Las cuentas que Correa no logra cuadrar

Carlos Rojas Araujo

Cuando fue presidente, Rafael Correa amenazó con renunciar a su cargo no menos de 14 veces. Y mientras impulsaba, con su mayoría legislativa, el proyecto de reelección indefinida, repitió otras tantas que no le interesaba eternizarse en el poder. Pamela Aguirre, hoy acusada de recibir aportes ilegales, movió montañas para destruir el paréntesis, abierto por sus estrategas, a fin de que el desgaste y los problemas fiscales, no le jugaran una mala pasada electoral en 2017. Correa confió en que Lenín Moreno le guardaría el puesto, pero el encargo se volvió “traición”.
 
Ahora, se hilvana el relato del retorno inevitable. ¿Cabe creerle? La leyenda se pinta en las paredes; y en la tele, el ex Presidente usa a uno de sus periodistas más obsecuentes para insistir que en Ecuador ocurrirá lo de Argentina: ¡El regreso del progresismo!
 
Sin embargo, tal y como están las cosas, es arriesgado para Correa, con orden de localización y captura, inmolarse como Jorge Glas, con casi dos años en arresto y sin que las calles se calienten a su favor.
 
La Fiscalía ya no le pertenece. Diana Salazar persiste en la trama de sobornos 2012-2016, que sin las detenciones de Pamela Martínez y Laura Terán, colectoras confesas de millones de dólares, el caso no hubiera pasado de los titulares de prensa.
 
Si la sentencia a Glas, que aún no está en firme, fue cuestionada porque configuró un delito menor (asociación ilícita), la hipótesis de Salazar es más fuerte: una organización criminal que incurrió en cohecho, cuya pena no prescribe. 
 
Hábil como siempre, el correísmo mantiene una estrategia sistemática de opinión pública para mostrar este caso como la más infame persecución judicial. Varios abogados inteligentes alimentan ese discurso, asegurando, por su monto, que el depósito de 6.000 dólaresen una cuenta de Correa es insuficiente para condenarlo como un Presidente corrupto.
 
Serán los jueces los que valoren dicha transacción bancaria; no obstante, esta abre otras interrogantes que golpean su imagen. Por ejemplo, no es políticamente correcto que en el despacho presidencial se haya alimentado un “fondo solidario” con suficiente liquidez en efectivo, como para que Correa disponga de la noche a la mañana de 6.000 dólares. Más aún, cuando la revolución ciudadana era enemiga de los ‘fonditos’ echando abajo al FEIREP o justificando el traspaso al BIESS del Fondo de Cesantía del Magisterio, por haber sido “la caja chica del MPD”. Si la Presidencia quería ser ejemplo de pulcritud, ese fondo solidario tenía que administrarse en una cuenta bancaria.
 
Lo más cuestionable viene de boca del propio Correa, cuando aduce que el préstamo sirvió para solucionar un “sobregiro recurrente”. Que un presidente, que además es economista y que muchos de sus gastos (movilización, comida, seguridad) estaban cubiertos por el Estado, admita el desorden de sus finanzas personales, deja entrever el dispendio con el que manejó las platas del Estado. En lo público hay que ser y parecer…
 
Las explicaciones jurídicas y políticas que Correa debe al Ecuador hacen que su enésima promesa del retorno sea eso… una promesa.