Cinturas finas, Estado obeso
Si se va a luchar contra el sobrepeso, que las balas apunten a todos los culpables. De lo contrario parecería que el impuesto a la comida rápida solo tiene un propósito: engordar más al Estado.
Desde 2008, Japón, el país desarrollado con menos porcentaje de obesos tiene la ley más draconiana contra la gordura. Las personas entre 40 y 70 años de edad no pueden excederse de una medida de cintura de 90 centímetros en el caso de los hombres y 80 en el de las mujeres. Si superan este límite, reciben obligatoriamente instrucciones para cambiar su dieta y hacer ejercicio. El control le corresponde al lugar donde trabajan. Si la empresa o institución tiene un alto porcentaje de personas con sobrepeso, paga una multa que consiste en el aumento del 10 por ciento de los seguros de salud durante cuatro años, lo que significa millones de dólares. NEC, por ejemplo, debe pagar 19 millones de dólares. De esta forma, Japón quiere mantener a raya enfermedades como la diabetes y los infartos.
Otros países también están buscando alternativas para enfrentar la obesidad y disminuir el gasto que causan las enfermedades originadas en la gordura en los presupuestos de salud pública. La tarea no es fácil ni tampoco hay una fórmula que garantice el éxito. Uno de los caminos es el aumento de impuestos en productos con alto contenido de azúcar y grasas. Hay división al respecto en los resultados. Según estudios de la Universidad de Yale y el British Medical Journal, los impuestos ayudan a reducir el consumo de los alimentos inadecuados, porque éstos se vuelven más caros. Sin embargo, con ello no se cambian los hábitos alimenticios. En 2011, Dinamarca introdujo un impuesto a la grasa en la mantequilla, el queso, la pizza, la carne, el aceite, que contenían más de 2,3 por ciento de grasa saturada. Un año después, el impuesto fue eliminado porque fomentó el contrabando. Los daneses cruzaban frontera para comprar los productos más baratos en los países vecinos. La medida no solo que se volvió una pesadilla burocrática sino que puso en riesgo económico a las empresas locales, que comenzaron a operar en Suecia y Alemania, donde no tenía la misma carga impositiva.
El sobrepeso también se ha convertido en un problema en Ecuador y el Gobierno ha decidido enfrentarlo. Un buen propósito. ¿Quién puede oponerse a que seamos más saludables y que prevengamos enfermedades crueles como la diabetes o los males cardiacos? Nadie en su sano juicio. No obstante, hay señales contradictorias. Se exige a los alimentos procesados que tengan en sus empaques un semáforo advirtiendo la concentración de sal, azúcar y grasas. Sin embargo, esta medida se aplica a las industrias. Los productos artesanales, cuya elaboración es sin control no tienen las advertencias. Se discute además acerca de poner un impuesto a la comida rápida, denominada “chatarra”, alta en contenido en grasas, sal y azúcares. Pero parece que se tiene en mente a las cadenas de franquicias como las únicas responsables del aumento de peso y se ignora que la comida nacional, aunque es deliciosa, no es el mejor ejemplo de comida saludable. Nuestros platos tradicionales tienen igual o más calorías que las llamadas comidas rápidas. A los unos se estigmatiza, de los otros se hacen campeonatos.
En una explicación simplista, una alta funcionaria defiende el valor nutricional de la comida autóctona argumentando que antes no éramos gordos. Claro, en el pasado éramos menos sedentarios y por ello menos gruesos. Si se va a luchar contra el problema del sobrepeso, que las balas apunten a todos los culpables. De lo contrario parecería que el impuesto dedicado a las franquicias de comida rápida solo tiene un propósito: engordar más a un Estado completamente obeso.