Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores

La Comisión de Fiscalización interrumpió temporalmente la audiencia por gritos y cruces verbales entre legisladores.

Fotografía que muestra a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este martes 14 de julio.
Daniel Tristancho

La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.

LEA TAMBIÉN: Defensa de Inés Manzano reitera ante Comisión de Fiscalización que informe de Contraloría no la involucra

En medio de la fase de pruebas, los asambleístas interpelantes han insistido en atribuir responsabilidades a la exfuncionaria por el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM), mientras que su defensa ha sostenido que los hechos investigados ocurrieron antes de que ella asumiera el ministerio.

La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.

El cruce se produjo entre los asambleístas Blasco Luna y Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, y los oficialistas Luis Nango e Inés Alarcón.

La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.

Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.

LEA TAMBIÉN: Rompen acuerdo con el correísmo para Alcaldía de Guayaquil: líderes arremeten contra candidata "chimbadora"

Álvarez señaló que la asambleísta mantenía la costumbre de interrumpir las sesiones, a lo que Palacios respondió acusándolo de ejercer violencia política en su contra.

Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría

Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.

Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.

Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.

Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.

De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.

El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.

LEA TAMBIÉN: Caso Progen: Karla Saud rompe el silencio tras ser liberada y lanza advertencia contra ministros "involucrados"

Según la investigación fiscal, la empresa habría entregado generadores usados y con deficiencias técnicas en lugar de equipos nuevos, como establecían las especificaciones contractuales, lo que habría ocasionado un perjuicio cercano a USD 70 millones para el Estado.

Instagram