La caja chica de la Revolución Ciudadana

La maquinaria funcionó casi a la perfección. Su único error fue dejar un registro detallado que a la postre reveló el engranaje. Quién estaba a la cabeza: los líderes. Quién hacía la gestión de cobro y de pagos: los coordinadores.

 

Y quiénes eran los representantes de las 18 empresas privadas que –identificadas como voluntarias- pagaron más de 15,5 millones de dólares en sobornos. Éste fue el monto de la caja chica de la Revolución Ciudadana, entre 2012 y 2016, financiada con coimas de firmas contratistas del Estado.

 

La estructura fue vertical. En la punta de la pirámide: SP, A1, RCD, el entonces mandatario, Rafael Correa Delgado, quien autorizó algunos de los pagos. “09 de agosto de 2016: Previa autorización de A1 – RCD y pedido por Carlos Baca, para Rafael Contigo Siempre 100 mil dólares”, consta en uno de los registros.  

 

 

Queda en entredicho la versión, según la cual, la recolección de firmas para que Correa se candidatizara a la reelección en 2017 contó con recursos propios del colectivo dirigido por Pamela Aguirre. Aguirre, actual parlamentaria andina, había afirmado que la colecta de firmas costó unos tres mil dólares, valor que tenía ahorrado para sus estudios en el extranjero.

 

La Fiscalía la llamará a rendir versión. Carlos Baca era, a la época, colaborador cercano de Correa. Meses más tarde asumiría como Fiscal general.

 

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