La plata de los policías se hizo humo: jubilaciones y prestaciones sociales de unos 70 mil uniformados

Las jubilaciones y prestaciones sociales de unos 70 mil uniformados fueron invertidas de forma irregular, por las anteriores administraciones del ISSPOL. Pero, no hay estafa perfecta...

 

En julio de 2019, un reportaje periodístico publicado en revista Vistazo abrió la caja de Pandora. La nota revelaba el elevado riesgo de las inversiones de la seguridad social de la Policía (ISSPOL), negociadas bajo la figura de cesión de derechos fiduciarios.

 

¿El mecanismo? Hasta abril de 2018, más de cien millones de dólares de esos recursos se habían colocado en empresas privadas. Entre ellas: proyectos inmobiliarios en provincias del Litoral que se construyeron y no se vendieron; firmas de arquitectos; distribuidoras de autos. Una entidad relacionada con un grupo financiero investigado por estafa. En la actualidad, 68 millones siguen invertidos bajo esta figura; de esa cifra, 58 millones ya vencieron y debían ser recuperados.

 

El riesgo fue alertado por la Superintendencia de Bancos, que a mediados de 2019 recomendó terminar las operaciones y recuperar los recursos invertidos. De por medio está la seguridad social de unos 70 mil policías, aproximadamente 50 mil de ellos son activos y 20 mil están en servicio pasivo.

 

La autoridad de control determinó que el ISSPOL perdió más de 43 millones de dólares en las operaciones, denominadas “pactos de recompra y cesión de derechos fiduciarios”, muchas de las cuales se realizaron desde enero de 2016. En esencia, se prestó plata a empresas privadas y las operaciones se hicieron por fuera del mercado bursátil; la figura de créditos a terceros está prohibida para el ISSPOL.

 

El entonces director del instituto, general David Proaño, cuestionó el informe de la Superintendencia y buscó un blindaje legal. En un documento enviado al Ministerio de Finanzas advirtió que esas inversiones se efectuaron para apoyar al sector productivo, de construcción y comercial del país.

 

La publicación de Vistazo dio origen a una investigación oficial, liderada por el Ministerio de Gobierno. Según los estatutos vigentes, la máxima autoridad de ese sistema es el ministro.

 

Luego de varios meses, se detectaron más perjuicios. Un ejemplo: la compra de terrenos en Pichincha y en Guayas que estaban avaluados en menos de tres millones de dólares; pero se pagaron 25,6 millones.

 

A los pocos meses, el director del instituto fue reemplazado. El director actual es el general (sp) Jorge Villarroel. A medida que avanzaban las investigaciones salía a la luz la magnitud del perjuicio a la seguridad social de la policía: pudiera superar los 500 millones de dólares. Es el monto que alcanzan las operaciones bursátiles de mayor riesgo, según los hallazgos anunciados por la ministra María Paula Romo, la tercera semana de septiembre.

 

 

Las cuentas alegres

Los balances del ISSPOL muestran dos cifras en rojo, con el rótulo “deterioro”. Suman 530 millones de dólares. Se incluyen en el rubro de inversiones no privativas del instituto.

 

La entidad tiene una estructura de inversiones de 1.500 millones de dólares. De ese total, el 36 por ciento se considera privativa, esto es, la que se destina a préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios de los uniformados. En tanto que el 64 por ciento lo constituyen las inversiones no privativas. Estos valores deberían invertirse para ganar una rentabilidad que asegure la sostenibilidad del esquema. Este rubro fue negociado en bonos (papeles) que se transan en el mercado bursátil y de valores.

 

Documentos en poder de Vistazo revelan que entre las inversiones no privativas de renta fija se encuentran Operaciones Swap – Bonos, por 327 millones de dólares. Teóricamente, debería tratarse de un canje de papeles de deuda interna (que en su momento el ISSPOL recibió de Finanzas como mecanismo de pago), por bonos de deuda externa.

 

Sin embargo, seis irregularidades fueron detectadas por los peritos: no existió tal canje, no hay constancia de la operación de un banco del exterior como contraparte de la operación; no hay cláusula de rescisión del contrato; la jurisdicción se somete a las leyes del estado de Florida; no hay equidad contractual; las cláusulas inducen a error al suponer que instituciones avalan la operación. Por todo ello, la pericia concluye que no hubo tal operación Swap, sino la venta de bonos de deuda interna del ISSPOL y la compra de Notas Globales de Depósito, sin emisor identificado. La contraparte de esta transacción es la firma High Yield Bond Fond, representada por Jorge Chérrez, ciudadano ecuatoriano que fue condecorado en la Asamblea Nacional, durante la presidencia de José Serrano.

 

Chérrez también representa a la firma IBCorpInvestments and Business Group, que es la contraparte en la negociación de bonos de deuda, mediante la figura de reporto con Bonos Global. La cifra negociada supera los 205 millones de dólares. Se detectaron ocho irregularidades en estas transacciones: no se midió el riesgo de concentración; el riesgo de la contraparte; el riesgo de mercado; no hubo garantías; los plazos fueron excesivos; no se detectó el riesgo legal; las transacciones se hicieron por fuera del merado bursátil; y, la contraparte se encuentra domiciliada en un paraíso fiscal porque opera desde Panamá.

 

Otros rubros

De los fondos para inversión, se destinaron 47,8 millones para la compra de facturas comerciales, a través del mercado bursátil. La mayor parte (22 millones) se concentra en varias firmas vinculadas entre sí. Las obligaciones ya vencieron y están impagas. En una denuncia de 20 páginas presentada por el instituto ante la Fiscalía de

Pichincha, explica que hubo un posible contubernio entre las autoridades del ISSPOL de la época y los administradores de las empresas, para perjudicar al instituto.

 

En un informe se establece que en estas transacciones “no se midieron los riesgos”, pero además se menciona que pudo haber responsabilidades en actores privados, relacionados con el mercado de valores y el sector bursátil.

 

Como consecuencia, la Superintendencia de Compañías intervino a la empresa Decevale S.A., que representa a la persona jurídica Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados, y es una especie de cámara de compensación y custodia del mercado de valores. Esta firma no justificó ni sustentó estas transacciones.

 

La ministra de Gobierno explicó que “se trata de un mecanismo de estafa en el que participaron (actores) públicos y privados. Hay un primer nivel con funcionarios del ISSPOL, civiles y policiales, por las transacciones que autorizaron; un segundo nivel en el mercado de valores de quienes ofrecieron ser la contraparte de las operaciones; y un tercer nivel, conformado por las autoridades de control; de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, a los que se suman quienes en su momento dirigieron el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”.

 

Su discurso apunta a la responsabilidad política del esquema. La política de inversiones fue discrecional, eso permitió que se concentraran transacciones en papeles de alto riesgo, sobre la base del criterio de un puñado de funcionarios. En 2016, una reforma legal garantizó que las obligaciones de la seguridad social de la Policía serán asumidas por el Estado. Este sistema requiere unos 21 millones de dólares al mes para proteger a sus asegurados.

 

Otro cambio en la normativa, de la misma época, dispone que a futuro este grupo de asegurados forme parte del sistema general de la seguridad social, cobijado por el IESS. Al desaparecer el ISSPOL, por arte de magia desaparecerían las obligaciones de cobro y las deudas de terceros. Para entonces la jubilación y las prestaciones de miles de

uniformados deberán ser asumidas por el bolsillo de todos los ecuatorianos, si no se recupera toda la plata.