Nueva acción busca detener el pago de USD 220 millones de Ecuador a Chevron
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) rechazó que el Estado ecuatoriano tuviera que cancelar dicha suma a Chevron.
Ecuador fue condenado a pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, después de que un tribunal arbitral redujera la indemnización de 3.350 millones de dólares que la compañía reclamaba desde 2018, según informó este lunes la Procuraduría General del Estado (PGE).
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Con esta decisión, Ecuador evita desembolsar 3.130 millones de dólares, lo que representa, según la PGE, una reducción del 93,4 % del monto solicitado, después de que el tribunal aceptara la mayoría de los argumentos presentados por la Procuraduría, que actúa como defensa del Estado.
Pese a la disminución de la indemnización, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) rechazó que el Estado ecuatoriano tuviera que cancelar dicha suma a Chevron, empresa que —afirma— está detrás de “el mayor daño ambiental cometido en la Amazonía ecuatoriana”.
Por ello, la agrupación solicitó a un juez de la povincia de Sucumbíos que disponga de manera urgente el embargo del crédito por USD 220 millones, afirmando que han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determine la primacía de los derechos humanos sobre los intereses corporativos.
Un conflicto judicial que lleva más de treinta años
El caso se remonta a 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron a Texaco (adquirida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes producidos en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.
En 2011, una corte de Lago Agrio (Sucumbíos) fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados, pero Chevron llevó el caso al arbitraje internacional al alegar que aquella sentencia fue obtenida mediante “fraude, sobornos y corrupción”.
En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la compañía y atribuyó al Estado ecuatoriano el pago de una indemnización multimillonaria, al considerar que había incurrido en denegación de justicia y violado el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
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Desde entonces, los esfuerzos de la Procuraduría han estado "destinados a demostrar que los conceptos y montos pedidos por las demandantes eran exagerados, infundados o que carecían de derecho para exigirlos", explicó la institución.
Por su parte, Chevron ha manifestado que “le complace” la condena que obliga a Ecuador a pagar los USD 220 millones, y por ahora no se ha pronunciado sobre la acción presentada por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt).