Rehabilitación inconclusa
En el incendio de una clínica de adicciones del Batallón del Suburbio, al suroeste de Guayaquil, fallecieron 18 personas. Este trágico final puso en evidencia a una serie de centros que funcionaban sin permisos.
El 31 de diciembre de 2018, Anthony Barreto, de 20 años, visitó a su familia unas horas por Año Nuevo. Él estaba internado durante un semestre en la Clínica de Rehabilitación para consumidores de alcohol y drogas “Por una nueva vida”, que se encontraba casi al frente de su casa; era su segundo tratamiento por su adicción a la droga H desde hace cinco años. Pero ese plan se truncó: un incendio ocurrido la tarde del 11 de enero terminó con su vida al igual que con 17 personas más, de entre 17 y 50 años; otros 16 están heridos de gravedad.
“Es un lugar muy confinado, sin ventanas, que alcanzó temperaturas cercanas a los 800 grados centígrados. No hubo oportunidad de sobrevivir; las personas fallecieron por quemaduras en las vías respiratorias”, señaló Heriberto Moreira, perito acreditado del Consejo de la Judicatura en incendios y explosiones.
Si bien indicó que el incendio se inició sobre uno de los colchones, las investigaciones continúan. Aunque la comandante de Policía de la Zona 8, Tannya Varela, adelantó una posible causa: “Apilaron los colchones y provocaron un incendio. Era la práctica que tenían para que los saquen del encierro. Como no hay ventilación, el fuego consumió los colchones y fallecieron”.
El lugar, donde estaban las personas que murieron, era conocido como la lagartera y se situaba al final de la planta baja. Era un espacio de menos de 40 metros cuadrados que contaba con una sola puerta de acceso y una ducha; además no tenía ventanas. “Rechazamos la negligencia de los dueños de estos lugares (…), que no pueden evacuar por sus propios medios, en casos de emergencia”, indicó en un comunicado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que destinó a este sitio 10 unidades y 60 bomberos.
Problema de salud
Al cierre de esta edición, dos personas fueron detenidas por este hecho y eran acusadas de homicidio, un delito sancionado con 10 a 13 años de cárcel. Uno de ellos es Orlin B., propietario de esa clínica; el otro es Leandro A., quien ante las autoridades indicó que no era el llavero, “yo le quité las llaves al llavero, salí soplado a verlas porque yo estaba afuera. A pesar de todo yo intentaba, pero ellos continuaron lanzando colchones, con un martillo dañé el candado y logré sacar a seis personas. Yo saqué a los que están en el hospital, les salvé la vida”.
Esta clínica no contaba con los permisos de las instituciones de control. A diciembre del año pasado, estaban aprobados apenas 39 centros especializados. Por otro lado, entre enero y octubre del año pasado, en los centros de salud públicos se reportaron 73 mil atenciones (seis mil en Guayas) por consumo de drogas, y la mayoría fueron ambulatorios (sin internación).
Según datos de la extinta Secretaría Técnica de Drogas en una encuesta a estudiantes de enseñanza media, en 2016 se registró una mayor incidencia de consumo entre 12 y 17 años. El 13 por ciento afirmó que consumió alguna sustancia ilícita y el 39 por ciento indicó que consumió más de una clase de narcótico. La edad promedio de inicio estaba entre los 14 y 15 años.
Más casos
Tras el incendio se clausuraron siete establecimientos en Guayas, que no cumplían con la normativa. Uno de ellos era dirigido por el hermano de Orlin B.
Sin embargo, este no es el único incendio en un centro de desintoxicación clandestino en Guayaquil. En abril del 2016, ocho personas fueron rescatadas de las llamas en un siniestro. En 2017 dos personas tuvieron heridas en un suceso similar, y en noviembre pasado una persona de 28 años falleció en otro incendio.
Según la Asociación de Centros de Recuperación del Guayas, en Guayaquil habría al menos 100 centros de desintoxicaciones clandestinos. Uno de los factores de esa alta informalidad es la inversión que deben realizar esos centros para tener los papeles en regla: alrededor de 18 mil dólares.
Esos fondos deberían destinarse para la adecuación de consultorios, habitaciones, una farmacia y un gimnasio. Con esto, la pensión mensual en los centros legales que cumplirían con esas exigencias se sitúa entre 700 y mil dólares. En cambio en la clínica incendiada, la mensualidad ascendía a 200 dólares y un quintal de arroz.
“Lamentablemente en esa clínica (en la que se registró la tragedia) no los trataron como pacientes; solo los vieron como dinero”, indica José C., de Narcóticos Anónimos (NA), una ONG donde participan adictos en recuperación.
Él considera que acompañar al adicto en el proceso de recuperación, como lo hace su agrupación a una suerte de apadrinamiento, es lo ideal. “Es una persona (el adicto) que viene ocultando su vida, sus emociones y sus acciones en la calle. No es un delincuente; tiene una enfermedad llamada adicción, que se puede superar”, menciona José C.
Por eso, “la solución está en que el Estado asuma al menos el tratamiento de la desintoxicación y luego los Centros hagan la reinserción”, señala Julieta Sagñay, siquiatra experta en adicciones. Lo segundo, dice, debe ser optativo del paciente, “de si acude a un Centro o a un grupo de apoyo como NA, que da su ayuda gratuita”.
En el tratamiento es fundamental la participación activa de la familia, algo que no sucedía en el centro incendiado, donde los jóvenes no recibían visitas periódicas de sus parientes. Ni tampoco de las autoridades.