Réplica a la nota: "En Pastaza todos los procesos judiciales contra alcaldes se han archivado"

Vistazo acoge la solicitud de rectificación del señor André Mauricio Granda Garrido, prefecto de Pastaza, cumpliendo con la disposición de la Ley Orgánica de Comunicación, cuyo artículo 23 sostiene: "Derecho a la rectificación. Las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, o sobre asuntos a su cargo por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general".

A continuación reproducimos la carta enviada por el funcionario a este medio de comunicación:

La publicación de la referencia, bajo el título “En Pastaza todos los procesos judiciales contraalcaldes se han archivado”, y la bajada que contrasta las “pérdidas patrimoniales de los alcaldes” con un “aumento de 111% del prefecto”, me ubica como autoridad provincial dentro de un relato encuadrado en investigaciones penales por delitos como estafa, ocupación ilegal del suelo y ocultamiento de información.

Si bien la nota reproduce cifras tomadas de mis declaraciones patrimoniales —que son públicas y juramentadas—, el modo en que se las presenta, junto a procesos penales que no me corresponden y bajo un titular que solo menciona “procesos judiciales”, induce al lector a una asociación inexacta y lesiva de mi honra y reputación, sin que exista, en el propio texto ni en la realidad, hecho alguno que sustente una imputación de incremento patrimonial injustificado.

En la nota de Revista Vistazo se citan los siguientes elementos que me aluden directamente:

“Aumentos progresivos de patrimonio. El prefecto de la provincia de Pastaza, André Granda Garrido, es una de las autoridades que presenta una subida permanente de su patrimonio. Sin embargo, en los últimos años, especialmente, entre 2023 y 2024, registró un incremento del 111%. Pasó de USD 22.143 a USD46.741, es decir, lo duplicó. En 2025, ese monto creció a USD 63.938, un incremento del 37%".

Entre 2023 y 2024 el aumento de dinero se ve, principalmente, en sus cuentas bancarias que pasaron en total de USD 700 a USD 13.500. Entre 2024 y 2025 su patrimonio creció en alrededor de USD 17.000, subida moderada tomando en cuenta que el sueldo mensual de los prefectos va entre los USD 4.500 a los USD 5.000.

Antes de ser prefecto, fue Especialista de Derechos Humanos y de la Naturaleza en la Defensoría del Pueblo, canceló USD 87 al SRI. Mientras que, en 2023, al empezar su trabajo como prefecto, pagó USD 2.824 de impuesto a la renta y para 2025, USD 6.565.

En diciembre de 2024, Granda fue noticia porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo sancionó por inducir al voto a favor de un candidato para la Asamblea y por promocionar el ‘Sí’ en la consulta popular del Yasuní 2023. Pidió disculpas y pagó USD 9.200.”

1. Soy Prefecto Provincial, no Alcalde, y no registro proceso penal alguno. El titular y la bajada de la publicación se refieren a “procesos judiciales contra alcaldes” y a delitos como estafa, ocupación ilegal del suelo y ocultamiento de información, así como presuntos delitos ambientales. Ninguno de esos procesos me es atribuible. La propia nota no menciona en mi contra ninguna investigación penal, denuncia ni proceso por estos u otros delitos. La única actuación que la publicación cita respecto de mi persona es de naturaleza estrictamente electoral y administrativa, ya resuelta, y pertenece a una categoría distinta. Incluirme en ese encuadre, sin esta precisión, configura una contextualización inexacta que afecta mi reputación.

2. Con respecto a la sanción del Tribunal Contencioso Electoral. La nota confunde dos procesos distintos ya que en el año 2023 tuve dos denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, en primera instancia un proceso de presunta inducción al voto a favor de un candidato a la Asamblea en donde se determinó que por la publicación de una fotografía en las redes sociales se indujo a una votación a favor de un candidato, que aunque no estuvimos de acuerdo y nunca se demostró la realización de campaña electoral, acatamos la sentencia y efectivamente dicho proceso fue cerrado. Sin embargo, con respecto al segundo proceso que trataba sobre la promoción del SÍ en la consulta popular del Yasuní, no tuve sanción alguna ya que dicho caso fue archivado y el Tribunal Contencioso Electoral nos dio la razón de que como autoridad de una provincia emitir una opinión sobre un hecho que afectaría la biodiversidad y la riqueza natural del territorio que administro no constituyen actos de proselitismo electoral. Llama la atención que mencionen en su publicación la situación geográfica y la preocupación sobre las afectaciones ambientales en la provincia de Pastaza y al mismo tiempo cuestionen al Prefecto de la provincia por emitir un criterio con respecto a un tema de interés ambiental como lo es el Yasuní.

