Basta de abusos al IESS
2020/11/1312:47H.
EDITORIAL
El gobierno le debe al IESS 1.400 millones de dólares. Ha decidido pagarle en efectivo 230 millones y en bonos de cinco, 10 y 15 años plazo lo restante. El gobierno ayuda así a su caja fiscal, pero complica al IESS, sin que ninguno de los verdaderos dueños de la institución: los empresarios y los trabajadores, tengan opción para rechazar la propuesta. Es la historia de nunca acabar. El abuso permanente de los gobiernos de esta institución, cuyas finanzas a largo plazo están en entredicho. Los estudios actuariales sostienen que al ritmo actual, y si no se toman las medidas adecuadas, las pensiones jubilares y la prestación de los servicios de salud pueden colapsar.
El IESS tiene como presupuesto de operación prepandemia 8.516 millones de dólares. Para darnos cuenta de la magnitud de ese presupuesto, hay que compararlo con el PIB de algunos países: es casi igual al de Haití y el 69 por ciento de Nicaragua. De ese presupuesto, 1.985 millones van al seguro de salud, un monstruo donde lo último que existe es un servicio adecuado: las citas médicas toman meses y los medicamentos se caducan en las bodegas, cuando no se los roban las mafias que los controlan, algunos de cuyos más prominentes miembros hoy enfrentan juicios penales, incluyendo quienes fueron sus más altas autoridades.
El presupuesto de salud tan inflado es también el resultado de una decisión torpe de la Asamblea Nacional, que definió que se den prestaciones de salud a familiares de los afiliados, sin un cobro adicional por las mismas. El otro monstruo es el gasto administrativo: 350 millones de dólares que alimenta a casi 37.000 empleados (cifra de 2019). En comparación, las seis mejores gestoras de fondos de pensiones en Chile juntas tiene 8.000 empleados.
La función de la Seguridad Social es garantizar el ahorro de vida de sus afiliados para en la vejez tener una jubilación adecuada, pagada a tiempo y sin la zozobra que a futuro se esfume por la
irresponsabilidad de los políticos. De ahí que el IESS necesita una reforma profunda, para dejar de ser la caja chica de los gobiernos y la central de empleo de los partidarios de quien está en el poder.
Debe ampliarse el número de sus directores, con mayoría para los trabajadores y los empresarios y representantes estatales, con voz, pero sin voto. Esos directores deben nominar a los administradores, a través de un concurso internacional, para que los recursos se administren con pulcritud y eficiencia, como ocurre con grandes fondos de dinero en otros países.
Los actuales candidatos presidenciales deben presentar propuestas concretas a la reforma y cumplirlas en sus primeros días de su administración. Basta ya del abuso de dinero que no le corresponden a ningún gobierno, sino a sus afiliados.