La muerte de “Nina”: ¿Cómo actúa la justicia cuando un animal muere por aparente irresponsabilidad veterinaria?

El 16 de septiembre del 2020 fue un día nublado -real y metafóricamente- en la vida de Cristina Durán, una enfermera quiteña de 51 años. 

 

Llovía escandalosamente en la capital y al llegar a su departamento luego de su día de trabajo que esa tarde se extendió más de lo normal, Cristina encontró muerta a Nina, su golden retriever de 9 años a quien apenas unos días antes había celebrado su cumpleaños.

 

Porque a Nina le celebraban su cumpleaños, le hacían fiestas, la vestían para la ocasión, le tomaban fotos. A ella y a las otras dos perritas de la familia: Mika y Emma. Sin embargo,  Nina era una de las acompañantes más cercanas de Cristina, que también es madre y abuela y que sufre de una marcada depresión. 

 

 

El argumento de la mujer sobre lo sucedido con Nina es contundente: la aplicación de una vacuna en un mal momento fue lo que causó su muerte. 

 

Apróximadamente dos semanas antes del fallecimiento de la mascota, en un momento en el que el animal estaba atravesando por un cuadro de leucopenia -una disminución del número de leucocitos en la sangre, las células responsables de defender al organismo de las infecciones- Nina recibió una vacuna polivalente, que incluye inmunidad para enfermedades como la rabia y la traqueobronquitis, administrada por una veterinaria particular, a quién Durán responsabiliza de la defunción del animal. 

 

El veterinario Rodolfo Gil sostiene, en una entrevista con Revista Vistazo, que es mejor no administrar ninguna vacuna mientras el animal esté atravesando cualquier cuadro o patología.

 

 

Sin embargo, asegura que cuando ocurren reacciones físicas a esa inmunización -como un shock anafiláctico, por ejemplo- suceden al momento de la administración del químico y no semanas o días después. “Cuando el animal atraviesa una leucopenia sus defensas están disminuidas y cualquier enfermedad puede progresar y desarrollarse, entonces sí creo que lo mejor es abstenerse de vacunar en esas circunstancias y no correr ese riesgo”, puntualiza el profesional. 

 

La veterinaria acusada niega cualquier tipo de acusación de parte de Cristina Durán. “Niego enfática y categóricamente cualquier acusación que la señora se haya permitido hacer sobre mi”, dijo en un mensaje de texto enviado a este medio. 

 

El abogado que maneja el caso de parte de la veterinaria, David Vaca, agrega que el animal de compañía falleció días después de que fuera atendida por la doctora, por lo tanto argumenta que su trabajo no estuvo relacionado con su deceso. Se refiere además a una publicación en Facebook en la que Durán indica que hará “justicia” por el animal y donde señala a la veterinaria como “asesina” de Nina. 

 

“Esto es bastante grave y estamos tomando las acciones correspondientes para poder encargar esto a la fiscalía, pues se trata de una amenaza. Estamos recolectando la información necesaria, para que se pueda determinar que no hubo un procedimiento negligente de parte de la doctora como lo sugiere Durán. Además, son los jueces los que imparten justicia, no ella”, dice, en referencia al posteo de la mujer, colocado en una red social semanas después de la muerte de Nina. 

 

¿Qué apoyo dan las autoridades?

 

Cristina Durán de su parte, acudió a la Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quito, que se encarga de temas de bienestar animal en la capital. Andrés Tufiño, Veterinario, es el coordinador de la Dirección de Promoción de Derechos (Animales y naturaleza) de este departamento municipal.

 

Indica que en este caso, no tienen los sustentos legales para iniciar cualquier acción administrativa mediante la ordenanza de fauna urbana en el distrito. “No es posible comprobar que exista una negligencia como tal pues para esto sería necesaria una necropsia para determinar si la vacunación derivó en su muerte, pero el animal fue cremado, entonces en términos legales, no hay la materia de la infracción o el delito”, explica Tufiño. 

 

La Secretaría de Inclusión Social mantiene un convenio judicial con VIGÍA, un centro de mediación de la asociación de derechos y defensa del consumidor. Cristina Durán fue direccionada con ellos, para el manejo de este tema por la vía legal. 

 

Pablo Vélez, del Bufete Lawyer & Abogados, es el encargado del tema. Explica que dentro de la materia civil existe la posibilidad de que Cristina Durán demande a la veterinaria por daños y perjuicios, cuando se logre determinar que el profesional infringió su responsabilidad de cuidado y que a causa de esta falta, el animal falleció. 

 

“La idea de daño moral, en este marco, alude a una lesión simbólica que padece una persona al sentirse agraviada. Cabe destacar que, a nivel jurídico, un daño puede ser imputado a otro individuo por su negligencia. El responsable del daño, por lo tanto, debe asumir la reparación de éste, indemnizando a la víctima”, explica Vélez. 

 

Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 249 habla de una contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía -que indica que si se causa la muerte del animal la persona será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete días- el abogado encargado del caso explica que no es posible proceder de manera penal, pues, tal como indicó Tufiño, no hay manera de determinar que la muerte ocurrió por una negligencia veterinaria, la cual tampoco está amparada en dicha normativa ni tampoco en las ordenanzas municipales vigentes. 

 

Para Cristina Durán, que el tema se resuelva de manera civil, mediante una demanda por daños y perjuicios y con una indemnización económica de por medio es un triunfo, pues indica que aunque obtener dinero nunca fue su propósito, destinará estos fondos a ayudar a diferentes refugios de animales de la capital. 

 

A través de la plataforma Change.org, la mujer busca que el Artículo 249 del COIP sea modificado en la Asamblea Nacional para que se incorpore a la negligencia dentro de la normativa y sea posible que se juzgue penalmente a responsables de peluquerías caninas, paseadores de mascotas y médicos veterinarios que causen la muerte de animales. Hasta el momento, 3298 personas han dejado su firma en la petición. 

 

Vélez explica que la resolución del caso podría llegar a su fin en aproximadamente seis meses.