Jaime Vargas bloquea el paso de brigada del Gobierno
Durante este fin de semana, las brigadas del 'Plan Toda Una Vida' recibieron amedrentamientos que buscaban impedir la entrega de diferentes tipos de ayuda en la comunidad de Tigua, provincia de Cotopaxi. Así lo informó el Gobierno Nacional, este 24 de noviembre de 2019.
"Durante este sábado y domingo los funcionarios de las brigadas llevaron ayudas técnicas de carácter social a Saquisilí, Sigchos, Chugchilán, Angamarca, Guangaje y Tigua. Sin embargo, en el ingreso de esta última zona, un grupo de personas, con el dirigente Jaime Vargas a la cabeza, les impidieron el paso y hasta amenazaron con retenerlos", indicó el Ejecutivo en un comunicado.
A su vez, el Gobierno rechazó este tipo de amedrantamientos "que buscan caotizar el normal desarrollo de un programa dirigido a los más necesitados".
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"En el momento que ustedes ingresaron a territorio indígena, significa que no entraron bajo la coordinación y autorización de las autoridades dela comunidad", dijo otro de los indígenas presentes.
Tras el bloqueo, hubo una negociación y las brigadas continuaron su labor y buscaron mecanismos para llegar a Tigua. "Allí, los miembros de la comunidad las recibieron con calidez y gratitud", sostuvo el Gobierno.
Al respecto, el ministro de Inclusión Económica, Iván Granda, en respuesta a la negativa de Vargas sobre el ingreso de las brigadas a las comunidades indígenas, manifestó: “El señor Vargas nunca pide permiso para ir a Quito, estamos en un país en donde se establece la libre movilidad de las personas. El señor Vargas tiene que ubicarse, ser responsable, inclusive con las personas a las cuales él se debe, porque el Gobierno lo que está haciendo es llegando con ayuda y asistencia social a quienes lo necesitan”.
El presidente Lenín Moreno también se refirió al incidente ocurrido en la comunidad de Tigua y dijo que la visita de las brigadas no tiene la intención de dividir a las comunidades indígenas.
La Conaie protagonizó entre el pasado 3 y 13 de octubre unas violentas manifestaciones contra la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida atada a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares, y cuya derogación permitió desactivar la protesta en todo el país.
El movimiento indígena presentó una propuesta económica alternativa que sugiere, entre otras medidas, una bajada del Impuesto al Valor Añadido (IVA) del 12 al 10 por ciento, mantener los subsidios a las gasolinas y generar una política tributaria cuyo peso recaiga en los sectores más adinerados del país.