Caso Villavicencio llega a una etapa crucial: Todas las piezas, los roles, el informe final y la acusación de Fiscalía

“Tengo miedo, pero sé que, si llego vivo hasta el lunes, el Ecuador sabrá la verdad sobre la muerte de Fernando Villavicencio”, escribió el expolicía Ronald Herrera en un mensaje de Whatsapp a su esposa. Era un miércoles 19 de noviembre de 2025 por la tarde. Al lunes siguiente, debía rendir testimonio en el caso Magnicidio FV, pero temía que lo mataran en la cárcel, donde estaba recluido desde 2024 cuando fue capturado por liderar una banda dedicada al robo de entidades bancarias. En los mensajes que envió, adjuntó imágenes, audios y otros datos para que su pareja hiciera públicos si es que algo le llegaba a pasar. “Me quieren meter 300 mil (dólares) para cambiar mi testimonio (...) a los que se niegan los intentan matar”, añadió.

Este relato consta dentro del expediente. Y la acusación de la Fiscalía en el caso Magnicidio FV no pudiera entenderse sin eso, ya que graficaría intento de asegurar la impunidad de los responsables del asesinato del excandidato presidencial. Al menos así lo dio a entender la fiscal Ana Hidalgo la primera semana de julio mientras se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio contra siete procesados, a quienes señala no solo de planificar el crimen desde finales de mayo de 2022 y ejecutar el plan el 9 de agosto de 2023, sino también de buscar maneras de manipular el proceso judicial para echarlo abajo con estrategias como la compra de testigos.

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La historia es la siguiente: La noche de ese 19 de noviembre de 2025, cuando el expolicía Ronald Herrera enviaba el mensaje a su pareja, estallaba la polémica en el país porque uno de los testigos estrella de los casos Metástasis y Magnicidio FV, Marcelo Lasso Saavedra, quien había señalado como responsables del asesinato de Fernando Villavicencio al exministro José Serrano, al empresario y prófugo de la justicia Xavier Jordán, al exasambleísta Ronny Aleaga, al sentenciado Daniel Salcedo, y a figuras como Rafael Correa y Jorge Glas, daba un giro radical en su versión. Lasso, desde Bolivia, en una videoconferencia vía Zoom, decía que la exfiscal Diana Salazar lo había presionado y amenazado para que dijera eso, pero que la verdad siempre fue que el expresidente Guillermo Lasso y su cuñado, Danilo Carrera, ordenaron el magnicidio. Los procesados y el correísmo aplaudieron y difundieron esa versión como señal de triunfo.

Ese mismo día en la mañana Ronald Herrera y Marcelo Lasso intercambiaron varios mensajes. Lasso decía que Xavier Jordán le ofreció dinero y una vida en Estados Unidos por cambiar su versión e increpaba a Herrera para que también aceptara el trato. Estos chats son parte del informe final que realizaron 14 agentes policiales de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General (UNIF) en el proceso que investiga a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio y que se conoció en una audiencia a inicios de junio.

Al final, Herrera no cambió su versión. El lunes 24 de noviembre de 2025 dijo que, como policía, fue reclutado por el entonces ministro del Interior José Serrano para hacer trabajos de espionaje. Luego cayó en desgracia, fue a parar a la cárcel y conoció a Daniel Salcedo, para quien también trabajó. En 2022 se reunió con Salcedo y Serrano, vía videollamada para planificar seguimientos a Fernando Villavicencio. Relató que Salcedo había sido contactado por Xavier Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero, quienes tenían intención de acabar con Fernando Villavicencio por las denuncias que hacía como asambleísta. Ese plan se pausó por la muerte de Norero y luego se reactivó en 2023.

En su acusación en la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal Ana Hidalgo señaló a Jordán como “el núcleo a agente determinador”, quien motivó la iniciativa criminal y financió la operación contra Villavicencio. De José Serrano dijo que fue el artífice para proveer las capacidades institucionales al usar sus contactos dentro de las unidades de inteligencia de la Policía, lo que tendría relación con la versión del expolicía Ronald Herrera.

Pero los implicados lo niegan. En julio de 2024, ya fueron sentenciados a 34 años de cárcel Carlos Angulo, alias “Invisible”, y Laura Castillo como autores mediatos del crimen de Villavicencio. Ellos, junto a otros condenados, son parte de una facción de Los Lobos en Quito, que proveyeron de las armas y la logística a un grupo de sicarios colombianos que ejecutaron el magnicidio el 9 de agosto de 2023.

