La devaluación de la meritocracia

Patricia Estupiñán

El camino al infierno está poblado de buenas intenciones. Eso ha pasado con la meritocracia en Ecuador. Desde los inicios de su gobierno, Rafael Correa se convirtió en el abanderado de la tesis de que en el país debía imponerse un sistema de méritos sobre todo para un funcionamiento eficiente del Estado. Las intenciones, probablemente genuinas porque el propio Correa es el resultado de la meritocracia, fueron desfiguradas por su insaciable apetito de poder.
 
El sociólogo británico Michael Young acuñó el término meritocracia en 1958 en el libro “The rise of the meritocracy”. El mérito es el IQ (coeficiente intelectual) de un individuo más su esfuerzo. Desde esta perspectiva la meritocracia es un sistema en el cual la movilidad social de una persona depende del mérito individual y no de su origen, conexiones familiares o riqueza. El “sueño americano” cabalga sobre esta filosofía. En la administración de las empresas y en los sistemas públicos de países occidentales se contrata y promueve por méritos individuales. El sistema está ligado al capitalismo, donde se aboga por igualdad de oportunidades, que provienen de acceso a una educación pública de calidad. No obstante, también ha sido adoptado por China para su sector público. Los funcionarios ingresan luego de concursos de méritos y oposiciones. Igual sucede con los “Tigres Asiáticos”: Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Sectores públicos eficientes son indispensables para el desarrollo y progreso.
 
El presidente Rafael Correa aseguró que los mejores individuos estaban en el sector público. En las sabatinas nombraba todos los posgrados y en qué países habían estudiado ministros y funcionarios… pero a la hora de la selección en otros puestos clave, el mérito que primó fue la lealtad al proyecto. Con ello destruyó la meritocracia. El caso más escandaloso ocurrió en el magisterio, donde se nombraron rectores y profesores por estar vinculados a la red de maestros, sin cumplir los requisitos y chequear sus antecedentes penales. Otros ejemplos reprochables que hubiesen sido motivo de destitución en un sistema de meritocracia son: un vicepresidente que para ocupar el cargo plagió parte de su tesis del “Rincón del Vago”; cuatro miembros de una familia que se graduaron usando la misma tesis; una presidenta de la Asamblea que tuvo el don de la ubicuidad y dirigió la Asamblea, se graduó de la universidad y cuidó de una familia al mismo tiempo; una vicepresidenta de la Corte Constitucional que obtuvo 100/100 en las pruebas de oposición y méritos pero que habría llevado la contabilidad de las coimas de Odebrecht; un contralor que también obtuvo su cargo con nota perfecta pero que recibía sobornos a cambio de informes favorables…
 
Para nuestra tragedia, el software perverso quedó instituido: una vicepresidenta fue despojada de una maestría porque no la cursó y el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana acumuló “méritos” asignándose labores que no realizó, deshizo compras de propiedades difíciles de justificar e hizo campaña como sacerdote, lo que está prohibido. ¡Solo en nuestro país convertimos un sistema positivo en negativo!