Réquiem por la economía

Carlos Rojas Araujo

Ya no queda tiempo. Si el país llega a la campaña electoral sin un acuerdo mínimo sobre cómo enfrentar sus serios problemas fiscales, corre el riesgo de condenarse otros cuatro años más, en el mejor de los casos, a un desempeño económico mediocre.
 
Al Gobierno se le ha hecho muy complicado administrar su debilidad política. El proyecto de Crecimiento Económico no funcionó como un catalizador del debate sensato y urgente que se requería en la Asamblea para paliar en algo las heridas que dejó el violento paro de octubre. Por el contrario, se percibe bloqueo y demagogia.
 
Aun cuando la Ley logre aprobarse a empellones, el presidente Moreno ha dejado de ser convincente; perdió la iniciativa. 
 
El vacío lo quieren cubrir los actores de una movilización en la que se inspirarán para construir el ‘storytelling’ de sus candidaturas. La propuesta económica y social presentada por el movimiento indígena y sus fuerzas satélites (sindicatos y la plana mayor de la izquierda sesentera) arroja tres lecturas. Una, su escaso sentido de autocrítica y el amplio portafolio de exigencias e imposiciones propias del marcado clientelismo de sus dirigentes. Dos, su desinterés por incorporar en sus diagnósticos y soluciones la visión del ‘otro’. Es decir, la del empresario, la del Gobierno o la del joven con nuevos paradigmas, a quienes hoy se los concibe como los depositarios del atraso nacional.
 
Finalmente, está su profunda vocación correísta para entender la economía y ejercer la política, así repudien al expresidente y así en la redacción de sus documentos estén Alberto Acosta o Pablo Dávalos, los primeros renegados de la década ganada.
 
El poder de veto que hoy ejerce la Conaie no tendría tanta fuerza ni generaría tanta conmoción si del otro lado hubiera una clase política más responsable.
 
La fórmula del Partido Social Cristiano de cuestionar la eliminación de los subsidios a los combustibles, oponerse a que suban los impuestos, pero a la vez exigir la reducción del gasto público, que entre otras cosas se lograba con el decreto 883, confunde a un país que hoy más que nunca busca certezas.
 
Es verdad que el Gobierno redujo la cuestión económica a la urgencia de completar los dólares para llegar a fin de año, cuando su obligación era marcar una estrategia para renegociar el pesado endeudamiento o establecer como prioridad la reforma laboral de los nuevos tiempos. Y sobre la crítica a esa gestión se han planteado las más diversas recetas, sin que exista un espacio ni un actor que en realidad las articule.
 
Ecuador tiene que hablar de economía y hacerlo con patriotismo. Si no logramos convencernos de que para salir de la crisis hay que ordenar las finanzas públicas y que sobre ese monumental esfuerzo, los políticos que quieran ser presidentes se comprometan a un manejo responsable de los recursos estatales, no habrá un país viable.
 
Se necesitan menos dogmas, más sentido común y un frente de ecuatorianos que incorpore la visión de las clases medias, desdramatice el cuento de los combustibles subsidiados y hable de pobreza por fuera del discurso hueco de los políticos populistas y las amenazas de la Conaie con levantarse de nuevo. ¿Quién podrá hacerlo?