, sino que criminaliza la pobreza y, en consecuencia, promueve la naturalización de la violencia.
En un país donde aproximadamente el 60% de las mujeres han experimentado algún tipo de VBG en su vida, ya sea física, sexual o psicológica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019), y donde cada 27 horas, una mujer es asesinada por ser mujer (femicidio), la inseguridad generalizada afecta de manera diferente y profunda a niñas, niños y mujeres. En este contexto, están expuestas a un mayor riesgo de violencia y violaciones de sus derechos.
La falta de garantías de seguridad pública por parte del Estado promueve la tolerancia social e impunidad frente a la VBG. Lamentablemente, en lugar de fortalecer las políticas públicas para prevenir y atender la VBG, el Gobierno ha reducido aún más el presupuesto destinado a este propósito, exacerbando la vulnerabilidad de las mujeres y perpetuando un ciclo de VBG generacional cuyo impacto en la vida de las mujeres y de la sociedad en general es profundo.
Las consecuencias de la VBG son devastadoras. Además del dolor emocional y físico que sufren las víctimas, esta también tiene un costo en el desarrollo social y económico del país. Esto se debe a que la VBG obstaculiza el acceso de niñas y mujeres a la educación y al empleo, así como su participación en espacios de toma de decisiones, lo que perpetúa la desigualdad de género y el potencial de desarrollo de toda la sociedad ecuatoriana.
La implementación de políticas y programas de prevención que aborden las causas subyacentes de la violencia, promuevan la igualdad de género, brinden apoyo especializado a las víctimas y garanticen un acceso efectivo a la justicia, es esencial para crear una sociedad más segura y justa para todos. Prevenir la VBG es garantizar la seguridad y el bienestar integral de un país.
*Joselyn Pispira es Gestora de Conocimiento de CEPAM-Guayaquil, psicóloga y terapeuta cognitiva conductual DBT – ACT con una mestría en Psicología Cognitiva. Durante su carrera profesional se ha destacado como investigadora en diseño de materiales de prevención de VBG. Tiene experiencia en atención a mujeres víctimas de VBG y es entrenadora en habilidades emocionales e interpersonales.
