Plata para unos cuantos
2019/08/0710:51H.
“Más de 35 años en el mercado; alrededor de 200 productos de marcas de licores de varias regiones del mundo, finos whiskies de 12 y 21 años; vinos, cerveza nacional e importada; champagne; brandy pisco, ron; cognac. Amplia y novedosa gama de productos para fumadores”.
Así promociona su actividad una empresa que, bajo la figura de compañía de responsabilidad limitada, se dedica a la venta de licores, cigarrillos, dulces y confites en Quito. Esta firma privada recibió una inversión de 1,5 millones de dólares de fondos de la seguridad social de la Policía ecuatoriana, según el informe de resultados de la evaluación económica-financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), en poder de Vistazo.
Curiosa paradoja. El correísmo prohibió la venta de licor los días domingos; la veda rigió entre los años 2010 y 2016. La inversión con la licorera se formalizó el 5 de diciembre de 2016. Las condiciones: 539 días de plazo y una tasa de nueve por ciento. Como garantía, la compañía cedió los derechos fiduciarios sobre un terreno en una zona cotizada en el norte de Quito: en la avenida Naciones Unidas. El lote es el patrimonio del fideicomiso que, también en 2016, constituyeron los dueños del mencionado negocio familiar.
La entidad fue constituida en 2009, con un capital social de dos mil dólares, según registros de la Superintendencia de Compañías. La operación con el Isspol fue cuestionada por el ente de control bancario porque, entre otras omisiones, no actuó una administradora de fondos y fideicomisos como intermediaria. La operación venció en mayo de 2018.
No fue la única transacción observada por la Superintendencia de Bancos. La entidad investigó varias operaciones. ¿Hallazgos? Para empezar, la información no estaba adecuadamente sistematizada. Inversiones por el equivalente a 20 millones de dólares no fueron registradas en el catastro de la Superintendencia de Compañías. El ente de control advirtió riesgo y “falta de seguridad” por estas fallas. A fines de agosto de 2018, había 25 vencimientos, con montos superiores a otros 20 millones de dólares.
“Las entidades del sector público únicamente pueden adherirse a contratos de fideicomiso mercantiles cuyos constituyentes sean también entidades del sector público”, dice el artículo 115 de la Ley de Mercado de Valores.
“Las operaciones se llevan a cabo con contratos celebrados de manera directa, entre los oferentes de dichas operaciones y el Isspol”, según el informe.
A dónde fue la plata
En abril de 2018, más de cien millones de dólares, de recursos del Isspol habían sido invertidos bajo la figura de cesión de derechos fiduciarios, según cifras de ese mismo instituto.
Se transó con proyectos inmobiliarios en varias provincias del Litoral; en un centro de educación superior; en una entidad relacionada con el grupo Proinco hoy investigado por la Fiscalía por un caso de estafa masiva; en una empresa minera de la provincia de El Oro; en empresas de arquitectos; en firmas distribuidoras de autos y en inmobiliarias.
Además, en compañías de tecnología de perforación petrolera. Un botón de muestra revela la magnitud del tema. Entre julio y noviembre de 2016, el Isspol invirtió tres millones de dólares en la captadora Maktrade, en tres operaciones de un millón de
dólares cada una, a menos de 370 días plazo. A cambio, la beneficiaria entregaba derechos fiduciarios. Pero a inicios de 2018 esa y otras dos empresas relacionadas con Proinco entraron en liquidación. La inversión no contempló el principio de seguridad.
Para fines de enero de 2019, la Dirección de Riesgos del Isspol reportaba al director general de este instituto que, luego de una orden verbal para “desinvertir”, hasta diciembre de 2018, se redujo a 87,7 millones de dólares el portafolio de derechos fiduciarios. La disposición fue resultado de las observaciones de la entidad de control.
Sin embargo, las autoridades del Isspol defienden la legitimidad de esas operaciones. En un oficio de siete páginas, enviado a la Superintendencia de Bancos, el director del Isspol, general David Proaño argumenta que la normativa faculta al instituto para que “Los fondos y las reservas de los seguros previsionales que son administrados por este, puedan y deban ser invertidos en operaciones que garanticen la más alta rentabilidad y fortalezcan su capitalización”.
“Desde 2015 el Isspol ha realizado inversiones en derechos fiduciarios con pacto de recompra, buscando diversificar el portafolio de inversiones y a la vez conscientes de que los empresarios y los emprendedores necesitan oportunidades y nanciamiento a tiempo y en mejores condiciones, a fin de propiciar un trabajo de confianza y sinergia, fortaleciendo relaciones entre sector público y privado, promoviendo la generación de fuentes de empleo en el país y dinamizando la economía”, asegura el general
Proaño, en un oficio que a mediados de febrero envió al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
Especialistas del sector financiero explican que las inversiones de recursos atados a seguridad social no pueden tener componentes de riesgo. “Si el Isspol destinara recursos para préstamos a sus propios afiliados, recibiría en quirografarios una tasa de 9,25 por ciento, mientras que en hipotecarios recibiría un 7,21 por ciento, por tanto, los mismos afiliados constituyen una inversión más segura”, coinciden tres entrevistados.
Unos 70 mil policías –50 mil en servicio activo y 20 mil retirados– dependen de las prestaciones del Isspol, estas incluyen el otorgamiento de préstamos y la atención en salud. Los uniformados activos aportan un porcentaje de su ingreso mensual para sostener el sistema. El Gobierno asigna otro valor.
Por cada dos contribuyentes en servicio activo hay un pasivo (en retiro). Los fondos de cesantía tienen un manejo independiente, administrado por un fondo al que los policías aportan durante sus años de servicio activo, al cual se suma una contribución gubernamental. Según la ministra del Interior, María Paula Romo, “A través de mi delegado (en el directorio del Isspol) insistimos en la necesidad de hacer estas revisiones.
Conocí el informe y anuncié una reunión con el Consejo de Generales, pues quiero que todos estén enterados de lo que se encontró y de las decisiones a tomar”. La actual ministra asumió funciones en septiembre de 2018, con una promesa de reinstitucionalizar la Policía. Revisar las decisiones que afectan la seguridad social debe ser uno de los cambios.