¿Cómo enfrentamos la pandemia de la inseguridad?
2020/12/2406:37H.
Jueves de sangre, muerte y dolor. El crimen se ensañó con el Puerto Principal ese 26 de noviembre. Primer drama.
Era trabajador, honrado y amable; así lo describen sus familiares. Acababa de abrir un restaurante en Sauces, al norte de Guayaquil. Roberto Oña tenía 35 años como radiodifusor deportivo. El último partido que narró fue Orense versus Barcelona. A fines de noviembre fue acribillado por quienes entraron a robar su negocio.
Segunda tragedia. Un militar en servicio pasivo que trabajaba como guardia de seguridad en el Puerto Marítimo recibió disparos cuando salía de su turno de trabajo. Cayó sobre la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Ernesto Saavedra fue víctima de sicariato; su muerte se confirmó en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Una de las balas le atravesó el rostro.
Tercera historia de ese día: a un odontólogo de origen extranjero le quisieron robar su celular. Al resistirse recibió disparos en el hombro y el brazo.Ocurrió también en el sur de la ciudad. Y para completar, también se produjo un secuestro extorsivo. Cerca de las 11h00, el hermano del exvicepresidente Jorge Glas fue capturado en Lomas de Urdesa. Una investigación de la agencia especializada en secuestros UNASE llegó hasta los responsables, quienes pedían 400 mil dólares por el rescate.
A las 48 horas Heriberto Glas fue liberado, y aunque la investigación fiscal sigue su curso en reserva, ya se conoce que un amigo de su círculo cercano habría participado en los hechos.
Guayaquil es el epicentro de esta pandemia. En 2019, según el Ministerio de Gobierno, se registraron 409 homicidios intencionales en la provincia del Guayas. De ellos, 269 en Guayaquil. Hasta octubre de 2020, se contabilizaban 420 en Guayas: 279 en Guayaquil. Falta el registro de los meses de más alta conflictividad: precisamente, los dos últimos del año.
La cifra de muertes intencionales es uno de los “indicadores duros” para medir los niveles de seguridad, admite el flamante ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, en entrevista a Vistazo. El estándar internacional mide el número de muertes intencionales por cada cien mil habitantes. A fines
de 2019, la tasa fue de 6,85 por cada cien mil personas.
En 2018 la cifra de homicidios era inferior a seis (por cada cien mil hab.), y ese año Ecuador fue valorado como el segundo país con menos homicidios en la región, superado solamente por Chile, según el libro “El giro punitivo y la reducción del homicidio en Ecuador, 2009-2018”. La publicación, lanzada la primera semana de diciembre, tiene la autoría de dos catedráticos, Fredy Rivera Vélez, de la Flacso; y Daniel Pontón, del IAEN.
Es un hecho que entre 2009 y 2018 bajaron las muertes intencionales, concluyen ambos expertos en temas de seguridad. En 2009, cita el estudio, hubo hasta 2.600 muertes por año, esto es, 19 por cada cien mil habitantes.
Para 2018, la reducción fue del 75 por ciento. Los autores ofrecen una explicación multicausal. Rivera hace un ejercicio de síntesis para Vistazo: una
combinación de inversión hacia la institución policial; una reforma operativa; y, el predominio de lógica punitiva, especialmente a partir de 2011.
Todo esto, sumado a la reducción de los índices de pobreza y controles políticos. La historia cambió La jornada trágica de Guayaquil ocurrió 48 horas después de que María Paula Romo fuera censurada y destituida del Ministerio de Gobierno, cartera que ocupó desde el segundo semestre de 2018.
Su salida tuvo diversas explicaciones, según las distintas lecturas de las tiendas políticas que conforman el desprestigiado ente legislativo. En última instancia, la cabeza de Romo fue un trofeo político para quienes aseguran que las violentas jornadas de octubre de 2019 estuvieron marcadas por el exceso policial.
Curiosamente, varios de quienes lanzaron el voto lapidario aseguraban que, sin esa acción firme, el país se hubiera arrojado al precipicio de una confrontación civil luego de esos 11 días de protestas.