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Más de dos años pasaron desde la muerte de Villavicencio para que la Fiscalía vinculara a los supuestos siete autores intelectuales en el caso Magnicidio FV. Se trata de José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, y Daniel Salcedo, como los cerebros, financistas y enlaces; y a Wilmer Chavarría, alias “Pipo” y líder de los Lobos; Esteban Aguilar, alias “Lobo Menor”; y Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”, con quienes se habría acordado una tarifa de un millón de dólares. Según las versiones recogidas por la Fiscalía, medio millón era para Los Lobos y la otra mitad para el grupo colombiano que estaba integrado por disidentes de las FARC.

El proceso avanza con la audiencia preparatoria de juicio, en la que el juez debe determinar si las pruebas presentadas por Fiscalía son suficientes para llevar a juicio a los procesados o acepta los descargos de los implicados y los absuelve.

El único que acepta la culpa es Daniel Salcedo, aunque indirectamente. Guardó silencio, dijo él, hasta junio de 2025, cuando sufrió un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba. Después, dio una declaración en la que detalló cómo habría coordinado con Norero, Jordán y Serrano para hacer los seguimientos a Villavicencio, habló del contacto con Los Lobos y otros temas. Tras la revelación del informe de la UNIF, lo trasladaron de la Cárcel 4, en Quito, a El Encuentro, en Santa Elena. También fue enviado el expolicía Ronald Herrera. Algunos temen que los puedan matar porque en El Encuentro están alias “Invisible” y otros miembros de Los Lobos.

En cuanto a la banda criminal, hubo que esperar hasta inicios de este año para que hablara alias “Pipo”, desde una prisión en España, ante un pedido de interrogatorio de la Fiscalía de Ecuador. El líder criminal dijo que quien mandó a matar a Villavicencio serían el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg. Según su relato, que consta en el expediente fiscal, aseguró ante la justicia española no pertenecer a ninguna banda ni ser narcotraficante y afirmó que lo habrían amenazado para que diera una declaración contra Rafael Correa. Obviamente el correísmo se hizo coro de la noticia, tal como lo hizo unos meses atrás con la declaración de Lasso Saavedra.

Por su parte, Xavier Jordán, quien fue condenado por el caso Metástasis como socio de Leandro Norero, dice que la Fiscalía es la que arma casos y compra testigos. Según él, no se ha podido demostrar que los chats que la Fiscalía le atribuye con Norero y en los que se habla de acabar con Villavicencio sean verdaderos. Incluso puso una demanda en EE.UU. contra la exfiscal Diana Salazar. Jordán vive en Miami y sostiene que, si fuera culpable de algo, ya lo habría perseguido la justicia norteamericana.

El exministro José Serrano también denuncia persecución política. Se encuentra detenido en Estados Unidos por un proceso migratorio que aún no se resuelve. Su esposa, María Paula Christiansen, en una versión rendida para Fiscalía, argumentó que ella y Serrano conocieron a Jordán en febrero de 2023 porque eso está documentado en sus chats, lo que hace imposible que ellos dos hayan planificado el crimen de Villavicencio desde 2022, tal como dicen las versiones que ha recogido la Fiscalía.

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Dentro del informe final de la UNIF se recogen varias conversaciones entre las parejas de Jordán y Serrano, que incluso comparten abogados para intentar posicionar su versión de inocencia. Asimismo, el informe detalla cómo fue el propio Jordán y Serrano quienes contrataron una perito en Estados Unidos para que extrajera la información de los dispositivos electrónicos de Marcelo Lasso, quien cambió su versión.

La UNIF, con base en los chats, concluye que para el acuerdo con Lasso se fijó un “pago de 2.000 dólares diarios para gastos, residencia en los EE.UU., el pago de 25.000 dólares cuando llegue a Bogotá y entregue su teléfono para periciarlo, el resto cuando llegue a EE.UU., el pago final sería la cantidad de 50.000 dólares (sic)”. Los pagos se harían a través de terceros con la familia de la novia de Lasso.

En la lista de implicados también está Ronny Aleaga, quien en su condición de asambleísta en ese entonces accedía a información, ofrecía blindaje político a sus socios y también era enlace con Los Lobos, de acuerdo al expediente. Aleaga fue parte de la pandilla Latin Kings y, junto a Norero, líder de Los Ñetas, llegaron a un proceso de “pacificación” con el gobierno en 2009. Es prófugo de la justicia ecuatoriana y también se declaró perseguido político. Precisamente, por “culpa” de Aleaga se incorporó al expediente la transcripción de una reunión del buró político del correísmo que daría cuenta del intento de manipulación del caso Magnicidio FV.

