Romper el círculo vicioso
El mundo vive las consecuencias de dos años de pandemia y una guerra inesperada por causa de la invasión rusa a Ucrania. Todos los países enfrentan procesos inflacionarios y se teme una recesión global. Ecuador no podía estar exento de sus efectos, pero además tiene el arrastre de una deuda voluminosa y un desequilibrio en sus cuentas fiscales originados en más de una década de manejo irresponsable de las finanzas públicas. No obstante, para quienes se han levantado en contra del régimen del presidente Guillermo Lasso no cuentan estas circunstancias sino la voluntad de líderes que buscan réditos políticos personales aprovechándose de la dura situación económica actual y utilizando a grupos vulnerables con este propósito. Es el caso del señor Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien desde que fue elegido se ha propuesto causar el caos para demostrar su supuesto poder. En el primer diálogo convocado por el gobierno se hizo esperar y después abandonó el proceso aguardando al acecho la ocasión para movilizarse y buscar repetir lo que ocurrió en 2019, proceso trágico que además de vidas humanas significó cerca de mil millones de dólares en pérdidas y un golpe a la institucionalidad de Ecuador, pues se destruyeron propiedades públicas y privadas, como el edificio de la Contraloría y el canal Teleamazonas, se secuestró públicamente a periodistas, militares y policías.
El país vive en democracia, que con todas sus deficiencias tiene los canales adecuados para articular las demandas sociales. La Conaie, por ejemplo, cuenta con un brazo político en el Poder Legislativo, Pachakutik que es la segunda fuerza política, e incluso estuvo al frente de la Asamblea Nacional, para articular leyes que ayuden a las comunidades y con un verdadero diálogo, sin la prepotencia de la imposición, hallar concesiones y ventajas por parte del Ejecutivo para lograr las mejoras que indudablemente requieren los pueblos indígenas. Desafortunadamente, parece que a los dirigentes lo que les mueve son otros intereses, no los que resulten en mayor beneficio para sus comunidades.
La protesta por protestar o la propuesta violenta no pueden ser aceptadas, porque esa clase de protestas violan derechos de los demás ecuatorianos: al trabajo, a la propiedad privada, a la inversión, a la seguridad personal. El país necesita romper este círculo vicioso y para ello es indispensable que no haya impunidad a los delitos que se cometen con el pretexto de protestar como ocurrió con los de octubre de 2019, gracias a la decisión de amnistía general concedida por la Asamblea Nacional.