Entre 2018 y 2019, más de 6.000 vehículos fueron importados con carnets de discapacidad: ¿Qué pasó con el carro de lujo de Salcedo?

Carolina Farfán
Se han importado 6.060 autos

Este miércoles 15 de julio de 2020 en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, compareció la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), María Alejandra Muñoz, para informar sobre la importación de vehículos de alta gama para personas con carné de discapacidad. 
 
Mediante videoconferencia, Muñoz informó que entre 2018 y 2019 se importaron más de 6.000 vehículos para personas con discapacidad en Ecuador.
 
En total se han importado 6.060 autos, de ellos el 91% son nuevos, el 9% son usados y de este porcentaje el 5% son de alta gama.
 
La funcionaria reveló que hubo un incremento en la importación de vehículos con carnés de discapacidad, mismos que que cuentan con respaldo de emisión, pero que obligó a una investigación desde enero de 2019. 
 
Al respecto, explicó que el SENAE "tiene la obligación de respetar las licencias de importaciones, como respeta las cédulas emitidas por el Registro Civil, respeta todos los certificados de origen, y tiene que respetar lo que las autoridades rectoras establezcan, bajo la premisa de legitimidad y legalidad. Lo que sí hay que admitir es que efectivamente hubo un incremento tan importante, que empezamos investigaciones desde enero de 2019, que reportamos al Ministerio de Salud Pública".
 
Y agregó que, a pesar de que todos los certificados cuenten con el respaldo de emisión de las entidades, "era un incremento que tenía que revisarse a la luz".
 
Sobre el caso de Daniel Salcedo (investigado por peculado, fraude procesal y lavado de activos), Muñoz indicó que en febrero ya se dio de baja al proceso del vehículo importado por el procesado, y que el auto ya fue incautado por Fiscalía. 
 
Uno de esos carros lujoso es un Toyota Sequioa Platinum, el más caro de la serie. Tiene un valor de 60 mil dólares en los Estados Unidos; en Ecuador cuesta más de 100 mil dólares. Posee asientos y volante de cuero, todo es electrónico y una pantalla Blu-ray.
 
Este carro es de Daniel Salcedo Bonilla, implicado en los casos de corrupción de los hospitales del IESS, quien también con un carné de discapacidad intentó acogerse al beneficio de importación sin pagar impuestos. El vehículo estuvo a punto de salir con su dueño a rodar por las calles del país, cuando llegó en febrero de 2020, pero la pandemia lo impidió.
 
 
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Ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, 129 votos, una resolución para que se investigue la entrega irregular de carnés de discapacidad. El presidente (encargado de la sesión), César Solórzano, decidió unificar los proyectos presentados por las asambleístas Elizabeth Cabezas y Marcela Holguín.
 
Entre los puntos más relevantes del documento se contempló la comparecencia, ante la Comisión del Derecho a la Salud, del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, con el fin de que informe sobre la obtención de los certificados o documentos que acreditan la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante, emitidos desde 2013 hasta la presente fecha, de manera especial los emitidos a partir del 1 de enero de 2020.
 
Al mismo tiempo, se solicitó a la Comisión del Derecho a la Salud que inicie el proceso de investigación del otorgamiento de carnés entregados a los asambleístas y sus cónyuges, a partir de 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia, según la Ley Orgánica de Discapacidades.
 
Además, exigieron que se apliquen las sanciones máximas a las personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal, servidores públicos que han usufructuado del otorgamiento irregular de carnés de discapacidad sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina.
 
La resolución planteó también que acudan ante la Comisión las máximas autoridades de la Aduana, Servicio de Rentas Internas, Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Consejo Nacional para la Igualdad Discapacidades para que, en el marco de sus competencias, expliquen sobre la importación de autos, registro nacional de personas con discapacidad, incremento de solicitudes para jubilaciones adelantadas en 1200 %, con el presunto uso fraudulento de carnés de discapacidad, entre otros temas.
 
La asambleísta Elizabeth Cabezas cuestionó a las instituciones públicas que no detectaron los errores del crecimiento desmedido de su emisión, durante la emergencia sanitaria. Recalcó también que los responsables deben ser sancionados y los inocentes liberados de culpa.
 
De su parte, la legisladora Marcela Holguín manifestó que es necesario investigar a todo y a todos ante las denuncias sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad. Señaló que varias autoridades abusando de sus atribuciones cuentan con carnés cuyo porcentaje de discapacidad es superior al 80 % lo que les imposibilitaría realizar actividades cotidianas. Además, pidió que se investigue a los asambleístas, cónyuges y a autoridades de Estado.