Indignación
2020/07/1812:11H.
POR PATRICIA ESTUPIÑÁN
Julio 10, en las redes sociales un familiar de un paciente crítico de COVID-19 pide el medicamento Actemra (Tocilizumab). El pedido recuerda la desesperación vivida en Guayaquil durante los meses de marzo y abril, cuando el coronavirus fue un vendaval de muerte, que se llevó a 9 mil personas, algunos que no resistieron el virus y otros porque la saturación hospitalaria impidió atenderlos.
En ese mismo tiempo, por redes sociales y whatsapp, Abraham Muñoz, el entrenador y amigo de Daniel Salcedo, uno de los implicados en las ventas fraudulentas de insumos y medicinas en hospitales públicos, lo entregaba por mil dólares. El medicamento era propiedad del IESS y fue donado por la empresa Roche. Sin embargo, escaseaba para los enfermos de estos hospitales, porque una red criminal los robaba y vendía. Muñoz fue reconocido por personas que le compraron el medicamento cuando fue a declarar en contra de Daniel Salcedo, porque había utilizado su nombre para viajar al Perú donde se accidentó en una avioneta.
Para calificar con una discapacidad del 85 por ciento, Félix, quien sufría del mal de Parkinson, que lo mantenía atado a una silla de ruedas y necesitaba de asistencia permanente para cumplir con sus necesidades más elementales, tuvo que someterse a rigurosos exámenes y a las visitas de trabajadoras sociales en un proceso que duró más de un año. El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, tiene casi igual porcentaje de discapacidad, supuestamente visual, pero realiza sus actividades en el Consejo sin ninguna asistencia.
Para quien ha perdido durante la pandemia a familiares, amigos o conocidos, resulta abominable que sus seres queridos no tuvieron el medicamento porque una red lo sacó del hospital del IESS y lo vendió. Y para aquel que tuvo que seguir los tortuosos trámites y fue vejado en su fragilidad física o aquel que todavía no ha alcanzado que le emitan un carné que le permita pagar la mitad de un pasaje en transporte público, es una afrenta imperdonable que personas por conexiones políticas, lo obtengan para adquirir vehículos de alta gama y no pagar impuestos.
La memoria social suele ser frágil, pero estos casos no deben olvidarse porque constituyen un atentado contra la dignidad humana. Para los ladrones de los insumos, que la justicia los condene a la cárcel por largos años, y para los funcionarios que obtuvieron carnés de forma fraudulenta, la muerte política. Si tienen algo de dignidad presenten su renuncia: han perdido su credibilidad para el cargo que ocupan.