El pasado 18 de diciembre, el excapitán de la Policía Rodney Rengel regresaba de un viaje a Venezuela. Apenas aterrizó en Quito, lo detuvieron y le incautaron sus teléfonos. Él está procesado en el caso La Madrina, que investiga la filtración de información del caso León de Troya que indagaba supuestos vínculos entre la mafia albanesa, Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. En sus teléfonos hallaron el video de una reunión entre Rafael Correa, Ronny Aleaga, Rodney Rengel, el asambleísta Juan Andrés González, líder de la bancada de la Revolución Ciudadana, entre otros.

En resumen, Rengel, quien también se reunión con José Serrano y dejó registro en una foto, había sido reclutado como asesor para investigar el caso Porsche e intentar encontrar alguna vinculación entre un atentado explosivo en La Bahía de Guayaquil y el presidente Daniel Noboa, ya que un vehículo Porsche de Industrial Molinera apareció cerca de la casa de un implicado en ese caso. Grupo Noboa dijo que se trató de una coincidencia porque fueron a dejar a una de sus empleadas que tuvo una emergencia.

A Rengel le encargaron obtener información y hablaron sobre el uso de cámaras de Segura EP, empresa del Municipio de Guayaquil, para estos fines. Correa ordenaba qué casa había que vigilar con las cámaras. El gobierno de Noboa aprovechó la filtración para decir que el correísmo conspira en su contra. Mientras Correa dijo que no hay nada de ilegal en intentar investigar el caso Porsche.

Pero lo más importante de esa reunión era la asistencia de Rengel para encontrar formas de tumbar el caso Magnicidio FV. El expolicía recomendaba incluir en el proceso el caso Acrópolis, que es una investigación que siguió la Policía sobre la facción de Los Lobos de alias “Invisible”, previo al asesinato de Villavicencio. Se indagaba cómo ejercían el microtráfico en Quito. Según Rengel, habría audios que demostraban que ya se sabía que iban a atentar contra Villavicencio, incluso que los detuvieron y los soltaron.

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El correísmo pensaba que con eso se terminaría la acusación contra Aleaga. Pero Rengel, en junio, dio un testimonio a la par que se presentaba el informe final de la UNIF, en el que dijo que no había revisado el caso Acrópolis, que solo le comentaron verbalmente sobre el tema y que afirmó eso al correísmo porque necesitaba trabajo y dinero. Ni uno ni otro obtuvieron lo que querían.

En la conversación también se habla de cómo iniciar juicios políticos desde la Asamblea contra la exfiscal Diana Salazar y el entonces fiscal subrogante Wilson Toainga. Para ese entonces ya se conocía la versión cambiada de Marcelo Lasso Saavedra. Correa ordenaba al jefe de bancada todo el apoyo, ya que reconoció que en la Revolución Ciudadana “a Ronny le tienen bronca”.

Pero más allá de los laberintos políticos, el caso se acerca a una etapa crucial: que el tribunal del caso determine si la acusación de la Fiscalía está fundamentada y dar paso al juicio para todos los procesados o parte de ellos. Las hijas del excandidato, Amanda y Tamia Villavicencio, esperan que el proceso judicial no tenga más dilaciones y este año haya una sentencia.

Tras la presentación del informe final de UNIF, a inicios de junio, las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, quienes se apersonaron del caso, recibieron un mensaje de amenaza y desde entonces hay reforzado su seguridad. “Pero la amenaza nos ha dado la razón de que vamos por buen camino, porque la única forma de mantenerse a salvo es publicar lo que está pasando. Decir la verdad es la única forma de sanación que tenemos para curar una herida tan profunda como el asesinato de nuestro padre”, dice Amanda.

“No puedo decir que no tengo miedo, porque quiero vivir para saber la verdad, hasta que todos los culpables sean condenados. Esto está demostrando que mi padre siempre tuvo razón y solo estamos siguiendo el camino que él ya trazó”, remata Tamia.

Las dos coinciden en que el caso va más allá y esperan que toda la evidencia sirva para abrir nuevas líneas de investigación. Al menos una por fraude procesal porque, dicen, “ahora queda claro cómo compraron testigos y han intentado echar abajo el proceso”. También recuerdan que el informe final recoge chats entre Verónica Sarauz, la exesposa de Villavicencio, con María Paula Cristiansen, esposa de José Serrano, en las que hablan de estrategias jurídicas y se envían fotos de la dirección y una casa de familiares. “Todo eso también debe tener respuestas”, cuestionan.

¿Por qué es importante llegar a la verdad? “Porque es la única manera de demostrarle a cualquier niño del campo (Villavicencio creció en Alausí) que quiere llegar a ser presidente, luche por ello, sin el temor de terminar con una bala en la cabeza”, responden.

*Esta nota fue publicada inicialmente en la segunda edición de junio de Revista Vistazo y actualizada el 2 de julio para esta versión digital.