FMI y el voto de confianza

Carlos Rojas Araujo

Casi siempre, en las conversaciones coloquiales alrededor de la dolarización, los argumentos para defenderla son los mismos. Que mantiene el poder adquisitivo de los salarios; que la inflación está bajo control; que es posible endeudarse a largo plazo...
 
Sin embargo, su principal milagro no fue económico. Desde que Ecuador perdió su ‘soberanía’ monetaria, los políticos de turno ya no pudieron meter sus manos en el sistema dolarizado. Y a pesar de que en la década pasada se hizo muy poco para fortalecerlo (alto gasto público, endeudamiento acelerado y bajo respaldo al sector productivo), el modelo sigue vigente porque responde a factores externos.
 
La dolarización se revitalizó en el último ‘boom’ petrolero y actuó como una exitosa política social, pues el salario de los más pobres dejó de irse, mes a mes, por el caño de la devaluación, una medida que siempre la adoptaron los gobierno de turno.
 
No es una exageración señalar, entonces, que el único consenso que tiene el Ecuador surge de una política externa que dio orden al país sudamericano más inestable de los años 90.
 
En estos días, el presidente Lenín Moreno tomó una de las decisiones trascendentales de su mandato: volver al Fondo Monetario Internacional, 16 años después, a fin de estabilizar la economía y tener el aval extranjero para impulsar las reformas estructurales urgentes.
 
El Régimen se demoró en hacerlo y es comprensible su temor por dar este paso. Los demagogos de izquierda y de derecha cuestionarán el acercamiento con el FMI por las medidas de ajuste que tendrán que aplicarse. Es posible que se active la protesta social, aunque ni de lejos tendrá la contundencia de los años 80 y 90, cuando en las calles se deslegitimaban los gobiernos y se caían los presidentes.
 
Más allá de que Moreno suba el IVA, arrecien los despidos en el sector público, con el drama familiar que eso conlleva, o que haya compromisos macrofiscales inamovibles, la lectura sobre el acuerdo con el Fondo puede ser más política y aquí embona con sutileza el patrimonio implícito que la dolarización supuso para los ecuatorianos.
 
El FMI puede ser, en esta ocasión, un ancla de estabilidad para un país que no sabe generar acuerdos, programas ni institucionalidad a largo plazo. Llegamos al 2007 con la fama de botar gobiernos y encaramar en el poder vicepresidentes e interinos.
 
Lo curioso es que los mandatarios que firmaron con el FMI (Hurtado, Febres-Cordero, Borja, DuránBallén y Noboa) no se cayeron, a pesar de las duras protestas. A Gutiérrez lo consumió, en el 2005, una crisis política dentro de la más apacible estabilidad económica que el Ecuador recuerde desde 1995.
 
Ni el permanente bloqueo de la partidocracia ni el modelo autoritario correísta dieron al país una economía sostenible capaz de superar la volatilidad del petróleo o de construir la reputación que los mercados e inversionistas requieren para apostar por su crecimiento.
 
Por eso el Gobierno vende el acuerdo con el FMI como un voto de confianza externo como única manera de convencer a los ‘veto players’ locales (políticos, empresarios, sectores sociales) de que la transición requiere sacrificios, orden y estabilidad en las finanzas públicas. ¿Será esto posible?