Unidad

Reubicar a los presos en la Penitenciaría del Litoral era parte del plan del gobierno para lograr el control de las prisiones. Su ejecución se realizó luego de que concluyó la final de la Copa Libertadores, evento que resultó un éxito turístico y económico para Guayaquil y donde no hubo actos violentos de gran magnitud. La reacción de las bandas criminales a esta acción gubernamental demostró lo que los expertos han sostenido: desde las cárceles el crimen organizado controla los delitos graves en el país y es responsable de la inseguridad general.

Con sincronización casi perfecta, se produjeron cada 10 minutos atentados para alcanzar un total de 18, tras los cuales cinco policías murieron, se destruyeron varias unidades policiales y se hizo fracasar uno de los feriados anuales más largos pues hubo necesidad de un toque de queda en las provincias más afectadas y los ecuatorianos tampoco quisieron exponerse a la creciente inseguridad. Las masacres carcelarias, los asesinatos por sicariato, no se limitaron a disputas entre bandas peligrosas, sino que los líderes criminales atacaron a ciudadanos comunes y declararon una guerra al Estado.

Sin embargo, muchos políticos han pretendido sacar provecho de este ataque contra el Estado, unos lavándose las manos como Pilatos y otros, inclusive, queriendo responsabilizar del desastre al gobierno actual, promoviendo un anticipo de las elecciones. Por ahora, no lograron su objetivo.

Es imposible pretender que un problema que lleva gestándose desde hace más de 15 años, se pueda resolver en los 20 meses que ha gobernado Guillermo Lasso. Los países que se enfrentan al crimen organizado, una vez que este se instala, tienen que combatirlo de manera permanente, más aún cuando por los ingresos monumentales que genera el narcotráfico, es muy fácil contaminar a instituciones débiles como las que tiene Ecuador.

De ahí que, para controlar la violencia es imperativa la colaboración de todos los elementos de la sociedad y de las funciones que constituyen el Estado, y aún así esto no será suficiente. Se requerirá de ayuda internacional, en lo cual está empeñado el gobierno y de una política que trascienda los intereses mezquinos de grupos, de partidos, de personas, algunos de los cuales por su posición siembran dudas sobre su vinculación a estas estructuras que hoy nos amenazan.

Ecuador dejó de ser una isla de paz, pero puede ser una sociedad con seguridad si funcionan sin corrupción las organizaciones encargadas del orden público y si cuentan con los recursos económicos que necesitan. La magnitud de la crisis exige, que se abandone la politiquería y que si no se coadyuva para solucionarla, por lo menos que no se entorpezca a quienes intentan hacerlo.