3. El “111% de incremento patrimonial” es un porcentaje sobre una base baja, no un indicio de irregularidad. La publicación destaca un incremento del 111% entre 2023 y 2024 (de USD 22.143 a USD 46.741). Además señalan: “Entre 2023 y 2024 el aumento de dinero se ve, principalmente, en sus cuentas bancarias que pasaron en total de USD 700 a USD 13.500.” En términos absolutos, la variación patrimonial entre el 2023 al 2024 equivale a alrededor de USD 24.600 en un año, monto plenamente coherente con la remuneración lícita del cargo, además que la nota no profundiza en la declaración patrimonial juramentada donde se puede evidenciar que el incremento patrimonial corresponde al salario que percibo lícitamente y a la disminución de pasivos declarados en deudas que mantengo por un crédito educativo y créditos en entidades bancarias. La propia nota reconoce que el sueldo mensual de los prefectos se ubica entre USD 4.500 y USD 5.000, esto es, entre USD 54.000 y USD 60.000 anuales brutos. Un porcentaje calculado sobre un patrimonio inicial reducido produce cifras visualmente altas que no reflejan, por sí mismas, ninguna anomalía. Enmarcar este hecho en un posible incremento patrimonial injustificado o asociarlo a una publicación que trata sobre procesos judiciales de otras autoridades revela falta de profesionalismo o mala fe en el accionar del medio de comunicación.

4. La evolución patrimonial corresponde a ingresos lícitos, declarados y tributados. El crecimiento de mi patrimonio se explica íntegramente por la remuneración del cargo, percibida y declarada conforme a la ley. Como evidencia de ello, mis pagos de impuesto a la renta han aumentado de forma proporcional y transparente: de USD 2.824 en 2023 a USD 6.565 en 2025, según consigna la propia publicación. Un incremento patrimonial acompañado de un incremento tributario coherente es, precisamente, el signo de ingresos lícitos correctamente reportados al Estado.

5. La propia nota admite que el incremento es moderado y consistente con el sueldo. Al describir el período 2024–2025, la publicación califica el aumento (alrededor de USD 17.000) como una “subida moderada tomando en cuenta que el sueldo mensual de los prefectos va entre los USD 4.500 a los USD 5.000”. Esa misma lógica salarial explica el tramo anterior. El texto, por tanto, contiene ya el elemento que descarta cualquier irregularidad, aunque el titular y la bajada proyecten lo contrario. Las declaraciones patrimoniales son claras en mostrar mis activos que desde el 2023 son una vivienda y un vehículo comprados junto con mi esposa y con nuestro esfuerzo, que son el único patrimonio que tengo. No reconocer que parte del incremento reflejado es precisamente por el pago de deudas y disminución de los activos constituye negligencia por parte de la investigación realizada.

6. No existe hallazgo de autoridad de control que determine incremento injustificado. Mis declaraciones patrimoniales son juramentadas y de acceso público, presentadas ante la Contraloría General del Estado, además de que como autoridad que practico los principios de GOBIERNO ABIERTO, he sido el primero en publicar activamente mis declaraciones patrimoniales en la página web de la Institución a la que represento, no solo la mía sino la de todo mi equipo de trabajo. A la fecha, ningún órgano de control — Contraloría ni Fiscalía— ha establecido en mi contra incremento patrimonial no justificado, enriquecimiento ilícito, ni infracción alguna asociada a mi patrimonio. Presentar las cifras bajo un marco de sospecha, en una serie dedicada a procesos penales de otras autoridades, sin esta aclaración, vulnera mi derecho a recibir un tratamiento informativo verificado, contrastado, preciso y contextualizado (Art. 22 de la Ley Orgánica de Comunicación).

7. La transparencia no debería ser cuestionada, la falta de transparencia sí. Soy un joven de 35 años que llevo impulsando una administración limpia, transparente y donde hemos demostrado que el dinero alcanza cuando nadie roba. Esta bien que investiguen sobre los patrimonios de las autoridades, pero bajo ningún concepto permitiré que se nos pretenda asociar con hechos ilícitos o engañosos enmarcados en un contexto de desconfianza hacia las autoridades de una provincia. Precisamente, el foco no solo debería estar en quienes transparentamos nuestro patrimonio de manera voluntaria y directa porque no tenemos nada que ocultar, el problema es quienes ocultan sus patrimonios, riquezas, bienes, quienes tienen testaferros o se enriquecen de la noche a la mañana de manera sorprendente. Eso es lo que debemos rechazar diariamente.