Abdalá y Jacobo Bucaram son llamados a juicio por presunta delincuencia organizada

Caso pruebas Covid-19-Agentes AMT: Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha llamó a juicio a los Bucaram.
Redacción Vistazo

Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha llamó a juicio al expresidente de la República Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo, como presuntos autores del delito de delincuencia organizada en la negociación de pruebas rápidas de diagnóstico de COVID-19, tras aceptar un recurso de apelación interpuesto por Fiscalía.

Además, ratificó el estado de inocencia de Bryan P. y Verónica A., también procesados por este delito.

En su intervención, la Fiscal del caso argumentó que el juez de Garantías Penales, Geovanny Freire, no valoró correctamente los más de sesenta elementos de convicción presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en septiembre pasado, en la que dictó auto de sobreseimiento a favor de las cuatro personas antes mencionadas y solo llamó a juicio a otras tres.

Según el juez Freire, los Bucaram y las otras dos personas fueron compradores de pruebas rápidas de manera privada, que habrían sido importadas de manera legal.

La fiscal también indicó que las presuntas irregularidades cometidas por estos ciudadanos se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.

Según la investigación de Fiscalía, en ese lapso de tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los israelíes Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas COVID-19 hasta Guayaquil.

Estos hechos habrían ocurrido en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, lugares donde esta estructura organizada –conformada por funcionarios públicos y ciudadanos particulares– dirigía la comisión de actividades ilícitas para comercializar pruebas COVID-19 e insumos médicos, sin facturas y sin pagar impuestos al Estado ecuatoriano.

En este caso, los exagentes de la AMT, Kléver A. y Jhonny S., ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.