Para analistas que pidieron la reserva, el error estratégico en la gestión de Romo fue unir en una sola cartera los delicados temas de seguridad y política. Esa decisión se adoptó a inicios de 2019. Ese año, el Ministerio de Gobierno registró 1.188 muertes intencionales a nivel nacional. El año previo, el registro fue de 995 homicidios.
En lo que va de 2020 (con datos a octubre) se registran 1.049. Nuevamente, falta el conteo de los meses más críticos. Según Rivera, el repunte es el resultado de la fórmula improvisación, duda y pérdida institucional. “Sume el deterioro de los indicadores de desarrollo y la participación del país en los despliegues estratégicos del crimen organizado”.
El ministro Pazmiño admite que hay un aumento de la violencia. El problema se agravó este año pandémico. “La crisis sanitaria desembocó en una crisis
económica y social. Determinó que se expongan elementos que abonan a aumentar índices de delincuencia. Hay que observar el mapa social del país, para encontrar otros factores, y a ellos tenemos que apuntar entre los distintos segmentos de la sociedad”.
“No se trata de poner más o menos policías, más o menos patrulleros, se trata de entender las causas. No solo son problemas de orden policial. La
pregunta de fondo es por qué generamos ciudadanos que les gusta vivir en la ilegalidad y la irregularidad, eso rebasa la capacidad de la Policía y del Ministerio de Gobierno”.
En la antesala de la campaña electoral, aparecen ofertas de endurecimiento de penas -cadena perpetua incluida.
Ofertas de campaña
La percepción de inseguridad avivó las ofertas de campaña. En el país está permitida la tenencia de armas (regulada y controlada por la fuerza militar), pero el porte se restringe a ciertos lugares rurales, campesinos y camaroneros.
Guillermo Lasso, candidato de CREO, lanzó el tema al ruedo. Habló de porte de armas entre campesinos, citando requisitos como registros y permisos.
En 2017 también mencionó este debate. Lucio Gutiérrez, postulante por Sociedad Patriótica, no solo habló de armas. Difundió un spot de promoción anticipada, con un arma de largo alcance bajo el brazo.
“El porte de armas no es algo que se deba decidir de la noche a la mañana”, advierte el candidato presidencial por la ID, Xavier Hervas. “Es necesario un gran debate. En América, Guatemala y EE.UU. tienen porte legal de armas, y los resultados a nivel de violencia son muy altos”.
¿Su conclusión? La inseguridad no se combate con discursos demagógicos, primero hay que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Guillermo Celi, candidato presidencial por Suma, advierte que la “seguridad ciudadana se basa en un trabajo colaborativo de todos los actores de
la sociedad: Estado, policía y vecinos”.
“El camino está en el apoyo a la prevención; ojo por ojo no es la solución”. El plan de Unión Ecuatoriana (cuyo presidencial es Giovanny Andrade)
contempla una consulta popular que incluye, entre otros temas, cadena perpetua para violadores, pederastas y corruptos; y “tenencia y porte responsable de armas”, sin ahondar en detalles.
El académico Arturo Moscoso Moreno, director ejecutivo del Grupo de Análisis Político 50+1 Ecuador, contribuyó al estudio del Barómetro de las
Américas 2019. En esas cifras, prácticamente uno de cada dos ecuatorianos es favorable al porte de armas y casi el 60 por ciento es partidario de la pena de muerte.
Los datos se incluyen en el informe Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2018/19 (Quito: LAPOP, 50+1), de Moncagatta y varios autores.
“Los datos son de 2019 y se puedcolegir que la percepción de inseguridad debe haber aumentado, por lo que la posición favorable al porte de armas
también. No es casualidad que sea un tema que ya lo hayan presentado como propuesta los candidatos a la Presidencia y la Asamblea”. Según Moscoso, incluir éste como un tema de campaña, conecta con el sentimiento de inseguridad e incertidumbre, ya que ofrece soluciones radicales.
El escenario se complica en medio de la crisis sanitaria, económica y social. “Estamos frente a una sociedad intolerante, por eso, los candidatos que ofrecen mano dura encuentran eco”.