Tribunal Supremo respalda a la exnovia de Bad Bunny por uso de su voz: reclama indemnización de USD 40 millones

La defensa del intérprete buscaba que el caso fuera desestimado, pero la solicitud fue rechazada.

El proceso regresará al Tribunal de Primera Instancia, donde se analizarán las pruebas de ambas partes.
Ilse Herrera Marañón

El conflicto legal entre Bad Bunny y su expareja volvió a cobrar fuerza luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera una resolución que permite continuar con la demanda presentada por Carliz de la Cruz Hernández. La decisión representa un revés para el cantante, ya que la justicia consideró que existen elementos suficientes para que el caso siga su curso y sea analizado en profundidad.

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La acción judicial fue interpuesta por la hoy abogada, quien reclama una compensación superior a los USD 40 millones. Su argumento se centra en el uso de una grabación de voz que, según sostiene, fue incorporada a la carrera musical del artista sin contar con una autorización formal, lo que habría vulnerado sus derechos de imagen y de autor.

El origen de la disputa por "Bad Bunny, baby"

De acuerdo con los antecedentes del proceso, el origen del conflicto se remonta a 2015, cuando Benito Martínez Ocasio y Carliz de la Cruz mantenían una relación sentimental. En ese periodo, ella grabó desde su teléfono celular la frase "Bad Bunny, baby", que con el paso de los años se convirtió en una de las introducciones más reconocibles del artista y fue utilizada en canciones como Pa' ti y Dos mil 16, además de presentaciones en vivo.

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La documentación del caso también señala que, antes del lanzamiento del álbum 'Un verano sin ti en 2022', representantes del cantante habrían ofrecido a De la Cruz un pago de USD 2.000 para adquirir los derechos de la grabación. Sin embargo, la propuesta no prosperó y, pese a ello, la voz permaneció en la producción, hecho que dio origen a la demanda.

Con la reciente resolución, el expediente regresará al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se revisarán pruebas, testimonios y argumentos de ambas partes antes de definir si corresponde una indemnización.