Tribunal declara inocente a exfuncionaria del IESS María Sol Larrea y su esposo por lavado de activos; su cuñado es condenado
2020/12/0109:16H.
Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha resolvió declarar la inocencia de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de su esposo, Marcelo E. por el delito de lavado de activos.
Según los magistrados, ellos ya fueron juzgados, la primera por enriqueciendo ilícito y el segundo por enriquecimiento privado no justificado, por lo tanto «no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos».
La resolución, que se dio a conocer este martes 1 de diciembre de 2020, condena a 6 años de prisión a Carlos E. , cuñado de Larrea. Además, deberá cumplir con el pago de una multa que supera los 980.000 dólares, que corresponde al doble del dinero lavado.
Asimismo, se dispuso la disolución y extinción de las personas jurídicas Dialilife, Guederian, Dialvida y Nipseservicos, también como responsables del delito.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que no comparte el criterio de los jueces y que apelará al fallo.
Este juicio inició el 11 de noviembre pasado en el Complejo Judicial Norte, en Quito, ante un Tribunal Penal de Pichincha, donde durante cinco jornadas, varias de ellas que se extendieron por más de 12 horas, la Fiscalía presentó ante los jueces las pruebas periciales, testimoniales y documentales con las cuales sustentó su teoría del caso, en la que ofreció probar la responsabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos, ya que habrían obtenido, de forma irregular, contratos por aproximadamente 91,1 millones de dólares, entre 2008 y 2018.
Según Fiscalía, los procesados habrían creado una fachada, utilizando las personas jurídicas constituidas por ellos, para colocar dinero en el sistema financiero nacional. Esos fondos habrían sido transferidos entre las empresas, simulando que provenían de proveedores y clientes, sin que se haya podido determinar la existencia de los mismos.
Los testimonios, pericias y documentos presentados informaron al Tribunal que las empresas creadas por los procesados tuvieron como principal cliente al IESS, seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública, durante el tiempo en que María Sol Larrea desempeñaba altos cargos directivos en el sector público.
Este caso es procesado con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de uno a trece años, dependiendo de los montos que hayan sido lavados.
Larrea ha sido sentenciada en otras dos causas por tráfico de influencias: una en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en varias unidades médicas del IESS; y, otra en 2018, por irregularidades en un contrato para la adquisición medicamentos de esa entidad.
Por cada uno de estos casos recibió un año de privación de libertad. Además, actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por peculado.