Veto a ley económica busca pulir las reglas macrofiscales
El 23 de julio de 2018, el ministro de Economía, Richard Martínez, defendió ante la Asamblea Nacional que el veto del Ejecutivo a la denominada Ley de Fomento Productivo, busca mantener la dolarización y la sostenibilidad fiscal.
El también titular de Finanzas, acudió al Legislativo para explicar los alcances del veto parcial del Gobierno a la legislación y señaló que busca clarificar y mejorar la aplicación de la ley y consolidar los incentivos para la inversión, de acuerdo a un comunicado difundido por su Ministerio.
"Reiteró que la normativa mantiene sus objetivos de fortalecimiento de la dolarización y del establecimiento de un proceso para la sostenibilidad fiscal", dice el escrito.
La Asamblea Nacional recibió el pasado miércoles el veto parcial a esa legislación destinada a fomentar la economía del país.
Martínez, aseguró que el veto trata de perfeccionar las reglas macrofiscales, de manera que el límite de endeudamiento público, que es del 40% del PIB, se mantenga.
Sin embargo, puntualizó que "éste ya ha sido sobrepasado y no se puede retornar a él de manera inmediata, sino con un proceso ordenado".
Indicó que dentro del período de estabilización fiscal se debe llegar a un equilibrio primario del Presupuesto General del Estado hasta el año 2021, y que en cada año se manejará una programación presupuestaria con el objetivo de retornar al porcentaje de deuda estipulado del 40%.
También precisó que la propuesta plantea excepciones para situaciones fuera de control del Ejecutivo tales como catástrofes naturales y que habrá beneficios tributarios para sectores industriales como el agrícola o el cinematográfico.
El presidente, Lenín Moreno, presentó en mayo ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
La legislación recoge la exención del pago del impuesto a la renta durante 8 años para todos aquellos empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil, además de una exención de 10 años para quienes inyecten capitales en el resto del país, entre otras medidas.