Política criminal
2020/11/0411:39H.
POR VÍCTOR CABEZAS
La política es un servicio público destinado a organizar a la sociedad. Es una actividad de gobierno que habilita a una persona a ejercer un cargo de liderazgo que impacta a toda la
colectividad. En la antigüedad, el encargo político era una distinción ciudadana a la que se llegaba después de haber transitado por la vida privada demostrando respeto al derecho propio y ajeno, productividad, honestidad, eficiencia. La política era un espacio de honorabilidad a la que, normalmente, solo llegaban quienes pudieran mostrar unos cuantos buenos años de corrección. Allí había una enseñanza importante: un buen ser humano no se improvisa, se construye, se consolida, se prueba y evalúa a lo largo de la vida.
No sé en qué momento perdimos ese norte.
No sé en qué momento y cómo llegamos al punto en que Daniel Salcedo o Abdalá Bucaram puedan tener los elementos legales para ser candidatos a dignidades públicas. Hoy, la política está desprestigiada y ha perdido su sentido de servicio al público como un honor que se gana después de un trajinar largo y honesto por la vida privada. Pero eso es lo menos grave. Hoy, la política es un espacio que ofrece prebendas a los sospechosos de delincuencia, es una ventana a la impunidad. Nótese la desfiguración: en Ecuador no solo que la política está perdiendo su misión originaria del más alto servicio a la ciudadanía, sino que se ha convertido, de hecho, en una coraza para evadir la ley, evitar las investigaciones y, con ello, proteger al crimen.
No imagino un escenario más crítico para la democracia que uno en el que la ley incentive a que los ciudadanos menos probos, por decir lo menos, arriben al poder cómodos y archivando, de pasada, los procesos que pesan en su contra. Ecuador debe dejar de reconocer incentivos perversos a la participación política. Una persona merecedora de llegar al poder jamás necesitaría que la ley suspenda sus investigaciones penales. Con esas motivaciones siniestras, ¿quiénes esperamos que lleguen al poder?